Advierten filtración de narcotráfico en campañas electorales

Luego de 11 meses de trabajo, la comisión del Congreso que investiga la influencia del narcotráfico en la política en el Perú ha llegado a una conclusión principal: el narcotráfico tiene interés en lavar dinero en “campañas electorales desproporcionadas en su gasto”.

El preinforme final, al que accedió El Comercio y que será debatido hoy, advierte que “autoridades regionales y locales investigadas han ingresado a la política luego de acumular fortunas considerables”.

Esta conclusión, de acuerdo con el documento, estaría relacionada con casos de gobernadores que realizaron altos gastos en sus candidaturas. El documento, sin embargo, no imputa responsabilidades penales a ninguno de los políticos mencionados.

“Los gastos excesivos en las campañas electorales habrían sido un común denominador en los candidatos a gobernadores regionales”, sostiene el preinforme. De esta forma, resalta algunos testimonios ante la comisión como el del actual gobernador regional de Amazonas, Gilmer Horna Corrales, quien sostuvo que él personalmente había gastado S/.200 mil. Asimismo, menciona que los gobernadores de Ucayali y de Ayacucho (actualmente prófugo) declararon que aportaron a sus propias campañas S/.879.000 y S/.502.641, respectivamente.

En los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ninguno de esos montos figura como aportes a nombre de las actuales autoridades regionales mencionadas. En ese sentido, la comisión recomienda que el ente electoral repotencie la fiscalización en estas regiones.

Perfil de camuflaje
Otra de las conclusiones del preinforme final señala que las autoridades de zonas vinculadas al narcotráfico de coca y amapola se autodenominan “emergentes”, pero manejan cadenas de grifos, helipuertos, salas de juego, pollerías, empresas de transporte, ferreterías y madereras.

Por ejemplo, el documento menciona nuevamente el caso de Gilmer Horna Corrales, quien se encuentra investigado por el delito de lavado de activos procedente del tráfico ilícito de drogas, según el expediente fiscal N° 133-2014. Horna es dueño de la pollería El Corralito, con 23 establecimientos, además de una empresa de transporte con 26 agencias que pasó de un capital de S/.50.000 a S/.8’019.200; también tiene un colegio.

Cuando la comisión le consultó sobre la diferencia entre lo declarado ante la ONPE como gastos de campaña y lo realmente ejecutado, Horna señaló que no consignaba los datos completos “por seguridad”.

Ante este grupo congresal, la autoridad regional reconoció ser propietario de 27 inmuebles como consta en Registros Públicos. Además, admitió que en campaña entregó dos losas deportivas (S/.48.000), una capilla en Pisuquia, templo de San Miguel de Lurín y un mínimo de dos a tres comedores populares con víveres.

El grupo presidido por Rosa Mavila también investigó a Luis Raúl Picón Quedo, quien fue candidato al Gobierno Regional de Huánuco. Picón declaró que su familia ha adquirido diez inmuebles en Tarapoto, Pucallpa, Iquitos y Lima, aunque, según la investigación preliminar en la Fiscalía Especializada de Tráfico Ilícito de Drogas de Leoncio Prado-Huánuco, tiene veinte inmuebles adquiridos entre el 2003 y el 2012.

Su hermano Orfilio Isaac Picón Quedo, también investigado, reconoció ante la comisión congresal que brindó apoyo logístico a la campaña del congresista nacionalista Josué Gutiérrez, aunque aseguró que se trataron de “pequeñas cantidades de S/.2.000 o S/.3.000”. Esto fue negado, tiempo atrás, por Gutiérrez.

Propuestas
El preinforme final de la comisión sobre narcopolítica tiene 17 conclusiones y 26 recomendaciones que serán debatidas hoy en sesión.

Un seguimiento patrimonial de la contraloría a los candidatos y autoridades elegidas, así como la separación automática de candidatos con proceso penal abierto por delitos de narcotráfico y lavado de activos son algunas de estas.

El grupo de trabajo presidido por la parlamentaria Rosa Mavila ha elaborado 28 proyectos legislativos para impedir el traslado de drogas y la filtración del narcotráfico en la política.

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