La presentación de la política general del gobierno, a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ante la Cámara de Diputados, tuvo el mérito de partir de un diagnóstico sin eufemismos: el gobierno de Keiko Fujimori encontró, en sus palabras, “un Estado desordenado y desbordado”, entrampado en la burocracia, que llega tarde al delito y a las emergencias, pero que sí llega a tiempo para multar al ciudadano o trabar al pequeño empresario. Es un reconocimiento honesto que evita maquillar la herencia recibida.
La presentación de la política general del gobierno, a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ante la Cámara de Diputados, tuvo el mérito de partir de un diagnóstico sin eufemismos: el gobierno de Keiko Fujimori encontró, en sus palabras, “un Estado desordenado y desbordado”, entrampado en la burocracia, que llega tarde al delito y a las emergencias, pero que sí llega a tiempo para multar al ciudadano o trabar al pequeño empresario. Es un reconocimiento honesto que evita maquillar la herencia recibida.
Sobre esa base se despliegan anuncios puntuales: fortalecer el sistema de flagrancia y ampliar el subsistema contra la extorsión a 15 distritos judiciales priorizados; construir penales de alta seguridad y habilitar cuarteles en desuso para descongestionar el sistema penitenciario; y devolver al Sistema de Inteligencia Nacional capacidades operativas para anticiparse al crimen, dentro del marco legal. En salud, fortalecer las redes integradas hacia el 2031 apunta bien, aunque su horizonte largo exige seguimiento.
Especial atención merece El Niño. Galarreta anunció la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo para acelerar la preparación frente al evento 2026-2027, y advirtió que el Estado “no llegará cuando el daño ya esté hecho”. Es la frase más honesta del discurso: reconoce una historia de improvisación ante cada lluvia que el país no puede repetir.
Galarreta también se puso plazo: dijo que, si bien “no todo resultado se obtiene en seis meses”, en ese lapso debe demostrarse que el Gobierno “empezó, contrató, entregó, aprobó, destrabó o puso en funcionamiento” lo anunciado. Es una vara exigente y bienvenida para medir al Gabinete.
El primer ministro cerró con un llamado a la unidad que conviene tomar en serio: propuso a los diputados “acompañar a los funcionarios, a los ministros y al gobierno” para destrabar lo que impide que una posta se instale o el agua llegue, “sin abandonar, por supuesto, la fiscalización ni la sanción cuando corresponda”. Es el tono correcto para un gobierno que necesita al Congreso más que su confrontación.
Pero ese llamado choca con una incomodidad que el Gabinete debería resolver pronto: han pasado más de tres semanas desde que Fujimori anunció, el 28 de julio, que pediría al Congreso facultades delegadas para combatir la inseguridad, y ese pedido aún no se destraba. Si el diagnóstico del “Estado desordenado” es acertado, demostrarlo exige acelerar los trámites que el propio Ejecutivo tiene en sus manos. La unidad que Galarreta pide al Parlamento debe empezar por la coherencia del gobierno con sus propios plazos.
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