Detectan incremento de S/10 millones en presupuesto de La Variante de Uchumayo

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que el presupuesto del tramo III de la Variante de Uchumayo, en Arequipa, se incrementó en S/10 millones de manera irregular y sin justificación alguna. Esta vía es una de las obras emblemáticas de la gestión de la gobernadora regional, Yamila Osorio.

La Variante de Uchumayo, la principal vía de ingreso a la Ciudad Blanca, es un tramo de 4,7 kilómetros que fue dividido en tres etapas. La primera se ejecutó por administración directa en la gestión del gobernador Juan Manuel Guillén. La segunda, que se encuentra en marcha, y la tercera, que está en su fase final de construcción, están a cargo de Osorio.

-Incremento de presupuesto-

La Contraloría realizó una auditoría sobre el tramo III. La evaluación se realizó desde el 3 agosto de 2013 hasta el 29 de diciembre de 2017. De acuerdo al informe del órgano de control, desde el inicio se presentaron irregularidades. Una de las más serias es el incremento del monto de la obra sin justificación.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) aprobó en mayo de 2015 el expediente técnico de la Variante de Uchumayo con un presupuesto de S/ 77 millones 877 mil 446, sin embargo, dos meses después, en julio de 2015, el GRA modificó la cifra y aprobó el mismo expediente con un monto de S/ 88 millones 373 mil 934, casi S/ 10 millones más que el anterior (aumento del 13,48%).

Para la Contraloría, no existe justificación para este incremento. Revisaron al detalle los documentos y no encontraron cotizaciones de materiales para argumentar el adicional. A ello se suma que aprobaron un expediente técnico incompleto, pues no tenía Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Solo aprobaron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un documento que no se ajustaba a las exigencias de una gran obra como la Variante.

-Irregularidades-

Los auditores encontraron que el expediente no tenía estudios de interferencias, no estaba considerado el drenaje pluvial, los cambios de redes de servicios básicos, ni los accesos. La falta de inclusión de estos detalles generaron un aumento de presupuesto a futuro de S/ 6 millones 832 mil 132.

El 28 de septiembre de 2015, el GRA firmó un convenio con el Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) a fin de que se encargue del proceso de licitación de la ejecutora y la supervisora de la obra. Por este servicio, la OIM recibió S/ 927 mil 427. Para la Contraloría, el GRA no cumplió con todos los requisitos que exige la Ley de Contrataciones. Los auditores se preguntaron cuál era necesidad del GRA de contratar al organismo internacional si no tenía la disponibilidad de los terrenos.

El 16 de diciembre de 2015, la OIM entregó la buena pro del tramo III de la Variante a Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), por un monto de S/ 92 millones 604 mil 122. El plazo de ejecución sería de 335 días (10 meses). También entregó la buena pro de la supervisión al Consorcio Supervisor Arequipa (integrado por Servicios Consultores Andinos y FYNSA). Eso lo realizó el 23 de febrero y el contrato fue por 395 días.

-Adelantos observados-
El 28 de diciembre de 2015, el GRA le dio un adelanto de S/ 19 millones 500 mil a ICCGSA , cuando este no había iniciado las obras. Para la Contraloría, el GRA no solo le otorgó liquidez financiera a la empresa, sino también lo benefició con intereses legales por un monto de S/ 363 mil 923. Las obras iniciaron nueve meses después de la buena pro, es decir, el 11 de septiembre de 2016.

La Contraloría también detectó que la empresa ejecutó el pavimento de concreto hidráulico sin utilizar la fibra de polipropileno. Situación que fue permitida por la supervisión y por el GRA. En el análisis del documento, el órgano de control descubrió que la empresa incluyó el costo del polipropileno por un monto de S/ 122 mil 505, pero nunca se utilizó.

Los auditores encontraron deficiencias constructivas en el pavimento y en las losas, llegaron a identificar 193 fisuras y agrietamientos. Por esas lozas se pagaron S/ 128 mil 181, de ahí que consideran una mala praxis de la constructora. Por esa falta, el GRA debió cobrar una penalidad a la supervisora por su deficiente servicio. El monto que asigna la Contraloría es de S/ 16 mil 200.

-Faltan obras-

Otra irregularidad detectada fue la no ejecución de algunas obras adicionales. Pese a que estaba planificado en el expediente no se realizó la ampliación de del puente Arrayanes, que iba a funcionar como vía auxiliar al cierre de La Variante. La falta de estas obras generó congestión vehicular en la zona, además obligaron el angostamiento de la Variante, lo que perjudica que sea una vía rápida.

Finalmente, en diciembre del año pasado, ICCGSA abandonó la obra a un 82% de ejecución. Sus problemas legales por integrar el Club de la Construcción afectaron su solvencia económica. Debía a sus proveedores y trabajadores. ICCGSA no pudo culminar la obra y el 26 de diciembre de 2017 el GRA, mediante carta notarial, resolvió el contrato. Actualmente el GRA lo está culminando mediante administración directa.

En todo este proceso la Contraloría identificó a 24 responsables, entre funcionarios de confianza de Osorio, servidores públicos y consejeros regionales. El órgano de control recomendó que el informe sea trasladado a los encargados de iniciar los procedimientos sancionadores, a funcionarios y servidores.

También remitirá a la Procuraduría Pública para que inicie las acciones legales contra los responsables. Los consejeros regionales; Mauricio Chang, Edy Medina, Jacinto Rosas, Abelino Roncalla, James Posso y Miguel Cárcamo deben realizar sus descargos.

La Contraloría pidió que la gobernadora regional defina si la obra se ejecutará por etapas o de manera integral. También le exige que priorice un proyecto que contemple la culminación de los accesos auxiliares y que ordene la evaluación estructural de la vía para identificar las causas de las fisuras y aplicar la penalidad a la supervisora.

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