En la madrugada del domingo, un operativo policial con presencia del Ministerio Público asestó un duro golpe a Los Hijos de Dios, una facción de la organización criminal Tren de Aragua. Las autoridades intervinieron ocho viviendas y cuatro discotecas en San Martín de Porres, Los Olivos, San Miguel y el Callao, y detuvieron a diez personas. Pero el dato más inquietante, sin duda, fue el del número de víctimas que lograron rescatar de las garras de la trata de personas: 40 mujeres de entre 12 y 17 años. Es decir, todas menores de edad.
No es la primera vez que esta banda aparece en las noticias. Hace menos de un mes, personal policial y fiscal realizó otro megaoperativo en Lima y en otras seis regiones del país que culminó con la detención de 21 personas. En aquella oportunidad, las autoridades lograron rescatar a 60 mujeres; entre ellas, varias menores de edad. Queda claro, pues, que estamos ante un grupo de criminales que tiene en la trata de personas para fines de explotación sexual a una de sus actividades principales. Una actividad que, según información del Ministerio Público, le genera anualmente a la banda casi S/2 millones.
En el último año, desde este Diario hemos cubierto lo que parece una tendencia cada vez más creciente –en cantidad y en ferocidad– de una serie de delitos perpetrados por organizaciones delictivas, como la extorsión, el sicariato y los secuestros. De entre estos, la trata de personas es quizás el más sórdido por la serie de abusos que se cometen contra sus víctimas, muchas de las que –como hemos visto en el operativo del fin de semana– son menores de edad.
Una de las cosas que descubrieron las autoridades en las intervenciones de diciembre era que las mujeres explotadas por Los Hijos de Dios permanecían cautivas en inmuebles conocidos como ‘búnkeres’ donde se hallan fuertemente vigiladas (al punto que solo pueden salir de allí en compañía de los integrantes del grupo). Ellas son explotadas sexualmente –incluso siendo ofrecidas por ‘catálogos’ que se comparten por las redes sociales y aplicativos de mensajería instantánea como WhatsApp– y se las obliga a cumplir con una cuota semanal. De no abonarla, son agredidas y, en última instancia, ejecutadas.
Muchas de estas mujeres, asimismo, son extranjeras, traídas hasta estas tierras ya sea con engaños (se les ofrece trabajar en restaurantes o discotecas, por ejemplo) o con falsas promesas de que una vez que restituyan a la banda una cantidad de dinero determinada serán liberadas. Ellas son particularmente vulnerables, pues muchas no acuden a la policía por hallarse en situación irregular o porque ni siquiera saben cómo hacerlo. Los grupos lo saben y se aprovechan de la situación para forzarlas a ganar dinero para ellos. Así, cautivas, explotadas, maltratadas y extorsionadas, estas mujeres se enfrentan a un infierno del que solo pueden salir con el apoyo de las autoridades.
El problema no es menor. Según información de diciembre del 2023, las fiscalías especializadas en delitos de trata de personas se encuentran atendiendo 1.789 casos que implican a 2.269 imputados y a 3.119 víctimas. De estas, 753 son menores de edad. Al tratarse de un delito que no se ve a simple vista –como los hurtos o los asesinatos–, resulta mucho más difícil hacerle frente con la herramienta que ha priorizado este gobierno: el estado de emergencia. Hace falta inteligencia y un trabajo paciente para neutralizarlo, pero al final, como se ha visto, da sus frutos.
Por supuesto, no todo depende de la policía. Ya hemos visto en el pasado como por la inacción de fiscales y jueces delincuentes detenidos en operativos similares al del domingo terminan siendo liberados al poco tiempo, una circunstancia que escandaliza a la ciudadanía y que defrauda a las víctimas rescatadas del crimen.
La trata de personas y, especialmente, de menores de edad es una forma de esclavitud moderna, un delito horrendo que no debería tener cabida en pleno 2024 y, por lo mismo, que debe ser combatido de manera implacable por las autoridades.
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