Parece una verdad de Perogrullo, pero todo indica que hace falta recordarlo: ser elegido presidente del Poder Legislativo supone tanto un honor como una responsabilidad. Un honor, porque constituye la más alta posición en una institución que, sin dudas, es la que mejor representa a la democracia, con su dinámica de mayorías y minorías. Y una responsabilidad, porque, en consideración con lo anterior, las acciones y declaraciones de quien ostenta ese cargo afectarán la imagen y la majestad de todo el Congreso.
Esta reflexión viene a cuento porque, como se sabe, el parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) Alejandro Soto fue elegido la semana pasada para desempeñar dicha función, y su estreno frente a los medios no ha sido el más auspicioso. Entrevistado este domingo en el programa “Punto final”, Soto trató de sortear las preguntas a las que cualquier persona en su misma tesitura habría tenido que enfrentarse con salidas por la tangente deslucidas e inaceptables. Y solo ante las precisiones de la colega Mónica Delta fue aceptando que la tarea que encabeza consiste en algo más que distribuir la palabra en el hemiciclo.
El nuevo titular del Parlamento, en efecto, comenzó afirmando que la Mesa Directiva es “únicamente la encargada de dirigir el debate” durante las sesiones del pleno y procurando desentenderse del hecho de que haber conformado una lista con Perú Libre es una clara indicación de haber llegado a un arreglo político con esa organización. Es probable que los detalles de tal acuerdo se vean reflejados pronto en la distribución de las comisiones que deberá tener lugar en los próximos días, pero es evidente que los primeros síntomas de ese toma y daca se han expresado ya en sus comentarios a propósito de que su segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón, tiene las “puertas abiertas” para volver a plantear su iniciativa sobre la asamblea constituyente: un asunto que ya ha sido archivado por la Comisión de Constitución y que solo contribuye a prolongar una situación de incertidumbre que afecta, sobre todo, la economía en el país.
Pero peor que eso, quizás, fue el modo en que trató de tomar distancia frente a los problemas que determinan que el Legislativo cuente actualmente con una aprobación que no llega a los dos dígitos. Interrogado, efectivamente, acerca de lo que pensaba hacer a propósito de las denuncias sobre los congresistas mochasueldos –abundantes en su propia bancada– pasadas por agua tibia en la institución que él hoy representa, sentenció: “No corresponde a mi gestión”. Una especie de versión burocrática de ese dicho popular que reza: “Lo que no fue en mi año no es mi daño”.
Llama la atención, asimismo, la explicación que dio sobre el hecho de tener contratada en su despacho a la hermana de la madre de su hijo de 11 meses, alegando que la contrató antes de conocer a esta última (lo que no mejora un ápice la problemática que implica que haya tenido una relación amorosa con una pariente cercana a una subordinada suya), y su promesa de que, durante su gestión, no se contratará a un solo nuevo trabajador en el Parlamento.
Lo ocurrido con Soto, por último, también es aplicable para los próximos titulares de las comisiones del Legislativo que deberían definirse en los siguientes días. Así como las palabras de quien lo preside afectan al Congreso en su conjunto, lo mismo ocurre con las intervenciones públicas de las cabezas de los numerosos grupos de trabajo que componen el Parlamento. Será importante, por ejemplo, conocer la postura del próximo presidente de la Comisión de Constitución sobre la asamblea constituyente o la de quien presida la Comisión de Ética sobre las denuncias que seguramente tendrán que revisarse en dicho grupo de trabajo.
Si realmente la representación nacional quiere levantar la mala imagen que un grueso de la ciudadanía tiene de ellos, será importante que entiendan que no pueden repetir los errores del pasado y que el cargo que ostentan no es uno que puedan tomarse a la ligera.
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