Editorial:Presos de sus actos

Ayer, la Segunda Sala Penal de Apelaciones –integrada por los magistrados César Sahuanay, Iván Quispe y Jessica León– ratificó la orden de prisión preventiva impuesta contra el ex presidente Ollanta Humala y su cónyuge Nadine Heredia. Los esposos, como se sabe, se encuentran recluidos desde el último 13 de julio, cuando el juez Richard Concepción decidió acoger el pedido de cambio de medida de comparencia formulado por el fiscal a cargo de la investigación, Germán Juárez.

La decisión, como era previsible tratándose de un ex mandatario que hace apenas un año abandonaba Palacio de Gobierno y de una ex primera dama, desencadenó una retahíla de declaraciones tanto de respaldo como de rechazo hacia los argumentos esgrimidos por los magistrados.

Al revisar la resolución de la sala presidida por el juez Sahuanay, se verifica que existen al menos tres elementos nuevos
–es decir, adicionales y posteriores al momento en que se les impuso medidas de comparecencia con restricciones– que, en opinión de los magistrados, justifican que Humala y Heredia afronten el proceso que se les sigue por lavado de activos desde la cárcel.

Estos son: el poder otorgado por el ex presidente y su esposa en favor de Rosa Heredia (prima de Nadine Heredia) en diciembre último y que la faculta para viajar con sus menores hijos dentro y fuera del país sin limitación; el conocimiento –a través de audios telefónicos legalmente obtenidos– de que Humala habría estado involucrado en actos de compra de testigos en el Caso Madre Mía; y la consideración de que Humala y Heredia estarían involucrados con una organización criminal de carácter transnacional –por sus vínculos con Odebrecht– que les habría permitido hacerse de contactos en el extranjero que podrían ayudarlos a eludir el proceso.

La magnitud de estos elementos y si ellos ameritaban la orden de prisión preventiva será materia de discusión en los próximos días con seguridad, pero en esta página queremos hacer hincapié en lo que se ha puesto de manifiesto en el transcurso de este proceso y que ha sido reafirmado, sin ambages, por dos instancias judiciales independientes: los severos indicios de la comisión de un delito por parte de los Humala-Heredia.

Ahí están, por ejemplo, las declaraciones de Ítalo Ponce, aportante del nacionalismo en la campaña del 2006, y del testigo clave TP01-2016, sobre las maletas que habrían estado llenas de dinero y habrían sido entregadas a los líderes nacionalistas en la Embajada de Venezuela; también las manifestaciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht sobre los US$3 millones entregados por la constructora brasileña para la campaña electoral del 2011. Estos aportes del exterior, además, y según plantea la fiscalía, se habrían tamizado a través de entidades, como la ONG Prodin, y contratos de trabajo simulados, como las supuestas consultorías realizadas por la señora Heredia para la empresa Apoyo Total S.A.

También se encuentran el dinero girado de las empresas venezolanas Kaysamak CA y Venezolana de Valores a la señora Heredia y sus allegados, los reportes de la ONPE sobre dinero no declarado por el Partido Nacionalista en la campaña del 2011, los supuestos aportantes que niegan haber contribuido con el nacionalismo, y las cifras y anotaciones presentes en las agendas de la ex primera dama, que durante mucho tiempo pretendió negar.

Resuelto el asunto de la prisión preventiva, lo que corresponde ahora es que la fiscalía plantee su acusación y se dé inicio al juicio oral, en donde se dilucidará si todos los hechos que hemos ido conociendo de a pocos –y no gracias a la transparencia ni colaboración de la pareja nacionalista– dan pie para una condena. Y de darse el caso, Humala y Heredia no tendrán a nadie más que culpar que a ellos mismos.