A diferencia de otras instituciones del Estado, la ONPE tiene una misión bastante concreta: organizar y ejecutar procesos electorales. Y en esa, su única tarea, ayer tuvo negligencias inadmisibles durante los comicios más importantes de cada cinco años. Según informó su titular, Piero Corvetto, más de 52.000 electores en Lima (primero dijo que fueron más de 63.000) no pudieron emitir su voto debido a que la ONPE no logró entregar material electoral en 187 mesas de sufragio (inicialmente señaló que fueron 211). En total, 13 locales no pudieron operar en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. En otros varios centros de votación de la capital, las mesas abrieron mucho más tarde del horario establecido a causa del mismo problema logístico, lo que motivó que las autoridades ampliasen los plazos para emitir los votos.
Estos errores son imperdonables. De acuerdo con la ONPE, la causa de los retrasos fue el incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga. La compañía debía transportar el material en dos horarios, pero solo cumplió con el primero. La empresa evidentemente no estaba en condiciones de satisfacer el encargo. Apenas una semana antes de los comicios, Galaga pedía a través de redes sociales “proveedores para la contratación de 400 unidades tipo furgón cerrado, destinadas a operaciones de distribución local en Lima y el Callao para proyecto electoral”. Además, Galaga, con solo 13 trabajadores en planilla, había sido ya sancionada por la ONPE tres veces antes –una en el 2020 y dos en el 2023–, precisamente por incumplimientos en el trasporte de material.
La ONPE pretende trasladar su responsabilidad al contratista. Es inaceptable. La institución pública debe verificar la idoneidad de los proveedores críticos que contrata. Debe cerciorarse de que el material llegue con suficiente antelación. Y debe tener planes de contingencia por si algo falla. Nada de eso se cumplió. La incompetencia fue tal que no pudieron siquiera completar traslados a tiempo dentro de distritos de la capital, la zona de distribución más accesible del país. Y claramente el hecho de perdonar multas no soluciona el problema, puesto que el tema de fondo es que vulneraron el derecho constitucional del voto de más de 52.000 personas. No está de más mencionar que la ONPE, adicionalmente, dio información falsa cuando hace unos días anunció que ya había enviado todo el material necesario. De cara a la segunda vuelta, Corvetto no debe continuar al frente del organismo. Ha perdido la confianza de la ciudadanía.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tuvo una reacción correcta al disponer que los centros de votación que no llegaron a abrir ayer lo hagan hoy, aunque hubiese sido mejor si esa decisión se hubiera dado antes de que se conozca la encuesta a boca de urna. Con los márgenes de votación sumamente ajustados, pequeñas décimas pueden hacer toda la diferencia. La segunda vuelta del 2021, como se recuerda, se decidió por una distancia de menos votos de los que se pueden emitir hoy.
El daño que se ha causado es irreparable, no solo por la distorsión en los votos que se emitirán hoy. La apertura tardía de cientos de mesas posiblemente significó que miles de personas –que no tendrán la oportunidad de ir a las urnas hoy– hayan perdido su voto del todo. Más importante aún, la confianza en el sistema electoral ha sido seriamente debilitada. En el 2021, el país vivió elecciones en las que la sospecha de manipulaciones empañó los resultados para grupos no menores de la población. Esta vez, la herida fue autoinfligida por la desidia e incompetencia de la institución que, una vez más, ha sido encabezada por Piero Corvetto.
