El abogado de Alan García sostuvo que la participación del ex presidente en el proceso de adjudicación de la línea 1 del Metro de Lima se dio en el marco de sus competencias. (Foto: Archivo El Comercio / Video: América TV)
Redacción EC

Un informe preliminar de la del Congreso referido al caso de la Línea 1 del Metro de Lima señalaba entre sus conclusiones que el ex presidente habría incurrido en infracción de la Constitución y de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, según informó el dominical “Cuarto Poder”.

En el documento, de acuerdo con el programa de TV, se daba cuenta de que debido al “interés” del ex mandatario Alan García de sacar adelante la obra antes de culminar su segundo periodo presidencial, se provocó que su costo se elevara, que se le exonere del SNIP y que se emitieran decretos de urgencia que permitieron tener un sistema de contratación a favor de la constructora Odebrecht. Ello, además, en medio de 15 reuniones que el líder aprista mantuvo con funcionarios de la empresa brasileña, como el propio Marcelo Odebrecht y Jorge Barata.

En el informe previo sobre el Metro de Lima se dejaba constancia de que Alan García habría infringido el artículo 118 de la Carta Marga, referido al cumplimiento de los tratados y leyes por parte del presidente; así como de los artículos 6° y 7° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, que demandan al funcionario probidad y neutralidad.

Sin embargo, además de esto, se sostenía que, conjuntamente con la actual investigación fiscal que se sigue por este caso, se pudo haber iniciado otras pesquisas a nivel penal en contra de Alan García por los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, aunque se refiere que al momento de realizarse el informe ya habían prescrito.

—García Belaunde ve blindaje—
No obstante, al momento de someter a debate el documento entre todos los miembros de la Comisión Lava Jato, esto no figuraba entre sus conclusiones, en donde sí se les imputaba a personajes como el ex ministro Enrique Cornejo, el ex viceministro Jorge Cuba y al ex funcionario Edwin Luyo la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir.

En la sesión, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde hizo hincapié en esta ausencia, y en que los delitos atribuidos al ex mandatario no habían prescrito puesto que, según el Código Procesal Penal, el plazo de aplicación se duplicaba en caso de funcionarios públicos que atentaron en contra del patrimonio del Estado.

Esto se sometió a votación, pero finalmente con votos de Fuerza Popular y del Apra se determinó la exclusión de Alan García del informe. García Belaunde contó que solo votaron por la inclusión el congresista de Peruanos por el Kambio Gilbert Violeta y él, y se abstuvo Humberto Morales, vicepresidente del grupo. 

Al respecto, a través de un comunicado, Morales expresó: "Nuestra votación fue en abstención, insistimos, porque consideramos que debe investigarse de forma integral al señor AG por todos los hechos que lo comprometen y no solo por una fracción de ellos. Se le
ha consignado por uno de los tantos hechos para 'contentar y contener' a la población. Nosotros merecemos saber la verdad, una verdad completa y no a medias". 

Semanas después, en otra sesión, en el informe final de la Comisión Lava Jato sobre esta obra solo se logró atribuirle al ex presidente las presuntas infracciones constitucionales, mas no los supuestos delitos, según informa “Cuarto Poder”.

Consultado por si hubo un ánimo de blindar a Alan García, García Belaunde respondió: “La votación está ahí, claro que sí”

Cabe recordar que el pleno del Congreso de la República tiene previsto someter a debate este miércoles todo el informe final de la Comisión Lava Jato, respecto a los distintos proyectos que investigó desde su conformación.

—“No hay nada ilícito—
Erasmo Reyna, abogado de Alan García, sostuvo que la participación del ex presidente en el proceso de adjudicación del proyecto fue en el marco de sus competencias y “no hay nada ilícito”. En esa línea, dijo no conocer el informe de la comisión y refirió que lo señalado por el dominical “es más de lo mismo”.

“La expedición del decreto de urgencia y las visitas a Palacio de Gobierno ya son materia de una investigación por tráfico de influencias en el Ministerio Público. Las referencias de los testigos que han declarado corroboran una actuación lícita y legal por parte de ex presidente”, manifestó Reyna a El Comercio.

De otro lado, adelantó que el fiscal José Domingo Pérez ha programado citar al ex mandatario en noviembre como parte de la investigación por el caso de la línea 1 del metro de Lima.