La detonación de un explosivo en los exteriores de una discoteca en San Juan de Lurigancho el último viernes ha vuelto a poner el tema de la crisis que atraviesa el país en materia de seguridad ciudadana en primera plana. Anteriormente este año, otros crímenes igual de impactantes, como el asesinato del sereno Luis Manrique Pizarro en Surco a manos de ‘Maldito Cris’ o la matanza de seis integrantes de una familia en San Miguel a plena luz del día, ya habían remecido a la opinión pública por el nivel de violencia que los criminales exhibieron en cada caso.
En respuesta a los hechos de la semana pasada, la presidenta Dina Boluarte anunció dos días atrás que su gobierno declarará en emergencia tres distritos del país: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres (ambos en Lima) y Sullana (en Piura). Esto, según dijo, para que las Fuerzas Armadas puedan prestar “apoyo” a la Policía Nacional del Perú (PNP) en dichas jurisdicciones. Sin embargo, hasta el momento en el que se escribió este editorial, todavía no se conocía desde cuándo regiría la medida ni el detalle de sus alcances, pero, a decir verdad, es poco lo que cabe esperar de ella.
Es cierto que la criminalidad se ha desbordado desde que se levantaron las cuarentenas por la pandemia y que hoy luce completamente desbocada. Desde este Diario, por ejemplo, hemos informado sobre la presencia de organizaciones criminales como el Tren de Aragua en al menos 10 regiones del país, y sobre el hecho de que, en la práctica, estas controlan varios distritos de la capital. En San Juan de Lurigancho, donde ocurrió la explosión del viernes, los asesinatos por encargo suman la escalofriante cifra de 81 en lo que va del 2023 y, según datos de la PNP, las extorsiones se incrementaron en un 50% este año en comparación con el mismo período del 2022. Hoy los criminales cobran cupos a pequeños comercios, restaurantes, empresas de transporte público, orquestas musicales y hasta organizadores de campeonatos de fulbito.
Pero tan cierto como lo anterior es que medidas como la anunciada por la presidenta no pueden ser lo único que se haga desde el Gobierno para frenar este tsunami delictivo. Se necesita más que una declaratoria de emergencia. Al fin y al cabo, como han recordado varios expertos en estos días, medidas similares hemos tenido en los últimos años –por ejemplo, en el Callao– sin resultados sostenibles en el tiempo (los delincuentes suelen regresar, frecuentemente con más fuerza, una vez que estas se levantan).
La ciudad más afectada por la violencia, Lima, es, por otro lado, un territorio gestionado por 43 alcaldes, cada uno con su propio plan de seguridad, su propio serenazgo y sus propias prioridades. Y, como es obvio, ningún plan para atacar eficazmente el crimen será viable sin el trabajo en conjunto de todas las autoridades. Veamos nomás lo que ha ocurrido con la declaratoria de emergencia de dos distritos de la capital, que ha motivado que los burgomaestres de las mancomunidades de Lima norte y Lima este clamen por que la misma medida se aplique también para sus jurisdicciones o que han protestado por el riesgo de que la delincuencia que dejará de operar en los distritos en emergencia se acabe mudando a los colindantes.
Más allá de la coyuntura en específico, en las Audiencias Vecinales que El Comercio viene realizando desde hace un tiempo, los alcaldes han contado, por ejemplo, que el Gobierno no coordina con ellos en lo que respecta a temas de seguridad ciudadana. De hecho, en sus más de nueve meses de gestión, la administración de la señora Boluarte no ha mostrado hasta ahora una ruta clara para atajar esta problemática, más allá de promesas de eficacia cuestionada como la creación de una “policía de orden y seguridad” o la invocación a un “plan Boluarte” que hasta el momento nadie sabe bien qué es.
La única forma de hacerle frente al crimen organizado es teniendo también autoridades organizadas. De lo contrario, seguiremos con medidas provisionales y desarticuladas hasta que el próximo homicidio o atentado vuelva a poner esta crisis en agenda.
*Nota editorial: El presente texto fue escrito antes de la publicación del boletín de normas legales del diario “El Peruano” que declaró en emergencia dos distritos de Lima y la provincia de Sullana.
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