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Editorial: Proyecto preventivo

La iniciativa legislativa de la congresista Luciana León sobre la prisión preventiva hace generalizaciones en base a casos puntuales.

Editorial

Luciana León

"Si la iniciativa es aprobada, esta podría terminar por mejorarle el panorama, por ejemplo, a los que hoy están siendo nombrados por Jorge Barata".

En el marco de las indagaciones por el Caso Lava Jato, la figura de la prisión preventiva –entendida como la herramienta que pretende facilitar el desarrollo de las pesquisas fiscales manteniendo a los investigados encarcelados por un tiempo determinado– ha recibido especial atención por parte de la ciudadanía. Ello, debido a que la medida ha sido notoriamente dictada contra tres ex jefes de Estado (Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski), una ex candidata a la presidencia (Keiko Fujimori) y una ex primera dama (Nadine Heredia); ocasionando que la pertinencia y los alcances de este recurso sean debatidos ampliamente por la opinión pública.

Recientemente, sin embargo, tras la prisión preventiva dictada contra el ex presidente Kuczynski, han surgido dudas sobre el sustento detrás de medidas de esta naturaleza en casos vinculados a políticos. Específicamente, sobre cómo un recurso que debería ser usado de manera excepcional pareciera estarse convirtiendo en un componente fundamental en el accionar del equipo especial y de los jueces que ordenan su aplicación.

En medio de toda esta tesitura, la congresista Luciana León, de la célula parlamentaria aprista, ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de “precisar la prisión preventiva como medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada”, para que así, como explicó en una entrevista a este Diario, los jueces “la tengan más clara y lo puedan cumplir”. La iniciativa, además, contempla que los plazos determinados para la duración del encierro sean reducidos (seis meses para casos simples, nueve para casos complejos y 18 para los de criminalidad organizada) y que los jueces que no se ciñan al marco legal a la hora de dictar la medida puedan ser denunciados por prevaricato.

Más allá de lo inquietante que resulta poder denunciar arbitrariamente a un juez por el sentido que tome una interpretación que está obligado a hacer de la ley (y que puede resultar en el aprovechamiento de quienes busquen ejercer represalias sobre los magistrados), existe otro elemento preocupante en la propuesta legislativa en cuestión. En todos los casos en los que una figura trascendente de la política nacional se ha visto en el trance de ir a prisión durante el desarrollo de las investigaciones, el problema no ha residido en los criterios existentes para determinar la medida. Los cuestionamientos, más bien, han recaído en cómo los jueces eligieron interpretar los elementos que sustentaron la aplicación de dicha herramienta. Circunstancia de la que difícilmente se desprende que los “abusos” de esta medida preventiva sean generalizados.

Esto último, de hecho, queda meridianamente claro si se toma en cuenta que, con las normas vigentes, el porcentaje de procesados en centros penitenciarios se ha reducido considerablemente en los últimos años, pasando de ser 58% en el 2012 a 39% en enero de este año.

Dicho esto, y tomando en cuenta el momento en el que la señora León decidió anunciar la presentación del mencionado proyecto de ley, bien podría interpretarse que se está buscando servir un interés puntual de la bancada aprista y, por añadidura, de todos aquellos que hoy se ven vinculados de una u otra manera con el Caso Lava Jato. Y es que si la iniciativa es aprobada, esta podría terminar por mejorarle el panorama, por ejemplo, a los que hoy están siendo nombrados por Jorge Barata como cómplices en el esquema de pago de coimas durante el segundo gobierno del partido de la estrella.

Desde este Diario hemos señalado que el hecho de que la fiscalía haya colocado a varios de sus investigados en prisión preventiva, demanda que las acusaciones formales sean planteadas con la mayor celeridad posible. No obstante, ello no significa que, por esta situación puntual, se pueda hablar de un problema general.

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