La encuesta de El Comercio-Ipsos consultó a los ciudadanos sobre la propuesta de adelanto de elecciones al 2020. (Foto: Presidencia / El Comercio)
La encuesta de El Comercio-Ipsos consultó a los ciudadanos sobre la propuesta de adelanto de elecciones al 2020. (Foto: Presidencia / El Comercio)
Redacción EC

El presidente anunció el pasado 28 de julio, en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, la presentación de un proyecto de reforma constitucional para generales del 2021, al 2020.

A una semana del planteamiento, una encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos da cuenta de lo que piensan los peruanos sobre la iniciativa, cuyo texto fue ingresado al área de trámite del Parlamento el último miércoles 31.

Los resultados del estudio se conocerán este domingo desde las 8 p.m. en el sitio web de El Comercio y en el programa “Cuarto Poder” de América Televisión.

En su mensaje a la nación, el mandatario refirió que el Congreso había aprobado solo de palabra la cuestión de confianza en torno a seis proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo, pues —a su juicio— los hechos demostraban lo contrario. Cuestionó, en esa línea, que no se haya aprobado su iniciativa para que la inmunidad parlamentaria sea revisada por la Corte Suprema y ya no por el Parlamento, lo que finalmente se mantuvo con la votación de pleno sobre el asunto.

El proyecto de reforma constitucional propone el recorte del mandato del presidente Vizcarra, la primera vicepresidenta Mercedes Araoz, los congresistas y representantes ante el Parlamento Andino hasta julio del 2020.

Asimismo, pone un candado para que el propio Martín Vizcarra no pueda postular a la reelección.

En la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno considera que la medida “constituye el mecanismo idóneo para superar la actual crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el consiguiente perjuicio de la ciudadanía”. También afirma que la decisión permitirá un “recambio de la clase política” a fin de fortalecer las instituciones y optimizar las relaciones entre ambos poderes.

Defiende también la constitucionalidad del proyecto y sostiene, además, que “no supone un ataque al Congreso”, que tras los comicios del 2016 tuvo a Fuerza Popular primero con mayoría absoluta y ahora con una simple.