Natale Amprimo: “Estamos frente a una suerte de anarquía del sistema judicial”

-En la actualidad se ha desatado un nuevo enfrentamiento entre un sector del Congreso y el Poder Judicial. Esto a raíz del “control difuso”, amparado en la Constitución, que están realizando algunos jueces para no aplicar la ley de amnistía a militares y policías. ¿Cuál es la ruta de salida a esta crisis?

Primero quisiera hacer una reflexión saliendo del caso puntual que usted plantea. Tenemos que repensar el sistema de control constitucional, porque es evidente que el nivel de magistrados y de reflexión que existía en el mundo jurídico cuando se contempló el control difuso en el Perú es distinto a lo que viene ocurriendo hoy. Yo no creo que haya alguien que señale que el sistema funciona. La percepción que todos tenemos es que estamos ante una suerte de anarquía del sistema judicial.

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En el Perú el control de constitucionalidad se introdujo en el Código Civil de 1936. Ahí se fijó que cuando había una incompatibilidad entre una discusión constitucional y una legal, se prefería la primera. Ese artículo recién se pudo llevar a la práctica en los años 1960 fruto de la Ley del Poder Judicial. Después se quedó en desuso, porque vino el gobierno militar. Y en la carta de 1979, en el país se implementó un sistema dual o paralelo.

-¿Cuáles son los tres sistemas?

Uno es el control americano, que es conocido como un control difuso o disperso. A través de este, si los jueces, al conocer un caso concreto, si observan una incompatibilidad entre una norma constitucional y una inferior prefieren la constitucional e inaplican la inferior. En el modelo europeo, el control de constitucionalidad está encargado a un órgano que no forma parte del Poder Judicial. Y cuyas decisiones van a irradiar a todas las autoridades y a todos los jueces. Estos órganos son los tribunales constitucionales.

Y hay un tercer sistema, que es político, que le confía al Congreso mismo la labor de control de constitucionalidad. Esto estuvo en Francia. Pero es muy difícil que quien hace las leyes determine si son o no inconstitucional. Y como en el Perú, siempre queremos tener todo, establecimos el sistema americano y en paralelo el sistema europeo. Es decir, se fijó que los jueces podían inaplicar la ley en un caso concreto, pero también que el Tribunal Constitucional podía realizar un control constitucional. La realidad es que estamos en una suerte de anarquía, este sistema no da para más.

-En su última columna en El Comercio, usted sugiere aplicar una figura similar a la del artículo 163 de la Constitución española. ¿En qué se basa este mecanismo?

¿Qué pasa en los países de primer mundo? Por ejemplo, en España los jueces están obligados a cumplir la ley y la Constitución, no es que el juez resuelve sobre lo que él cree que debe ser. El juez debe razonar e interpretar, pero no es que el juez falla de acuerdo con su criterio sin acercarse a la normativo, porque eso sería una arbitrariedad. El artículo 163 de la Constitución española establece una cuestión de inconstitucionalidad. ¿Qué significa? Que si un juez cuando conoce un caso en particular, donde se le pide la aplicación de determinada ley y considera que esta resulta contraria a la Constitución, entonces inicia una cuestión de inconstitucionalidad antes de fallar. Es una suerte de vía incidental para que sea el tribunal constitucional español, cómo intérprete supremo de la Constitución de ese país, el que establezca si la norma cuestionada es compatible o no. De esta forma no se genera una anarquía. Esta anarquía puede significar, por ejemplo, que, frente a un caso exactamente igual, un juez opina A, otro puede opinar B y un tercero, Z. Esto no genera ningún tipo de predictibilidad ni estabilidad. Tenemos que repensar el sistema, porque no creo que nadie pueda sostener que el sistema funciona bien [...] Tenemos una suerte de mercado persa respecto a inaplicaciones.

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-El actual Congreso tiene a decenas de parlamentarios investigados, entre “mochasueldos”, “Los Niños” y otros. ¿Tiene la credibilidad para reformar el sistema de justicia?

Ya, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, pues.

-¿Quiénes harían el cambio que propone?

No conozco el alcance del trabajo de la comisión del Congreso sobre el tema judicial. Lo que yo planteo es abrir un debate sobre si debemos o no repensar el sistema de control constitucional que actualmente tenemos. Hemos querido tomar el sistema americano y el sistema europeo y hemos hecho que las dos convivan de forma paralela. ¿Esta situación genera problemas o no? ¿Genera estabilidad y seguridad o genera incertidumbre y caos? Entonces, ¿por qué no repensamos y releemos cómo funciona [el sistema judicial] en otros países? Acá no estamos trayendo una propuesta que la haya planteado un “mochasueldo”, una persona que no ha estado a la altura de la dignidad del cargo. No, yo digo, “oiga, veamos cómo ocurre en Alemania, en España”. En vez de mantener una figura peculiar en el Perú, ¿por qué no fijamos la mirada a los países del primer mundo?

