En Piura, la violencia de género sigue creciendo no por falta de campañas ni talleres de sensibilización, sino porque el problema tiene raíces profundas en un sistema que reproduce aquello que dice combatir. Se exige a las mujeres que denuncien, que “no se queden calladas”, como si el obstáculo fuera la falta de valentía individual y no un Estado que limita el acceso real a la justicia.
Según el programa Warmi Ñam, entre el 2021 y el 2025, Piura pasó a ocupar el sexto lugar entre los departamentos con mayor incidencia de violencia de género en el país. Hasta octubre, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) registró 6.298 casos en la región. Las cifras aumentan, pero la respuesta institucional permanece prácticamente inmóvil frente a esta problemática.
El primer obstáculo aparece en la ruta de denuncia, un recorrido que parece diseñado para desgastar a quien ya llega herida. Muchas afectadas deben esperar horas en una comisaría y, cuando finalmente son atendidas, repetir su testimonio ante distintos funcionarios. Así, lo que debería ser una vía de protección termina convirtiéndose en una experiencia que reabre el trauma y empuja a las víctimas fuera del sistema.
A ello se suma el papel de la PNP, primer punto de contacto institucional, que lejos de ofrecer contención termina revictimizando a quienes tuvieron la fuerza de denunciar. Una encuesta de Ipsos (2024) revela que el 61% de los peruanos desaprueba su desempeño frente a la violencia hacia las mujeres. Esta percepción se confirma a diario en Piura.
La precariedad de los hogares refugio expone otra falla estructural. En una región con miles de casos al año, solo existe un espacio con capacidad para 12 personas. Carlos Arcaya Mogollón, coordinador territorial de Warmi Ñam, advierte que las víctimas deben rotarse para dar paso a otras. Este tiempo resulta insuficiente y muchas terminan regresando con sus agresores.
Mientras el sistema siga fragmentado y operando con recursos mínimos, más mujeres quedarán atrapadas en un círculo de maltrato. Lo urgente es construir un Estado capaz de proteger a quienes buscan ayuda. Sin reformas reales, la violencia seguirá repitiéndose con consecuencias irreparables.
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