Arlette Contreras se defiende de acusación por falsedad genérica

En mes y medio, Arlette Contreras pasó de ser víctima a acusada. En febrero último, el Poder Judicial absolvió a su ex pareja, Adriano Pozo, quien fue acusado de intento de feminicidio y violación. Esta decisión generó la crítica unánime de autoridades, entre ellos ministros y legisladores; y de la ciudadanía que vio a través de las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel Las Terrazas, cuando Adriano Pozo agredió salvajemente a Arlette Contreras, en julio del 2015. La fiscalía ha pedido la anulación del fallo y el inicio de un nuevo juicio.

En tanto, el pasado 9 de abril Arlette Contreras ha pasado a ser la protagonista de un nuevo proceso judicial. La fiscalía ha pedido 1 año y medio de prisión para Arlette por el delito de falsedad genérica en grado de tentativa, en agravio del Poder Judicial y el Gobierno Regional de Ayacucho.

El Ministerio Público asegura que, en junio del 2015, cuando Arlette Contreras denunció por agresión a Adriano Pozo, presentó una constancia de trabajo del Gobierno Regional de Ayacucho, con información falsa. Este documento fue firmado por el ex funcionario de esta entidad, Lenin Romero Pastor, quien también ha sido acusado por la fiscalía pero por el delito contra la administración pública, en la modalidad de usurpación de funciones.

¿Por qué la fiscalía defiende esta acusación contra Arlette? El Comercio pudo conversar con el fiscal a cargo del proceso, el fiscal adjunto provincial Joel Calle Valer, para que explique los argumentos presentados en contra de Arlette Contreras. 

Según el fiscal, la fundamentación es la siguiente: Arlette quiso "sorprender" a la administración judicial con la finalidad de acreditar su reparación civil en el proceso contra Adriano Pozo.

"El señor Lenin Romero Pastor fue director de la oficina regional de estudios e investigación del Gobierno Regional de Ayacucho, cargo en el cual se le concluyó el 1 de septiembre del 2015. El 10 de setiembre el señor otorgó una constancia a nombre de la señorita Arlette Contreras en la que señala que ella había laborado como asesora legal externa de la referida oficina. Cargo por el cual habría percibido una remuneración de S/ 3.600. No obstante, según diversos oficios e informes remitidos por el Gobierno Regional de Ayacucho, la señorita no había trabajado", refiere. 

El titular del Ministerio Público asegura que cuenta con testimonios que corroboran la hipótesis que manejan. Incluso, en la segunda audiencia del juicio oral realizada el pasado 18 de abril, la fiscalía presentó como testigo a la ex jefa de Recursos Humanos del gobierno Regional de Ayacucho, Gabriela Cavero Esparza, quien dijo que los certificados y constancias de trabajo solo son competencia de la oficina de la cual ella era responsable. La exfuncionaria aseguró que Arlette Contreras nunca fue presentada como trabajadora.

Tras el inicio del juicio oral, Arlette Contreras no se manifestó públicamente, pero sí a través de sus redes sociales. En su cuenta de Facebook y Twitter publicó el rechazo de diversos colectivos por la denuncia de la fiscalía y que señalaban que se trataba de una estrategia utilizada por la defensa de Adriano Pozo. 

Consultado al respecto, el fiscal Calle Valer reconoció que la denuncia por falsedad genérica fue realizada por el abogado de Adriano Pozo, pero afirmó que el Ministerio Público recogió la acusación y, luego de realizar las diligencias respectivas, decidió iniciar el proceso. 

"El Ministerio Público actúa con objetividad, como institución, lo que hacemos es cuando nos llega una denuncia nosotros hacemos actos de investigación o para corroborarla o para desvirtuarla. Hacemos diligencias, si el resultado de esas diligencias consideramos que no hay caso o no hay indicios, el caso se archiva. Si consideramos que hay, continuamos. Y precisamente porque consideramos que hay un caso nosotros hemos formulado acusación", aseguró.

¿Podría afectar esta acusación a la apelación que la fiscalía ha realizado a la absolución de la sentencia dictada contra Adriano Pozo?
Según Calle Valer, ambos procesos seguirán cursos independientes y no podrían perjudicarse entre sí. 

"El proceso seguido contra el señor Adriano Pozo es independiente. El proceso o juicio oral contra la señorita Arlette totalmente independiente. El resultado de uno no perjudica al otro. Por qué le digo ello porque el proceso penal que se le sigue al señor es por haberlo agredido, hecho que nosotros repudiamos, repudiamos tanto ese hecho como cualquier otro hecho de agresión contra una mujer", afirmó.

-Se defiende-

Arlette Contreras ha decidido no hablar con los medios de comunicación sobre este proceso porque asegura que, además de sentirse agobiada, prefiere esperar a dar primero sus descargos ante el Poder Judicial. La siguiente audiencia del juicio oral será la próxima semana en Ayacucho, en donde se está llevando a cabo todo el proceso. La Defensoría ha participado, a pedido de Arlette, de las primeras audiencias.

Mientras tanto, Arlette prefiere que su abogado Richard Almonacid responda por este nuevo juicio.

Consultado por lo sostenido por la fiscalía, el defensor de Arlette no se muestra dubitativo. Almonacid asegura que Contreras sí trabajó durante el mes de abril del 2015 para el Gobierno Regional de Ayacucho pero como asesora legal externa por lo que, afirma, no tenía que presentarse durante las 8 horas de trabajo en la entidad. 

"Ella realizó asesoría legal externa y por la naturaleza de su trabajo no tenía la obligación de permanecer las 8 horas en el centro de trabajo ni firmar un control ni participar en un concurso público. Lo que sucede es que la regularización del contrato estaba pendiente, pero sí ha trabajado", advirtió.

Almonacid explicó, además, que el certificado mencionado por la fiscalía es una constancia de prestación de servicios que el jefe de Arlette le firmó para hacer efectivo el cobro de su remuneración.

Sin embargo, sobre las fechas mencionadas por la fiscalía el abogado indicó que se trata de un error de tipeo en el documento. 

"Hay un error de tipeo, en vez de poner 01 han puesto 10. El certificado corresponde al 1 de setiembre. A Arlette le comunicaron que había un error en la constancia y ella ni cuenta se dio que tenía esa fecha. Sin embargo, advertido de ese error el jefe comunicó a Arlette que iba a sustituir el documento pero ella nunca volvió al gobierno regional. Nosotros vamos a comprobar que fue así, pero por eso no pueden decir que Arlette insertó información falsa. Entonces, la teoría de la fiscalía se cae por sí sola", precisó.

El abogado aseguró que denunciarán por el delito de falsedad ideológica a Ernesto Laines, abogado de Adriano Pozo, por haber realizado la denuncia con la copia del certificado cuando el documento original está en los archivos de la fiscalía.