-Su propuesta debe ser vista dentro del paquete de reforma de justicia...

No necesariamente, porque a veces el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Tenemos a alguien de un sector A o B o C, de derecha o de izquierda, que pueda sostener que en el Perú el sistema de control funciona? Sinceramente, no. Hay que dejar las posiciones ideológicas, y pensemos en abstracto. ¿Puede mantenerse en el Perú un sistema en el cual cada juez inaplica, según un criterio particular, una norma?

-¿No debe ser el próximo Parlamento bicameral el que asuma la tarea de una reforma del sistema de justicia?

Hay cosas urgentes que el actual Congreso podría abordar. Obviamente, va a ser difícil que una reforma profunda se pueda llevar a cabo en estos momentos. Pero, por ejemplo, se debe recomponer la Junta de Fiscales Supremos. ¿El país puede soportar seguir viviendo con la actual composición de la Junta de Fiscales Supremos? Es notorio que tenemos que traer nuevos liderazgos que no están al interior del Ministerio Público.

Hace un año, en los artículos que publicó en El Comercio, planteé que se realice una reforma constitucional para que se licencié a todos los actuales fiscales supremos y se encargue a una comisión conformada por expresidentes del Tribunal Constitucional, que son de todas las tendencias, para que ellos por invitación puedan lograr que nuevas personas se incorporen como fiscales supremos, porque ningún cambio se va a producir con la actual composición y esa es una realidad.

-¿Cuáles deben ser los otros ejes de la reforma del sistema de justicia?

El problema del sistema judicial en el Perú siempre ha sido en tres factores: infraestructura, los recursos económicos y la provisionalidad, y otro ha sido la politización de la justicia. Hoy en día se habla mucho de la provisionalidad, pero lo que no se dice es que el gran problema de la justicia en el Perú es el factor humano. ¿Cómo logramos que los mejores alumnos de las mejores universidades aspiren a ser parte del sistema de justicia? Se puede poner infraestructura e, incluso que un cuerpo cardenalicio lleva a cabo una selección a través de concurso, pero el tema está en cuál es el nivel de los postulantes.

[...] Establecer que cada siete años un juez puede ser enviado a su casa, eso es un incentivo o un desincentivo. La ratificación judicial se introdujo en la Constitución de 1993. ¿Esto fue para fortalecer al Poder Judicial o para debilitarlo? Fue para tener jueces con una espada de Damocles y que siempre estén pendientes de estar bien con los que iban a ser sus evaluadores.

-Al interior del Ministerio Público se ha dado una lucha por el poder, entre las fiscales supremas Delia Espinoza y Patricia Benavides. Y también estas pugnas son entre sectores. ¿Esto ha mellado la credibilidad de esta institución?

Sin lugar a dudas. ¿un joven abogado o que está próximo a graduarse aspiraría a ser fiscal si ve el comportamiento de los actuales fiscales supremos? No lo creo. Por eso, yo le digo que hay que hacer un replanteamiento y un cambio de liderazgos, porque esto no da para más. Dejando a salvo, claro está, la honorabilidad de las personas, yo no estoy hablando que estas personas [los actuales fiscales supremos] no sean honorables, pero lamentablemente en su comportamiento público no han dado batalla pues.

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-También se han visto una serie de denuncias de policías implicados en redes criminales o que fabricaban operativos. ¿La Policía Nacional, a su juicio, también requiere una reforma? ¿Por dónde pasa esta?

Yo creo que todo puede ser objeto de control, puede haber actos aislados de situaciones como las que usted contempla, pero en general, yo diría que la población reconoce la labor de la Policía Nacional.

-¿La Policía Nacional también requiere de una reforma? Por ejemplo, hace poco el comandante general de la PNP ha sido suspendido, porque presuntamente utilizó a agentes como albañiles.

Bueno, si eso fuese demostrado, porque creo que tiene una medida cautelar, una medida de suspensión temporal, no hay sentencia que yo sepa. Pero obviamente [puede haber cambios], porque también está el tema de la gasolina. Pero no se puede generalizar, hay gente honorable en la Policía Nacional, como también la hay en el Poder Judicial.

-¿Cuáles son los riesgos de la ley de amnistía a militares y policías? Por ejemplo, uno de sus promotores, el congresista Fernando Rospigliosi, no tiene claro si esta norma puede o no beneficiar a Telmo Hurtado, autor de la masacre de Accomarca.

Mire, yo lo digo públicamente, si yo hubiera sido parlamentario, no hubiera votado a favor de la amnistía. Sin embargo, no puede dejar de reconocer que no es admisible que haya procesos que tienen más de 30 años sin resolverse y que, simplemente, sea una suerte de estirar el chicle para seguir teniendo a la gente [en una investigación o juicio] sin definiciones. El llevar un proceso penal a 30 años o a 25 años es una tortura.

