Inició en diciembre, implicaba un presupuesto de S/ 384 mil y se “retrasó” tras filtración en la prensa: así se gestó el aumento de sueldo de Dina Boluarte

Así se desprende de los informes y oficios finalmente entregados por Palacio de Gobierno, en respuesta a un pedido de acceso a la información hecho por El Comercio para acceder a todos los documentos que fueron parte de este procedimiento. En uno de estos, se estimó que si el sueldo se aumentaba a partir de mayo pasado, se hubiesen comprometido S/ 384.252,96 del presupuesto del Despacho Presidencial. Al haberse dado recién en julio, esa cifra prevista se reduce, al menos, en unos S/ 70 mil.

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Semanas atrás, la entrega de estos documentos había sido negada, bajo el argumento de que se trataba de una decisión gubernamental que aún no se definía. Incluso se alegó que al informar sobre ese proceso, El Comercio y otros medios generaron retrasos, “confusión social” y “presiones indebidas” en la ciudadanía. Sin embargo, tras la reciente aprobación y confirmación del aumento de sueldo, Palacio de Gobierno finalmente compartió la documentación.

Técnicamente, el origen del aumento está en el pase a la Ley Servir del Despacho Presidencial, consumado en septiembre del 2024. Con esto, se establecieron sueldos para todos los trabajadores de Palacio de Gobierno, excepto dos: el presidente y el vicepresidente. Al tratarse de cargos de elección popular, fijar sus remuneraciones le correspondía al Consejo de Ministros. En otras palabras, establecer esos sueldos era una decisión política.

El pase a la Ley Servir fue, naturalmente, notificado a Palacio de Gobierno. Fue así que desde diciembre del 2024 se comenzaron a emitir una serie de informes destinados a que, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), se “establezca la valorización del puesto de presidente de la República”. Es decir, que se fije el nuevo sueldo para la mandataria.

El primero de estos es del 4 de diciembre del 2024. Está firmado por Alejandro Gonzales González, entonces director de la Oficina General de Recursos Humanos del Despacho Presidencial. El documento va dirigido al Subsecretario General de Palacio de Gobierno y apunta, precisamente, a analizar cómo se debe proceder para definir el sueldo de la presidenta. Coincidentemente, a fines de ese mes, el gobierno de Dina Boluarte dispuso un aumento del sueldo mínimo de hasta S/ 1.130.

Como antecedentes, el informe hace referencia a una resolución del 2014 en la que el MEF establece los sueldos, con base en la Ley Servir, para funcionarios “de libre designación y remoción”. Esa lista está encabezada por los ministros, con S/ 30 mil. Luego, se cita otra resolución del mismo sector que, en el 2019, estableció sueldos para funcionarios elegidos por voto popular: el alcalde de Lima (S/ 15 mil) y del resto de provincias y distritos. Nuevamente, con base en la Ley Servir.

Es así que se llega a la cuestión del sueldo de la presidenta, el cual no pudo ser fijado por Servir, como sí se hizo con el resto de puestos en Palacio de Gobierno. “Considerando que el Consejo Directivo de Servir (…) declara iniciado el proceso de tránsito al régimen del servicio civil del Despacho Presidencial, correspondería que todos los puestos considerados en el Cuadro de Puestos de la Entidad sean valorizados, incluidos los funcionarios”, dice el informe.

Al respecto, señalan que “de acuerdo al Cuadro de Puestos de la Entidad del Despacho Presidencial, la plaza de Presidente de la República, actualmente ocupada, se encuentra bajo el alcance del Decreto Legislativo N° 2768, con una compensación económica de S/ 16 mil mensuales”. No obstante, también enfatizan que ese mismo decreto establece que “el nivel máximo” de remuneración “corresponde al Presidente de la República” y que “ningún funcionario ni servidor público podrá percibir en total de remuneraciones superior al Presidente”. Ambas citas fueron subrayadas en el informe.

Con esas consideraciones remarcadas, el informe termina indicando que “correspondería que a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de titular del sector, se solicite al Ministerio de Economía y Finanzas (que) evalúe la valorización del puesto de Presidente de la República”.

“Se recomienda derivar el presente informe a la Presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de titular del sector, para que se sirva solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, se establezca la valorización del puesto de Presidente de la República”, concluyen.

Si bien este informe dio inicio al proceso dentro del Despacho Presidencial, sus conclusiones no parecen haber sido suficientes, ya que la Oficina de Asesoría Jurídica de Palacio requirió luego a Recursos Humanos “complementar” sus “consideraciones”.

Esto se hizo en otro informe emitido por el director de la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial sobre el mismo tema, con fecha del 6 de febrero pasado. El desarrollo y el sustento de este segundo informe es bastante similar, pero añade un argumento más a favor de que el suelo de la presidenta sea más alto: la Ley 28121, que no había sido citado en el informe de diciembre.

El segundo informe remarca que esa norma establece que “el presidente de la República tiene la más alta remuneración en el servicio de la Nación”, la cual “es fijada por el Consejo de Ministros en un monto superior a la de los Congresistas de la República y no será mayor a diez URSP”.

La URSP es la Unidad de Ingreso del Sector Público, que tiene un valor para el 2025 de S/ 2.600. Es decir, según esa ley, el sueldo del presidente tendría que ser mayor que el de los congresistas, pero no podría ser de más de S/ 26 mil. El eventual aumento aprobado para Dina Boluarte fue hasta más de S/ 35 mil.

