Tal vez el anuncio más pomposo hecho por la presidenta Dina Boluarte en su discurso de 28 de julio fue la propuesta legislativa de crear, dentro de la estructura policial, una nueva categoría denominada Policía de Orden y Seguridad (POS). Esta medida, según Boluarte, fortalecerá la seguridad ciudadana (la principal demanda del país), incorporando a miles de jóvenes a las actividades policiales y cerrando así la brecha de personal. Desde mi punto de vista, no es más que una salida efectista y cortoplacista, que incluso podría ser peligrosa considerando lo que se propone versus la realidad en las calles.
Ayer, entrevistado en el programa “Buenos días, Perú”, el ministro del Interior, Vicente Romero, dijo que esta nueva policía o “personal policial temporal” –como dice el proyecto enviado al Congreso– responde al hecho de que se necesita a unos 50.000 policías en promedio (no dice cómo ni basado en qué ha calculado esta cifra, más allá de una recomendación general hecha por la ONU en el 2010) y porque la falta de presencia policial es un clamor frecuente. Por ello, sostiene que, gracias a esa propuesta, se contará con 6.000 nuevos agentes para que salgan a realizar patrullaje.
Sorprende que alguien como Romero, que ha sido director de la PNP, venda esta fórmula como una salvación. Por un lado, promociona la ilusoria idea de que solo con una mayor cantidad de fuerza pública en las calles se reducirá la delincuencia, cuando es más complejo que eso. Es cierto que una mayor presencia policial puede ser de mucha ayuda, pero, como señala la socióloga Lucía Dammert en su libro “Contra el populismo punitivo” (en el que tuve el gusto de colaborar), también se trata de la desconfianza que siente la ciudadanía hacia su policía, que se ve aún más mancillada frente casos de impunidad y corrupción institucional.
Según el último reporte de seguridad ciudadana del INEI, de noviembre del 2022 a abril del 2023, solo el 17,8% de la población urbana de 15 años a más víctima de un delito realizó una denuncia. El principal motivo de la no denuncia (40%) fue porque lo consideraban una pérdida de tiempo.
Por otro lado, el Gobierno cree que sacar a 6.000 jóvenes a las calles con un contrato de tres años (3.000 de procedencia civil con secundaria completa y los otros 3.000 licenciados de las FF.AA.), uniformarlos y darles un arma sin importar el poco tiempo de capacitación (un año para los civiles y seis meses para los reservistas) es lo que necesitamos. Como si un joven sin la preparación física y mental necesaria, sin la vocación policial definida, pero parado en una esquina con un revolver es lo que acabará con el problema.
Todo esto me recuerda a aquellos alcaldes que reducen su propuesta de seguridad ciudadana a poner más serenos patrullando. Es lo que está haciendo Boluarte. Formar su propio serenazgo, pero a escala nacional, para ganarse un aplauso fácil. Sin importar las consecuencias que pueda traer.
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