El Departamento Desconcentrado de Medio Ambiente de la Policía de Huaraz ha intervenido tres veces en el sector de Quebrada Honda, donde la minería se ha instalado ilegalmente afectando la zona protegida del Parque Nacional Huascarán. (Foto: Policía Nacional)
El Departamento Desconcentrado de Medio Ambiente de la Policía de Huaraz ha intervenido tres veces en el sector de Quebrada Honda, donde la minería se ha instalado ilegalmente afectando la zona protegida del Parque Nacional Huascarán. (Foto: Policía Nacional)
Laura Urbina

colaboradora de El Comercio en Áncash

lauraurbinasa@gmail.com

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La Policía Nacional ha detectado que la sigue operando en el área natural protegida del , principal atractivo turístico de la región , pese a las continuas interdicciones y al estado de emergencia sanitaria por el coronavirus.

En enero de este año se destruyó un campamento minero en el sector Quebrada Honda, en el centro poblado Santa Ana, en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, sin embargo, la extracción de minerales como el oro, plata, cobre, entre otros, no se ha paralizado durante la pandemia.

El jefe del Departamento Desconcentrado de Medio Ambiente de la Policía de Huaraz, mayor PNP Luis Alberto Vizcarra Montalván, comentó que pese a las intervenciones de las autoridades, los mineros ilegales siguen realizando las actividades de extracción en esta zona protegida debido a una presunta complicidad con la Comunidad Campesina de Vicos.

En lo que va del año se ha intervenido tres veces en la zona de Quebrada Honda (Carhuaz). Se ha destruido el campamento minero ilegal, sin embargo, pasa un tiempo y vuelven a armar su campamento. Debe ser el mineral muy puro porque pese a las interdicciones continúan personas de mal vivir extrayendo los metales. Continúan por la complicidad de su pueblo. Ellos dicen que no permiten la minería ilegal, pero en sus narices sale el material”, declaró Vizcarra.

Vizcarra Montalván afirmó que la comunidad de Vicos impide la fiscalización ambiental, ya que ninguna autoridad fiscal o policial puede ingresar a sus terrenos si no tienen la autorización de su presidente.

Aseveró que esta comunidad ha impedido que la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) instalen un puesto de control en la zona para realizar los patrullajes permanentes.

Ni siquiera un fiscal puede ingresar de buenas a primeras. Hay una complicidad aparente de los comuneros con la minería ilegal. La misma población se opone a la instalación de un destacamento policial porque consideran que son sus tierras”, afirmó el oficial.

En ese sentido, Vizcarra Montalván sostiene que erradicar la minería ilegal dependerá de la ayuda de las comunidades campesinas y de la educación de las personas para combatir esta actividad delictiva.

No es difícil erradicar la minería ilegal, pero depende de la cultura y educación de las personas porque la autoridad no puede estar las 24 horas en un lugar determinado. Tenemos que tener la colaboración de todos a efectos de evitar la contaminación del medio ambiente”, manifestó.

Vizcarra Montalván argumentó que la minería ilegal afecta enormemente al medio ambiente, los ríos y el paisaje de las comunidades. “La minería ilegal no aporta al Estado, afecta la economía, geografía y el paisaje de las comunidades. Los mineros ilegales extraen los minerales cerca de los ríos afectando las franjas marginales y el cauce natural de las aguas”, aseveró el oficial.

Si alguna persona tuviera información sobre la operación de minería ilegal puede denunciar el hecho antes las autoridades y comisarías más cercanas o llamar al Departamento Desconcentrado de Medio Ambiente de Huaraz al siguiente número telefónico 043 429 372.

El Parque Nacional Huascarán comprende las provincias de Huaraz, Huaylas, Yungay, Carhuaz, Recuay, Bolognesi, Huari, Asunción, Mariscal Luzuriaga y Pomabamba. Tiene una extensión de 340 mil hectáreas y alberga los nevados tropicales más altos del mundo. Dentro de sus límites existen cerca de 660 glaciares y 300 lagunas.

Este Diario intentó dialogar con la Jefatura del Parque Nacional Huascarán sobre las acciones que se han realizado para cumplir con la Estrategia de Lucha contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional (2017-2021), pero no atendió las llamadas telefónicas.

Policía detuvo a 45 personas involucradas en minería ilegal

De enero a la quincena de septiembre de este año se han detenido a 45 personas involucradas en los presuntos delitos de contaminación ambiental y minería ilegal en la sierra de Áncash. Mientras que en el 2019 se arrestaron a 62 personas inmersas en esta actividad ilícita.

De enero a la quincena de septiembre de este año, se han detenido a 45 personas involucradas en los presuntos delitos de contaminación ambiental y minería ilegal en la sierra de Áncash. (Foto: Policía Nacional)
De enero a la quincena de septiembre de este año, se han detenido a 45 personas involucradas en los presuntos delitos de contaminación ambiental y minería ilegal en la sierra de Áncash. (Foto: Policía Nacional)

Además, han intervenido 20 volquetes con material metálico (oro, plata, cobre, entre otros). Los diversos operativos de la policía han impedido que los cargamentos fueran llevados a las plantas procesadoras de minerales que existen en Chimbote, Barranca e Ica. Indicó que cada volquete puede costar 30 mil dólares.

Los agentes del orden en coordinación con el Ministerio Público han participado en las intervenciones de campamentos mineros ilegales en las provincias de Carhuaz, Aija, Recuay y Yungay, donde se extraen minerales a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar.

La última operación conjunta con la Fiscalía de Medio Ambiente y la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash se ejecutó hace nueve días en el caserío de Yerbabuena, en la quebrada de Gantururi, en el distrito de Yanama, provincia de Yungay, donde se arrestaron a diez personas y a un menor de 17 años de edad.

La fiscalía dispuso la inmovilización de 500 sacos de mineral metálico, 224 cartuchos de explosivos, equipos, maquinaria y herramientas que eran utilizadas para la actividad ilegal.

La última intervención conjunta contra la minería ilegal se realizó hace nueve días en la quebrada de Gantururi, en el distrito de Yanama, provincia de Yungay. Se arrestó a 10 personas y un menor de 17 años y se inmovilizaron 500 sacos de material metálico. (Foto: Gobierno Regional de Áncash)
La última intervención conjunta contra la minería ilegal se realizó hace nueve días en la quebrada de Gantururi, en el distrito de Yanama, provincia de Yungay. Se arrestó a 10 personas y un menor de 17 años y se inmovilizaron 500 sacos de material metálico. (Foto: Gobierno Regional de Áncash)

Durante la intervención, los efectivos policiales observaron que el desecho del mineral fue arrojado a la quebrada, alterando el paisaje y la vegetación existente en la zona.

Más de tres mil mineros en proceso de formalización

A la fecha, la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash ha registrado a 3.889 mineros en proceso de formalización en las 20 provincias.

El titular de esta institución, Paolo Andrés Alzamora, señaló que se evaluarán los instrumentos ambientales y se verificará que las actividades extractivas no se realicen en zonas protegidas, riberas de ríos y lagunas, de lo contrario se le denegará la autorización para operar.

Andrés Alzamora mencionó que han paralizado las actividades de cuatro empresas mineras por incumplimiento a las normas ambientales en las provincias de Aija, Recuay y Casma.

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