Editorial: Lo que empieza mal...

El proceso todavía en marcha para intentar reemplazar a los seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) con el mandato vencido ha sido largo y accidentado. A los problemas que se suscitaron en el anterior Congreso (y que derivaron en su discutida disolución bajo el argumento de la “denegación fáctica de la confianza”), se sumaron los avances y retrocesos de la actual representación nacional en su determinación de sacar la referida elección adelante, así como los cuestionamientos a algunos de los candidatos aprobados para ser sometidos a la votación del pleno y a la pertinencia de algunas de las preguntas que se les hicieron durante la evaluación que les hizo la comisión parlamentaria creada para tal fin.

Como se sabe, hace poco la representación nacional todavía en funciones decidió finalmente acometer la tarea, a pesar de la existencia de voces que objetaban la idoneidad de que fuese ella la encargada de hacerlo. Esto habida cuenta de que ya hay un nuevo Legislativo elegido que se estrenará el 28 de julio próximo y cuyo período coincidirá con los magistrados que eventualmente pudieran ser elegidos en estos días.

En honor a la verdad, tales argumentos nos parecen atendibles. Pero igualmente cierto es que si el Congreso resolvía ir adelante con el proceso, tenía el derecho a hacerlo.

Un abogado que responde al nombre de Walter Ayala, no obstante, no estuvo de acuerdo con esa idea y presentó recientemente una demanda de amparo que buscaba anular el procedimiento iniciado por el Parlamento. Bajo su punto de vista, la elección vulneraba el derecho a tener “una justicia justa y transparente en el sistema constitucional del país” y el hecho de que no se hubiesen publicado las notas y las motivaciones de los miembros de la ya mencionada comisión respecto de los candidatos era cuestionable. En la demanda también señaló que los parlamentarios habrían infringido el reglamento para la selección de los candidatos al TC.

Con rapidez inusitada en nuestro sistema judicial, la juez Soledad Blácido Báez, a cargo del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio, admitió entonces a trámite el amparo y concedió una medida cautelar interpuesta también por Ayala, ordenando al Congreso suspender la elección y generando una controversia legal que aún no termina.

La discusión se centra en si el Poder Judicial puede imposibilitar que el Parlamento cumpla con una de sus funciones constitucionales, como la de elegir a los magistrados del TC (o por lo menos votar para tratar de hacerlo). Pues bien, los especialistas consultados por este Diario sobre la materia difieren en sus respuestas. Están quienes piensan que estamos ante una inadmisible invasión del fuero parlamentario y quienes reafirman que por más mal sustentado que esté el fallo, no se pueden desconocer mandatos judiciales. Más allá de la pertinencia (o impertinencia) legal, empero, sí preocupa la intención de paralizar un proceso de competencia del Parlamento y el precedente es inquietante. Los fueros, en fin, deben respetarse.

Como es de conocimiento público, el martes por la noche la Junta de Portavoces del Congreso decidió, por mayoría, seguir con el proceso y esa decisión se vio confirmada en el pleno del día siguiente. Así, ayer se produjeron tres votaciones, y en ningún caso se alcanzaron los 87 votos requeridos para elegir a un magistrado. De hecho, es probable que algo parecido suceda en el pleno de hoy.

En todo caso, es lamentable que una elección tan importante haya terminado en un choque de poderes y haya agudizado el clima de confrontación que vive el país. El actual Congreso resolvió ir adelante con el proceso, pero en su empeño de seguir a trancas y a barrancas priorizó la suma de votos sobre la idoneidad de los elegidos. Y ahora la posibilidad de que este Congreso consiga nombrar a la totalidad de miembros del TC parece remota. Lo que empieza mal, termina igual.