La “aparente pasividad” del Gobierno peruano ante los “abusos” cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas antigubernamentales que azotaron al país revelan una “posible negligencia o incluso complicidad” de las autoridades, según un informe divulgado este miércoles por Human Right Watch (HRW).
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“Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el Gobierno de (Dina) Boluarte parece haber mirado hacia otro lado”, sostuvo en un comunicado el director asociado de la División de las Américas de HRW, César Muñoz.
En su informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, HRW denuncia el “uso excesivo de la fuerza, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales” en el contexto de las manifestaciones sociales que sacudieron al Perú entre diciembre y febrero pasados.
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Por un lado, el documento recuerda que los enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes y militares dejaron un saldo de 1.300 heridos y 49 civiles muertos, 8 de ellos menores de edad, e insiste en señalar el uso de “fusiles de asalto y armas cortas” por parte de las fuerzas de seguridad.
En concreto, la investigación de HRW concluye que al menos 39 personas murieron por herida de bala y otras 5 por heridas causadas por perdigones disparados con escopetas, mientras que un manifestante “es probable que haya muerto por el golpe de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia”.
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Ante estas muertes, calificadas como “homicidios”, HRW exige que las investigaciones preliminares abiertas por el Ministerio Público contra Boluarte y varios de sus ministros sean “imparciales y exhaustivas y alcancen a todos los responsables de los abusos”.
En esa línea, también exhorta al Gobierno a invitar a una comisión independiente de expertos internacionales, otorgándole acceso a información gubernamental y a los expedientes de los casos de abusos para respaldar las investigaciones penales en curso y documentar la crisis y las violaciones de derechos humanos.
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Por otro lado, el informe de HRW resalta la aparente “indiferencia” y “pasividad” de la autoridades gubernamentales ante estas “pruebas sólidas de abusos” y critica la actitud del Ejecutivo por “negar a menudo que hubieran ocurrido”.
Agrega que altos funcionarios del Gobierno afirmaron, sin pruebas, que las muertes se debían a armas de fabricación casera o a armas de fuego y munición introducidas desde Bolivia, “al tiempo que menospreciaban y estigmatizaban repetidamente a los manifestantes, insinuando que eran terroristas”.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que Human Rights Watch (HRW) “es una ONG” y que las muertes producidas durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado en su país están siendo investigadas, luego de que el organismo exhortó al Gobierno a invitar a una comisión independiente de expertos internacionales para investigar el caso.
“(HRW) es eso, una ONG, y acá en el territorio nacional cada institución tiene autonomía”, enfatizó la gobernante durante una rueda de prensa en la que respondió a una consulta sobre un informe que presentó este miércoles el organismo. EFE
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