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-Esta ley de amnistía también beneficia a los militares y policías con sentencia firme...

Yo soy un crítico abierto a la que forma como este Congreso legisla, lleno de errores y torpeza, porque en vez de operar con un bisturí, muchas veces operan con un serrucho o con un hacha.

-Rospigliosi, en una entrevista en El Comercio, dijo que los jueces de hoy “son peores que los jueces sin rostro”, porque “son politizados y prevaricadores”. ¿Usted comparte esta posición?

No, no comparto esa posición. Creo que el tema de los jueces sin rostro es inaceptable en un Estado de derecho. Y creo también que el actual sistema de justicia está altamente politizado y comete barbaridades.

-El Ejecutivo, además, ha constituido un grupo que prepare un proyecto de ley en “defensa de la soberanía nacional”. Boluarte dijo que la finalidad es proteger al país de una supuesto injerencia de organismos internacionales. ¿El Perú debe seguir o no bajo la jurisprudencia de la Corte IDH?

El sometimiento a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un tema de soberanía. En primer lugar, eso habría que precisarle a la señora Boluarte. Lo que sí creo es que la Corte IDH, por sí misma, se ha dado una serie de atribuciones que van más allá de lo que la convención contempló y los países autorizaron. Es verdad que este avance ha sido poco a poco y muchos países no han sabido reaccionar.

Yo no soy de los que están a favor del retiro de la Corte IDH. ¿Qué hubiese ocurrido si el golpe de Estado de Pedro Castillo tenía éxito? Estoy seguro de que muchos de los que hoy cuestionan a la Corte IDH estarían haciendo cola en esta. Pero sí creo que se debe repensar la actuación de la Corte IDH, porque está yendo más allá de aquello para lo cual fue contemplada y prevista. El Perú debe generar un debate al interior de la OEA para reperfilar el funcionamiento de la Corte IDH. Pero yo no estoy de acuerdo en retirarnos de la Corte IDH y colocarnos en una situación similar a Venezuela, Nicaragua y otro país por ahí.

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-El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, y ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, no reconocen los audios difundidos por “Panorama”. ¿Cómo evalúa la situación de ambos? ¿Pueden dos ministros hablar de un presunto favorecimiento a un policía sentenciado por sus nexos con el crimen organizado?

En primer lugar, lo que hay que hacer es investigar, porque hoy día con la tecnología que existe, la verdad que le pueden construir un audio [a cualquiera] y sobre cualquier situación. Si el hecho fuese cierto, obviamente, eso no es correcto. Pero tampoco debemos dar certeza a una serie de difusiones que a veces se siembran para generar algún tipo de circunstancia. ¿O no recordamos que a pocos días de una campaña presidencial se difundieron videos y unos audios de un narcotraficante, que finalmente resultaron ser falsos? Entonces, cuidado.

Lo que sí es evidente es que en el Ministerio Público nadie guarda la obligación de la reserva y se difunde información abiertamente, que debería ser confidencial hasta que el tema se esclarezca. Si no se ha producido un peritaje, es bien fácil soltar las cosas y simplemente generar una repulsa social.

-En el 2008, tras la difusión de los “petroaudios”, el Gabinete Ministerial de Jorge del Castillo dimitió. ¿Estos audios entre Arana y Santiváñez ameritan lo mismo?

No, yo creo que ameritan una investigación. En el 2008, las personas que aparecían en esos diálogos eran Rómulo León Alegría y Alberto Químper, ellos no eran ministros, pero no se negaron esas conversaciones. Y claro, antes había una suerte de elegancia republicana, que, frente a un cuestionamiento, el ministro se apartaba. Hoy día estamos en una suerte de vale todo, y hoy día no tenemos los niveles de los ministros de antes.

-Desde el punto de vista político, ¿estos dos ministros deben dar un paso al costado?

Yo creo que deberían someterse a todo tipo de investigación, porque ellos niegan que esto [el favorecimiento a un policía condenado] haya ocurrido. Prácticamente, estamos en un gobierno que ya está de salida. ¿Esto [una dimisión] qué va a resolver? Lo que pasa es que hay sectores que le han puesto la puntería a determinados ministros. Eso no quiere decir que lo están haciendo bien, pero es el Congreso el encargado de fiscalizar, de hacer control político. ¿Qué le podemos pedir si el Congreso, pues simplemente no lo ha hecho [actos de control] desde el primer momento? O nos olvidamos cuando el Parlamento pasó por agua tibia que la señora Boluarte, siendo ministra, hiciera gestiones privadas prohibidas expresamente por la Constitución. Entonces, pedirle a este Congreso, que se ponga las piernas a esta altura del partido, me parece bastante ilusorio.