Editorial: Incendiar la pradera

El devenir de las preferencias electorales según las encuestas ha determinado que sean hoy dos candidatos los que se disputen los votos de quienes se sienten representados por un discurso con matices de izquierda. La candidata de Juntos por el Perú (JPP), Verónika Mendoza, ocupaba casi en solitario ese lugar del espectro político en las elecciones pasadas, pero hoy lo comparte con Yonhy Lescano, postulante por Acción Popular.

En esta competencia entre ambos candidatos por el favor de quienes se muestran más escépticos con la labor de la empresa privada se suelen preferir asuntos que encienden pasiones. Uno de ellos es la continuidad del proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa. Como se recuerda, esta inversión cuprífera por US$1.400 millones de la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) obtuvo la licencia de construcción en julio del 2019. Sin embargo, ante protestas en la zona, el gobierno del presidente Martín Vizcarra suspendió el permiso poco después.

Ayer, desde la plaza de San Francisco de Cocachacra, en Islay, la candidata de JPP firmó un acta de compromiso para retirar a la empresa SPCC del proyecto Tía María e indultar a los dirigentes de la zona con sentencias judiciales. Agradeció a la población del Valle de Tambo por no haber cedido “a ni uno de los tres gobiernos sucesivos que quisieron imponer el proyecto Tía María”, ni a “una empresa corrupta”. “Agro sí, mina no. Tía María no va”, remarcó.

El excongresista Lescano ha manifestado una posición similar sobre el proyecto: “Hay una fuerte resistencia de la población, sobre todo de los agricultores [...] Formalizar o querer meter a presión el caso de Tía María sería una acción muy temeraria mía y ocasionaría más problemas que beneficios. Consecuentemente, nosotros ahí no estamos dispuestos a insistir en esta situación”. Estas declaraciones las dio en una conferencia frente a la prensa extranjera, lo que quizá explica la mayor moderación en sus palabras frente a los exabruptos de plaza de la candidata de JPP, pero conllevan el mismo mensaje de fondo. Un año atrás, el candidato de Acción Popular había dicho que autorizar Tía María “sería incendiar la pradera”.

Ambas posturas desconocen que, al margen de cualquier pasión política, el proyecto en cuestión ha cumplido con todos los requisitos ambientales y regulatorios para iniciar su construcción. Un Estado que desconoce sus propios compromisos cuando no le es políticamente conveniente honrarlos resulta un pésimo garante de la estabilidad jurídica. Adicionalmente, en el caso particular de Verónika Mendoza, las promesas de indultos a sentenciados por delitos de motín, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios revelan un claro afán de figuración que no considera con seriedad la viabilidad de lo ofrecido ni la magnitud de sus consecuencias.

Mientras la campaña entra en sus últimas semanas, ambos candidatos competirán con mayor ahínco por el voto alineado con la izquierda política, quizá sobre todo en la zona sur del país. Esta disputa puede librarse con propuestas serias, económicamente responsables, y que construyan sobre un discurso de izquierda moderna, o puede alcanzarse con facilismos, lugares comunes e improperios en contra del enemigo de turno. Con Tía María y otras discusiones polémicas, los candidatos de JPP y Acción Popular están escogiendo la segunda opción.