Presidente del Congreso asegura que contratación de Betssy Chávez como asesora “legalmente no procede”

El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), aseguró que legalmente no procede la contratación de Betssy Chávez como asesora en el despacho del legislador Roberto Sánchez Palomino, pese que afronta un juicio oral por el golpe de Estado perpetrado por el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

En entrevista con “Punto Final”, indicó que Chávez Chino es una parlamentaria suspendida de sus funciones y que no tiene la condición de desaforada. También dejó entrever que su posible contratación se trataría de un “tema político”.

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“En principio legalmente no procede porque ella es una congresista que está suspendida, no está desaforada. En consecuencia, no procede. Seguramente (es un tema político, Roberto Sánchez) tendrá que explicarlo, pero legal y procedimentalmente no corresponde”, expresó.

Como se recuerda, días atrás Sánchez Palomino adelantó que contratará en su despacho a Betssy Chávez y destacó que es titulada, tiene maestría y formación profesional, lo que le permitiría ejercer el cargo de asesora.

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“Claro que sí, corresponde porque cumple requisitos, es legal, es de ley, de derecho constitucional. Pregunto, ¿alguien me lo va a impedir? No creo, porque el derecho y la razón siempre priman", aseveró.

Sobre sanción a Castillo

De otro lado, Jerí Oré estimó que en las próximas semanas se verá un pedido para inhabilitar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por infringir la Constitución Política con su golpe de Estado.

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Admitió que si bien hubo una demora en la vista del tema y que ello depende de los presidentes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), existe el “compromiso” de aprobar la sanción contra Castillo Terrones.

“Allí hay una demora que ha habido en diferentes mesas directivas de la subcomisión. Desconozco cuáles son los motivos exactos porque finalmente son los presidentes de la comisión que miden los tiempos, pero hay un compromiso firme”, manifestó.

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“Extraoficialmente he conversado con la presidenta de la subcomisión y va a darle el impulso correspondiente sin que se vea como un tema de persecución que pueda argumentar el expresidente”, agregó.

Cabe indicar que un informe de este Diario reveló que ya han pasado más de mil días (dos años con nueves meses), desde aquel 7 de diciembre del 2022, sin que el Parlamento cumpla con emitir la sanción correspondiente a una infracción a la Constitución: una inhabilitación política hasta por 10 años.

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