La reciente actualización de los valores del Bono del Buen Pagador representa una buena noticia para miles de familias que buscan acceder a su primera vivienda mediante el programa Crédito Mivivienda. Dependiendo del valor del inmueble, el subsidio estatal oscilará entre S/7.900 y S/37.900, reforzando uno de los instrumentos más exitosos que ha tenido el país para facilitar el acceso a la vivienda formal.
La reciente actualización de los valores del Bono del Buen Pagador representa una buena noticia para miles de familias que buscan acceder a su primera vivienda mediante el programa Crédito Mivivienda. Dependiendo del valor del inmueble, el subsidio estatal oscilará entre S/7.900 y S/37.900, reforzando uno de los instrumentos más exitosos que ha tenido el país para facilitar el acceso a la vivienda formal.
Este tipo de medidas merece ser reconocido. Cuando los subsidios están correctamente focalizados, no constituyen un gasto asistencialista, sino una inversión pública con un importante efecto multiplicador. Cada vivienda formal genera empleo, moviliza una extensa cadena de proveedores, amplía la recaudación tributaria, promueve la inclusión financiera y, sobre todo, mejora la calidad de vida de una familia.
Sin embargo, también es necesario reconocer que los esfuerzos actuales aún están lejos de responder a la dimensión del desafío. El Perú enfrenta una brecha habitacional cercana a 1,9 millones de viviendas, mientras que el sector formal produce poco más de 40.000 viviendas nuevas al año. A ese ritmo, cerrar esa brecha tomaría varias décadas, incluso sin considerar el crecimiento anual de nuevos hogares.
Por ello, resulta valioso que CODIP haya planteado recientemente una propuesta para promover la construcción de 1 millón 250 mil viviendas durante los próximos cinco años. Alcanzar una meta de esa magnitud exigirá reformas regulatorias, simplificación de trámites, mayor participación del sector privado y acceso al financiamiento. Pero también requerirá fortalecer los programas públicos que han demostrado ser efectivos, como Crédito Mivivienda y Techo Propio.
En ese contexto, la elaboración del presupuesto que el nuevo gobierno deberá presentar al Congreso el próximo 30 de agosto constituye una oportunidad para demostrar que la vivienda será una prioridad nacional. Destinar mayores recursos a programas bien diseñados y correctamente focalizados enviaría una señal clara de compromiso con millones de familias que aún esperan acceder a una vivienda digna.
La política de vivienda no debería entenderse únicamente como una política social, sino también como una política de desarrollo económico. Cada nuevo hogar construido impulsa la inversión, genera empleo formal, dinamiza las economías locales y contribuye a construir ciudades más ordenadas.
El reciente ajuste del Bono del Buen Pagador va en la dirección correcta. El siguiente paso debería ser más ambicioso: convertir el acceso a la vivienda en uno de los pilares de la política pública del próximo quinquenio. Si aspiramos a cerrar una brecha de 1,9 millones de viviendas, ya no basta con celebrar avances puntuales; es momento de asumir un compromiso nacional de largo plazo.
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