Desgobierno en el sector Interior, por Rodrigo Cruz

La próxima vez que vea una noticia relacionada a la incesante inseguridad ciudadana tenga en cuenta lo siguiente: en lo más alto de la entidad a cargo de combatir la criminalidad; es decir, el sector Interior, existe un desgobierno que ha generado una crisis sin precedentes, al menos en la última década, en la Policía Nacional del Perú.

Tal vez el lado más visible de lo que está ocurriendo es que, diez días después de haber comenzado el año, aún los generales que integran la PNP no sepan en qué unidad van a trabajar este 2022. Pero, la verdad, esta incertidumbre se extiende en toda la institución: si los generales no saben cuál será su puesto de labores, menos los coroneles, comandantes y demás personal policial. Todo se paraliza. Nadie quiere firmar los planes operativos de este año porque no saben si en los próximos días seguirán en sus puestos.

Por ello, no le falta razón al exsubcomandante general de la PNP Edgardo Garrido cuando dice que esta incertidumbre repercute en el combate a la delincuencia, que ya de por sí viene golpeando en los últimos meses a niveles críticos. Basta con ver cómo se ha incrementado en Lima y el Callao el número de homicidios por sicariato.

Desde estas páginas, hemos informado acerca de la razón de la crisis en ese sector: las diferencias entre el ministro del Interior, Avelino Guillén, y el jefe de la policía, Javier Gallardo. Al punto que ya se habla de una pérdida de confianza de parte del ministro hacia el general. El motivo: la agenda propia que estaría mostrando Gallardo en el manejo de procesos como los pases al retiro y las nuevas designaciones en la entidad.

Pero si hay un responsable de este desgobierno, sin duda ese es el presidente Castillo. Él se ha encargado de empoderar al jefe de la PNP como si se tratase de un ministro del Interior de facto. Para nadie es un secreto la cercanía entre ambos. Solo hay que revisar la cantidad de reuniones que ha tenido Gallardo en Palacio, saltándose, en ocasiones, la propia línea de mando del ministerio, como han advertido fuentes en el sector.

Si esta gestión realmente está comprometido con reducir la inseguridad ciudadana, debe de poner fin a esta crisis y dar muestras de liderazgo. El resto es demagogia de cara a una ciudadanía que ya está cansada de salir a la calle con el temor de perder la vida en un asalto.

No quisiera terminar este artículo sin antes expresar mi solidaridad con los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel y mi rechazo a la peligrosa sentencia del juez Raúl Jesús Vega a raíz de una querella presentada por César Acuña. Espero que una segunda instancia revierta este daño y ponga a Vega y Acuña en el lugar que les corresponde: como dos personajes menores que atentaron sin éxito contra el periodismo y la libertad de expresión.