Cerrar el caño

Es meritorio que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) finalmente anuncie que no habrá nuevos rescates para Petro-Perú. La cifra es categórica: más de S/24 mil millones en apoyo financiero desde el 2013. Sin embargo, la declaración plantea una pregunta incómoda: ¿es creíble? Después de años de rescates embozados, negaciones públicas seguidas de inyecciones y promesas incumplidas, la cautela es no solo justificada sino obligatoria. El MEF sabe que la opinión pública rechaza destinar recursos públicos para tapar los agujeros de una empresa que ha perdido US$774 millones solo en el 2024 y este año en los nueve primeros meses suman US$355 millones, es decir más de mil millones en menos de dos años.

Pero esta decisión debe ser más que un anuncio. Requiere respaldo institucional y un compromiso de no retroceder. Y es que la historia reciente de Petro-Perú es un catálogo de incumplimientos. Cuando el ministro Raúl Pérez Reyes llegó al MEF hace menos de un año, prometió exactamente lo que ahora la ministra Denisse Miralles dice que no habrá: nuevos rescates. Luego, Pérez Reyes optó por lo que en estas páginas llamamos “malabares conceptuales”: extensiones de plazo, garantías financieras del Banco de la Nación, operaciones rebautizadas de “administración de deuda” que fueron, en esencia, rescates encubiertos. Bonos internos por US$287 millones colocados exclusivamente en el banco estatal. Garantías soberanas que transferían el riesgo a todos los contribuyentes. Con ello se le dieron recursos a una empresa que tan solo meses después no podía garantizar papel higiénico ni jabón en los baños de la refinería de Talara que seguía recibiendo dinero público.

La designación de Elba Rojas Álvarez como presidenta del directorio de Petro-Perú trae interrogantes. ¿Tendrá libertad de acción para implementar una transformación real? ¿O será cosmética, nuevos nombres en viejas estructuras? Los trabajadores de la refinería de Talara necesitan una empresa viable, no promesas reiteradas. No basta nombrar profesionales si el gobierno no desmantela los patrones de dependencia y corrupción que alimentan la hemorragia fiscal. La reestructuración debe ser profunda: despidos de ejecutivos responsables del desastre, auditorías externas, planes de viabilidad creíbles respaldados por expertos independientes.

Si el MEF quiere que esta decisión de cerrar el caño sea creíble, debe mantenerla firmemente, no como estrategia electoral sino como política de Estado. Los contribuyentes tienen derecho a reportes públicos mensuales sobre el avance de Petro-Perú. Cualquier intento de nuevo rescate disfrazado –ampliaciones de plazo, nuevas garantías, “operaciones de administración” – debe ser rechazado de inmediato.

Los candidatos presidenciales para el 2026 no pueden evadir un compromiso explícito: respetar esta línea. Cerrar el caño no es suficiente si nadie cuida que no gotee. Ahora empieza el trabajo real: vigilar que permanezca cerrado.