Agua, cobre y extorsión, por Fernando Vivas

Cual meme que cumple su ciclo viral, vimos un aviso de Sedapal que anunciaba corte de agua en 22 distritos limeños para el 6 de octubre. Hasta que lo tomamos en serio. ¡Medio Lima sin agua! ¡Por dos días! ¡¿Por quééééé?! Entonces, se pidió aclaraciones a Sedapal, que se excusaba de responder por falta de voceros. El corte era tan grave que tuvo que salir la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, a explicar, grosso modo, que para hacer un cambio y mejora de tubos matrices millones de limeños tendríamos que quedarnos con balde y jarrita por dos días en unos casos, y cuatro en otros.

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¡La ministra se había enterado por los medios! Sedapal tiene directores nombrados por Vivienda, pero se convierten en independientes que no rinden cuentas al ministerio. Apenas fue ‘brifeada’ (informada) sobre una decisión que debió evaluarse minuciosamente, antes de descartar alternativas sin corte y de informarlo con prudencia. El martes, Pérez de Cuéllar lanzó a los funcionarios de Sedapal a explicar por qué para tener más agua nos quedábamos sin agua. Fue un problema de comunicación. Y de agua. Y de Estado. El jueves, tras la salida de Héctor Piscoya por el estropicio, se nombró a un nuevo presidente de directorio de Sedapal: Jorge Gómez Reátegui. ¡Y nos quedaremos sin agua!

Mientras algunos alcaldes, como Enrique Cabrera, de Pachacámac, reclamaban –con marcha de vecinos incluida– ser incorporados en el estado de emergencia, otros lo repelían. Carlos Bruce, de Surco, y Fernando Velasco, de Chorrillos, se oponen por distintas razones. El primero, porque cree que la emergencia tiene impacto negativo en la imagen y el turismo. El otro, porque no cree en su eficacia y quiere llamar la atención sobre otras formas de combatir el crimen.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, en la figura de su teniente alcalde Renzo Reggiardo, sí simpatiza con una emergencia generalizada, pero la comuna no va a pelear por imponer esa generalización que el ministro Vicente Romero –se lo hemos preguntado varios periodistas– por ahora descarta. Más bien, la MML está utilizando su capacidad de iniciativa legislativa para propuestas grandilocuentes. La primera ha sido un proyecto de ley de terrorismo urbano, que busca homologar las penas del primero a los delincuentes y mafias que creen zozobra con explosivos y crímenes feroces. Se abre un debate con los fantasmas de la memoria: ¿acaso no vencimos al terrorismo en los 90? ¿O se trata precisamente de invocar al demonio para convencer a la grey de plegarse a la lucha? Liberales y conservadores también discrepan en materia de seguridad.

El Gobierno ha aguantado varias decisiones que le reclaman alcaldes asustados, ‘segurólogos’, policías en retiro y opositores: que se decida si se amplía la emergencia a otras zonas, que se convoque a una reunión del Conasec (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana), que se muestren evidencias de la estrategia y el trabajo de los cuadros de inteligencia de la PNP para recuperar el control territorial que hoy está en manos de peruanos y venezolanos que fraternizan en ferocidad.

El ministro Óscar Vera, recién salvado de una censura gracias a los amigos (del gobierno) de APP, se volvió a jugar la cabeza. Dijo, en el preámbulo del evento anual de Perumin en Arequipa, que Tía María sí va. Al día siguiente, Alberto Otárola dijo: “Tía María no está en agenda”. El conflicto en torno al proyecto cuprífero ha costado muertos, paralizaciones regionales y mil broncas políticas, como para que este débil gobierno reanude ese frente caliente. Vera no calculó en qué se había (o lo habían) metido. Otárola sí tiene esa y muchas otras cosas calculadas.

Sin embargo, en el mismo Perumin, el primer ministro no calculó el ‘speech’ y lo venció la emoción de su auditorio amigo. Desde que estuvo en marzo en el PDAC de Toronto (algo así como el Perumin mundial), se metió a los mineros en el bolsillo. Para mantener la buena onda, les llevó a Arequipa el anuncio de la ventanilla única para aligerar la complicada tramitología que enfrenta cada proyecto desde su fase de exploración. Y, ya con la adrenalina del destrabe y la simplificación administrativa, se lanzó con esto: “Quiero decir en esta convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo [poner orden ante acciones de grupos violentos] en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y tranquilidad de 33 millones de peruanos”.

Una semana atrás, Otárola había dicho –cuando se lo pregunté en RPP– que suscribía el pedido de perdón a los deudos de los fallecidos en las protestas, que la presidenta había hecho en su mensaje del 28 de julio. Y un día después de la arenga de Perumin, el miércoles, tuvo que comparecer ante la Fiscalía de la Nación para responder por las imputaciones de posible responsabilidad penal ante las muertes. ‘Bad timing’ solo explicable por ese entusiasmo hacia más allá del 2026 que el primer ministro despierta en gremios empresariales. La semana se cerró –¡qué lástima!– con la prematura muerte de Hernando Guerra García, gran promotor del emprendedurismo como ideología amiga de un populismo moderado de derecha. El congresista de mejor calidad legislativa según las tabulaciones de mi colega Martin Hidalgo. Que descanses en paz, Nano.