Al respecto, el mismo informe también añade que la Ley de Presupuesto para el 2025 establece que las entidades que pasan a la Ley Servir están exoneradas de las prohibiciones establecidas en la citada Ley 28121 y están exoneradas de la prohibición de aumentar las remuneraciones de sus funcionarios.

Esos dos son los principales añadidos de este segundo informe. Luego, se vuelve a recomendar que se derive el documento a la PCM “para que se sirva solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, se establezca la valorización del puesto de presidente de la República”, teniendo en cuenta todas las leyes y normas citadas previamente.

Cuatro días después, el pasado 10 de febrero, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió su propio informe sobre el tema, destinado al Subsecretario General de Palacio de Gobierno. El documento es firmado por Fiorella Mercedes Gotelli Meléndez, jefa de esa oficina.

Citando la resolución de Servir y el informe emitido días antes por Recursos Humanos, se citan los mismos argumentos para remarcar que el Despacho Presidencial no está impedido de aumentar el sueldo de sus funcionarios y que el presidente tiene “la más alta remuneración en el servicio de la Nación”, la cual “es fijada por el Consejo de Ministros” mediante decreto supremo.

Con ello, se emite una “opinión favorable a la recomendación de derivar el pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros para que se sirva solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que evalué la valorización del puesto de Presidente de la República”.

Ese mismo 10 de febrero, el Subsecretario General de Palacio de Gobierno envió un oficio a la PCM para requerirle que dé trámite a la “valorización de puestos de funcionarios” en el Despacho Presidencial con base a los informes ya citados de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica. Es decir, que dé trámite a la definición del nuevo sueldo de Dina Boluarte.

Ese oficio fue el documento revelado en mayo pasado por el dominical Panorama para evidenciar que el trámite del aumento de sueldo de Dina Boluarte se impulsó en el mismo Despacho Presidencial, algo que el Ejecutivo había negado. Sin embargo, los otros dos informes previos no se conocían hasta ahora. Sumándose al primer informe emitido desde Palacio sobre el tema, se evidencia que el trámite comenzó a gestarse en diciembre, aunque se tramitó con mayor velocidad a partir de febrero.

La velocidad aumentó a fines de abril. Con base en la hora y fecha de las firmas de los documentos, se puede determinar que se emitieron sucesivos documentos relacionados a este trámite en cuestión de horas y durante la noche y la madrugada.

El 28 de abril, el MEF emitió el ya conocido informe que recomendaba elevar el sueldo de Dina Boluarte a S/ 35,568. Al día siguiente, el 29 de abril por la noche, enviaron ese documento a la PCM, en respuesta al pedido para “determinar la compensación económica” de la jefa de Estado. Y solo un par de horas después, la PCM envió los documentos a la Secretaría General del Despacho Presidencial para consultar su “disponibilidad presupuestal” y “continuar con el trámite correspondiente”.

Otras dos horas después, a solo minutos de la medianoche, la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial remitió los documentos a David Jiménez, jefe de la Oficina de Presupuesto de Palacio, para requerir su “opinión técnica correspondiente sobre la disponibilidad presupuestal para financiar dicha actualización (…) durante el presente año fiscal”. Es decir, para que informe si había el presupuesto para el aumento de sueldo a Dina Boluarte recomendado por el MEF.

La respuesta de la Oficina de Presupuesto llegó otras dos horas después, a la 1 a.m. del 30 de abril, según la firma virtual de David Jiménez en su informe de cinco páginas dirigido a la Subsecretaría General del Despacho Presidencial.

De acuerdo con el documento, con el fin de “dar viabilidad a la priorización propuesta”, se determinó que el “costo” de la “actualización” del sueldo para el resto del año sería de S/ 384.252,96. Ese monto incluye los ocho sueldos (mayo-diciembre), S/ 53.352 por aguinaldos, S/ 20.748 y S/ 25.608,96 por pagos de EsSalud. Con ello, se emitió una “opinión favorable sobre la disponibilidad presupuestal”.

Con el soporte legal, técnico y presupuestal, el aumento aún tenía que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Sin embargo, la velocidad del trámite se diluyó en los primeros días de mayo, cuando el informe del MEF que recomendaba el nuevo sueldo de Dina Boluarte fue publicado por El Comercio y otros medios de comunicación.

El efecto que tuvo la revelación pública de este trámite quedó evidenciado en la respuesta que dio días después el Despacho Presidencial a El Comercio frente al pedido de información para acceder a los informes de sus oficinas de Asesoría Jurídica y Recursos Humanos sobre el tema. Allí se acusó a este Diario y otros medios de crear “confusión social”, “un retraso innecesario” sobre el tema y de repercutir “negativamente en la continuación del proceso de aprobación para la determinación de la compensación económica del cargo presidencial”.

Recién el último 2 de julio, dos meses después de los últimos informes técnicos sobre el tema, el Consejo de Ministros finalmente aprobó el aumento del sueldo de la presidenta. En una nueva muestra de la poca transparencia que marcó todo este proceso, el acta de la sesión del gabinete de ese día solo indica que se aprobó “previo análisis y deliberación”.

No hay detalles respecto a cuáles fueron las posturas concretas de los ministros, sino que apenas se indica que se le dio luz verde “por unanimidad” y “con cargo a redacción”. El decreto supremo se publicó dos días después, con lo que Dina Boluarte comenzaría recibir su nuevo sueldo a fin de mes. Queda por verse si también recibirá aguinaldo, como habían proyectado los funcionarios de su propio despacho.