Un grupo de diputados presentó una moción de orden del día para interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, a fin de que explique la transferencia financiera de S/ 6 millones 624.555 autorizada a favor de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), destinada a un proyecto de remediación de suelos afectados por la actividad minera en la unidad Florencia-Tucari, en Moquegua.
Un grupo de diputados presentó una moción de orden del día para interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, a fin de que explique la transferencia financiera de S/ 6 millones 624.555 autorizada a favor de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), destinada a un proyecto de remediación de suelos afectados por la actividad minera en la unidad Florencia-Tucari, en Moquegua.
La iniciativa, promovida por el diputado Luis Masco Cáceres, plantea que el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) acuda al pleno de la Cámara de Diputados para responder un pliego de 54 preguntas sobre los fundamentos técnicos, legales, presupuestarios y administrativos que sustentaron la Resolución Ministerial N.° 407-2026-MINEM/DM, emitida el 21 de septiembre de 2026.
Respaldan el pedido diputados de Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú, quienes firman al final del documento.
Moción de orden del día.
El documento cuestiona que se hayan destinado recursos públicos para financiar actividades vinculadas al cierre de minas y la remediación de pasivos ambientales de la unidad minera Florencia-Tucari, operada por Aruntani S.A.C.
En ese sentido, los legisladores consideran que “resulta indispensable verificar los criterios técnicos, legales y económicos que fundamentaron dicha asignación financiera, para asegurar que la intervención del Estado no implique desconocer las obligaciones que legalmente corresponden a los titulares de actividades mineras”.
Entre los puntos que deberá explicar Shinno figura la situación de las obligaciones ambientales de la empresa minera, así como el estado de las garantías constituidas para cubrir las labores de cierre y remediación. La moción solicita precisar si estas fueron ejecutadas antes de autorizar el financiamiento estatal y qué mecanismos existen para recuperar los recursos invertidos por el Estado.
Asimismo, los diputados cuestionan las razones por las que se encargó a la ANIN la formulación y ejecución del proyecto, en lugar de utilizar los canales ordinarios del Ministerio de Energía y Minas. Al respecto, solicitan esclarecer “las razones técnicas, presupuestarias y de gestión que justificaron encargar la formulación y ejecución del proyecto a la ANIN”.
Cuestionan posibles conflictos de intereses
Otro de los ejes del pliego interpelatorio está relacionado con la transparencia y la gestión de intereses dentro del Ministerio de Energía y Minas.
En particular, los diputados solicitan explicaciones sobre los antecedentes profesionales del ministro.
Según el documento, sus declaraciones juradas de intereses consignan que ejerció funciones como gerente general de Aruntani S.A.C. entre 2019 y 2022. También se señala que, entre 2019 y marzo de 2026, se desempeñó como gerente general de la minera Apumayo S.A.C.
La moción recuerda, además, que el 14 de mayo de 2025 Shinno participó en una audiencia pública ante el Tribunal Constitucional en representación y defensa de Aruntani S.A.C., en un proceso contra el Ministerio de Energía y Minas.
Por ello, se solicita que precise si participó directamente en la evaluación, deliberación y aprobación de la resolución ministerial que autorizó la transferencia de recursos, así como los mecanismos institucionales aplicados para prevenir posibles conflictos de intereses.
Otro punto incluido en las 54 preguntas está relacionado con el financiamiento de un viaje a Australia de la viceministra de Minas, Mayra Figueroa Valderrama, y personal de su despacho. Según la moción, la Cámara de Comercio Australia-Perú (APCCI) habría asumido aproximadamente US$ 11.000 por concepto de pasajes aéreos y estadía.
Los legisladores piden esclarecer el sustento legal de ese financiamiento y las condiciones en las que se desarrollaron las reuniones con representantes de compañías mineras como Glencore y Antamina. También consultan por los contactos con empresas vinculadas a proyectos mineros y los compromisos que se habrían asumido para agilizar sus permisos.