Una interdicción contra la minería ilegal ha permitido la destrucción de un campamento minero que operaba de manera ilícita en el Parque Nacional Huascarán, principal atractivo turístico de la región Áncash, durante el estado de emergencia nacional sanitaria.
La operación conjunta entre la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente (FEMA) de Huaraz, Policía Nacional, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash se realizó el último martes en la zona denominada Quebrada Honda, ubicada a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar, en el sector Santa Ana, en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz.
La fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente de Huaraz, Evelin Mercado Gutiérrez, a cargo de la investigación, indicó que han destruido equipos, herramientas, enseres y ambientes del campamento instalado en el área natural protegida por el Estado que eran usados para extraer diversos minerales como el oro, plata, zinc, entre otros metales de alto valor comercial.
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“Este operativo es uno de los más grandes que se ha realizado en este año. En el lugar hemos encontrado una tolva de madera que servía para llevar los minerales hacia los volquetes y un campamento totalmente abastecido con alimentos y gran cantidad de herramientas que utilizan los mineros ilegales. Hemos inmovilizado prácticamente las operaciones”, declaró Mercado Gutiérrez a El Comercio.
La investigación se inició el 17 de septiembre cuando los efectivos de la comisaría de Marcará intervinieron seis camiones que transportaban minerales extraídos del sector Quebrada Honda. Las pesquisas permitieron confirmar que la actividad seguía funcionando durante la pandemia del nuevo coronavirus y ya se han identificado a las personas que estarían detrás de esta actividad ilícita.
“Los mineros no respetan ningún tipo de norma y han continuado su acción ilegal en plena pandemia. Vamos a continuar con la investigación, ya que tenemos identificados a algunas personas que estarían llevando a cabo esta actividad ilícita en el área natural protegida. Esperamos que la gente entienda que es un área donde no pueden realizar este tipo de actividades, que no se cuenta con la autorización, que no es una zona destinada a la extracción de minerales sino una zona básicamente turística, que se respete el cuidado al medio ambiente”, sostuvo la representante del Ministerio Público.
La fiscal Evelin Mercado Gutiérrez lleva dos años laborando en la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente y a la fecha ha intervenido más de 10 veces la zona de Quebrada Honda donde los mineros ilegales han depredado el ecosistema del Parque Nacional de Huascarán desde el 2012.
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Señala que la principal dificultad para fiscalizar a los mineros ilegales es que el Ministerio Público no tiene acceso libre para ingresar al sector Santa Ana, ubicado en el territorio de la Comunidad Campesinas de Vicos. En cada intervención tiene que pedir permiso al presidente de este pueblo, por lo que al llegar a la zona no encuentran a las personas dedicadas a esta actividad ilícita.
“Para ingresar al sector se requiere la autorización al presidente de la Comunidad Campesina de Vicos. Eso imposibilita que las autoridades hagan su trabajo, se hace complicado verificar lo que ocurre dentro. En cada operativo solicitamos la autorización y cuando ingresamos no encontramos a las personas o esconden los equipos de los campamentos mineros, por tanto, las personas no reciben la sanción que se merecen y se sienten en libertad de continuar con la actividad ilegal”, enfatizó la magistrada.
Mercado Gutiérrez recalcó que la minería ilegal causa un daño irreparable al medio ambiente e instó a los comuneros de Vicos a cuidar su ecosistema, ya que no han permitido que la Policía Nacional y el Sernanp instalen una caseta de vigilancia. “A raíz de la depredación al medio ambiente surgen el calentamiento y los cambios de clima. Los mineros ilegales no tienen consideración, no respetan las normas establecidas y realizan la actividad de manera irresponsable. Los comuneros deben cuidar su zona, son los únicos que tienen el control, ellos serían los llamados a cuidar el medio ambiente”, remarcó.
El Ministerio Público ha detectado diversos campamentos ilegales que operan en el Parque Nacional Huascarán, pero hasta la fecha ningún minero ilegal ha recibido una sanción. Sin embargo, la fiscal Evelin Mercado ha solicitado 8 años de prisión a dos personas inmersas en delitos ambientales por extraer minerales de manera ilícita en el área protegida en la provincia de Recuay.
Por su parte, el jefe del Parque Nacional Huascarán, William Martínez Chenquén, explicó que el uso de dinamita y químicos para explotar los minerales en esta parte del área protegida vienen afectando irreversiblemente este ecosistema.
Mencionó que cuentan con una cuadrilla de guardaparques que recorre toda esta zona con la misión de proteger y luchar contra aquellos que amenazan el medio ambiente. “Nosotros patrullamos todos los espacios del Parque Nacional y cuando detectamos la minería ilegal iniciamos una serie de acciones para combatir este tipo de actividades que solo perjudican el área natural protegida”, dijo.
Áncash: minería ilegal en el Parque Nacional Huascarán sigue operando
El Parque Nacional del Huascarán tiene 340 mil hectáreas y alberga los nevados tropicales más altos del mundo. Dentro de sus límites existen cerca de 660 glaciares y 300 lagunas. El área se extiende en las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Recuay, Bolognesi, Pomabamba, Huari, Mariscal Luzuriaga y Asunción. En 1985 fue reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad.
De enero a la quincena de septiembre de este año, el Departamento Desconcentrado de Medio Ambiente de la Policía de Huaraz ha detenido a 45 personas involucradas en los presuntos delitos de contaminación ambiental y minería ilegal en la sierra de Áncash.
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