La semana anterior comentábamos en este Diario los problemas derivados de la altísima rotación que ha existido durante los últimos años en la cabeza del Ministerio del Interior. Con 12 responsables de esa cartera en menos de tres años, decíamos, no hay estrategia de seguridad posible en el país. Pues bien, ocurre que una circunstancia semejante se presenta en otro sector tanto o más importante que aquel que se encarga de velar por el orden interno en nuestro territorio. Nos referimos al sector Educación, que, al igual que Interior, ha tenido ya cinco ministros en los 16 meses que la administración de Dina Boluarte lleva de iniciada.
En los últimos 10 años, el promedio de duración de un ministro de Educación en el Perú es de ocho meses, lo que ya es un mal síntoma por la evidente imposibilidad que impone de establecer políticas de largo plazo en el sector. Si nos fijamos solo en la gestión de la actual gobernante, sin embargo, ese promedio se reduce a la mitad, extremando la crisis. Una comparación con otros países de la región puede ser útil para comprender las dimensiones del problema. En una década, el Perú ha tenido 15 ministros de Educación: el doble que Chile, Ecuador y Paraguay; el triple que Argentina; y el quíntuple que Uruguay. No es de extrañar, por eso, los resultados de la última prueba PISA (2022), en la que el Perú ha perdido posiciones en ciencia de manera relevante. Son de imaginar, entonces, las consecuencias en esta materia que la reducción del promedio al que antes aludíamos puede acarrear en el corto plazo.
Existen entre los especialistas ciertas diferencias de opinión sobre el momento en que este cuadro entró en la grave fase en la que ahora nos encontramos (unos piensan que fue durante el gobierno de Ollanta Humala, y otros, que fue posteriormente). Pero sobre lo que no caben dudas es sobre el peso que ha tenido la ideologización en el manejo del sector, y el afán de poner los intereses gremiales por encima de los de los estudiantes en ese proceso. Esto último, de hecho, tuvo una severa manifestación durante el período en el que Pedro Castillo ocupó la presidencia y puso al frente del sector a personas que, amén de sus pasados vínculos con la subversión, tenían una agenda de facción sindical antes que de orientación de las tareas del Estado en tan delicado terreno.
No se puede subestimar, no obstante, la responsabilidad del Poder Legislativo en el problema que describimos. Una mayoría de congresistas transversal a las divisiones políticas que supuestamente existen en la representación nacional ha votado a favor de iniciativas que han ido sistemáticamente en contra de lo poco que se había avanzado en la institucionalización de la educación en el Perú. Eso es fácilmente comprobable en la votación del proyecto de ley para restituir a los docentes interinos cesados en el 2014 que tuvo lugar recientemente en el pleno: 92 representantes apoyaron la medida y solo seis se opusieron a ella.
El domingo pasado, por otra parte, este Diario publicó un especial relacionado con la cantidad de docentes sin título que enseñan tanto en escuelas públicas como privadas. La cifra, por supuesto, es alarmante: 119.480 (el 20% del total). Esto, a pesar de que la Ley General de Educación señala que los docentes escolares deben tener un título de Educación para desempeñarse como tales (los profesionales de otras carreras también pueden enseñar, pero solo si dictan cursos en áreas afines a su especialidad).
Las dificultades con las que tendría que lidiar quien asume la cartera de Educación, además, no se limitan a las carencias vinculadas al cuerpo docente. Se extienden al estado de los locales, a su equipamiento y a los libros de texto con los que los escolares deben trabajar. Pero, como es obvio, eso no puede ocurrir mientras la inestabilidad sea la norma en el sector Educación.
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