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Con los ánimos inquietos que la actual situación política exige, no es fácil hacer un balance justo de la labor de este Congreso en el último año y medio. Los aciertos que ha tenido –como la contención de una asamblea constituyente o la reciente delegación de facultades en materia económica al Ejecutivo– se ven rápidamente opacados por sus tropiezos, autocomplacencia y búsqueda de intereses particulares.

Entre estos últimos, uno de los más relevantes ha sido la reestructuración de la Sunedu, aprobada mediante la Ley 31520 en julio del año pasado. Esta disposición modifica la Ley Universitaria y altera el consejo directivo de la entidad. El organismo rector de la Sunedu ha pasado de tener cinco a siete integrantes, y a estar conformado por representantes de instituciones como el Ministerio de Educación y Concytec, además de los colegios profesionales, Sineace, dos miembros de las universidades públicas y uno de las privadas. Antes de la reforma, la mayoría de sus integrantes eran elegidos por concurso público y no podían tener relación directa con las universidades.

La norma del Congreso sorteó distintos obstáculos en su aplicación –como la observación de la autógrafa de parte del Ejecutivo y la declaración de nulidad de parte del Poder Judicial (al que el Legislativo sacó la vuelta recusando su propia ley ante el Tribunal Constitucional)–, pero logró materializarse y ya se empiezan a sentir sus consecuencias. El viernes pasado, se instaló el nuevo consejo directivo de la Sunedu (con varios de los elegidos bastante cuestionados) según las nuevas disposiciones; sin embargo, este contaba con solo cuatro de sus siete integrantes –faltaban los representantes de las universidades privadas, Concytec y Sineace–. Aun así, el grupo se proponía elegir a su superintendente al día siguiente. Curiosamente, aquella sesión apresurada fue convocada por el representante del Ministerio de Educación, Andrés Ramos Salas, a pesar de que el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, había enfatizado antes que “no habrá contrarreforma alguna que afecte las facultades de la Sunedu”. A la fecha, no queda claro si se concretó la elección del titular de la organización.

Desde este Diario nos hemos manifestado en más de una oportunidad a favor de preservar los avances que ha logrado la Sunedu en el establecimiento de estándares mínimos para la educación superior. El riesgo de la llamada contrarreforma universitaria que impulsó el Congreso –con anuencia del Tribunal Constitucional y ahora, aparentemente, del propio Ejecutivo– es que sean las mismas casas de estudios las que elijan a los responsables de establecer sus lineamientos y regularlas. Es decir, que sean juez y parte. El conflicto de intereses es innegable.

De hecho, este conflicto trasciende la conformación del consejo directivo de la Sunedu; está, más bien, en la base la reforma. Los propios partidos políticos que impulsaron las modificaciones tienen también intereses o vínculos en la educación superior. Desde finales del 2021, por ejemplo, congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Acción Popular unieron sus votos para aprobar dictámenes que creaban regímenes especiales para las universidades con licencias denegadas. Líderes de estos partidos y congresistas mantienen estrecha relación –cuando no intereses económicos– con casas de estudio o sus representantes. Y no olvidemos que los intentos para debilitar la reforma universitaria existen desde el 2014, cuando se creó la Sunedu. Ahora han comenzado a lograr su cometido.

La bajísima popularidad del Congreso no solo es consecuencia de su disfuncionalidad –tan evidente en las últimas semanas en la discusión sobre el adelanto de elecciones–. Es principalmente consecuencia de la percepción de que los parlamentarios persiguen agendas poco transparentes y directamente contrarias al interés de quienes dicen representar. Y, en este aspecto, la erosión de la reforma universitaria es quizá el ejemplo capital más reciente y que seguirá manchando la imagen del Congreso por los años siguientes.