Confidencialidad y privilegios: así se aprobó el nuevo sueldo de Dina Boluarte de S/ 35 mil 568

En medio de una impopularidad histórica y mediante un proceso poco transparente, el gobierno dispuso un aumento de más del 120% en el sueldo de la presidenta Dina Boluarte, que pasará de ganar S/ 16.000 a S/ 35.568.

La medida fue anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, en conferencia de prensa el miércoles 2 de julio.

El titular del MEF precisó que el Consejo de Ministros aprobó el decreto supremo que oficializará el incremento. Este sería publicado este jueves en el diario El Peruano y entrará en vigencia al día siguiente.

“Se ha dado cumplimiento a lo que establece el artículo 23 de la Ley de Presupuesto, aprobada en noviembre del año pasado, y también a la Ley de Servicio Civil”, justificó Pérez Reyes.

Por su parte, el primer ministro Eduardo Arana defendió el aumento señalando que, “conforme a la Constitución, la presidencia de la República representa la más alta función dentro del aparato estatal. Es la máxima autoridad en la jerarquía del Estado. Y tenemos funcionarios que están incluso por encima de S/ 60 mil”.

La decisión se ejecutó con documentos que el propio gobierno ha declarado confidenciales. Además, se da en un contexto de creciente desgaste del gobierno y cuestionamientos hacia la presidenta por conductas alejadas de la austeridad que exige su investidura, como usar joyas de alta gama y someterse a cirugías estéticas.

Según una encuesta nacional de Datum para El Comercio, realizada en junio pasado, Boluarte cuenta con apenas 3% de aprobación ciudadana. Es el nivel más bajo registrado por un presidente peruano desde 1980.

A pesar del abrumador rechazo que enfrenta, el Ejecutivo ha optado por seguir adelante con una medida impopular en un momento especialmente delicado para el país. El 89% de peruanos considera que el Perú carece de rumbo, según otro estudio de Datum Internacional de marzo pasado. Además, más del 70% de la población siente que la situación económica ha deteriorado su calidad de vida, como reveló otra medición de la misma encuestadora en junio de 2024.

El salto salarial

La decisión de aumentar el sueldo de la mandataria tiene como sustento un informe elaborado por el MEF, a pedido de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Parte de la documentación se filtró a la prensa. No obstante, de manera oficial, el gobierno se ha negado a hacerlo público.

El informe del MEF fue elaborado a partir de dos componentes: una comparación con los sueldos de mandatarios en otros países de la región y un análisis de las remuneraciones de altos funcionarios en el Perú.

Según el documento, el sueldo anterior de Boluarte —S/ 16.000— es el segundo más bajo entre los presidentes de América Latina, superando solo al del mandatario de Bolivia.

En el informe se argumenta que, en función de su jerarquía y nivel de responsabilidad, la presidenta debe percibir un salario que refleje esa preeminencia. Se menciona, por ejemplo, que magistrados del Tribunal Constitucional y miembros de la Junta Nacional de Justicia ganan S/ 35.017, y los ministros de Estado, S/ 30.000.

La cifra final establecida como “adecuada” para la presidenta de la República es de S/ 35.568; es decir, un incremento del 122.3%.

Transparencia en cuestión

A mediados de mayo, luego de que El Comercio solicitara el expediente del incremento mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tanto la PCM como el MEF declararon el documento como “confidencial”.

El argumento empleado por ambas entidades se basó en el artículo 17 de la referida norma, que permite la reserva de documentos que contengan “consejos, recomendaciones u opiniones” durante procesos deliberativos previos a una decisión de gobierno. Así, sostuvieron que la información no podía ser difundida porque el incremento aún no era materia de agenda del Consejo de Ministros.

Sin embargo, esta interpretación fue refutada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP). En una opinión consultiva solicitada por este Diario, la entidad —adscrita al Ministerio de Justicia— concluyó que la decisión de clasificar como confidencial la información sobre el aumento de sueldo de la presidenta carece de sustento legal.

“La información referida a las remuneraciones de los funcionarios públicos, la escala remunerativa de ellos o el incremento de estos es de naturaleza pública”, precisó la ANTAIP en su opinión N° 024-2025-JUS/DGTAIPD, firmada por su director general, Eduardo Luna Cervantes.

Además, agregó que en un “Estado democrático”, el acceso a documentos sobre los salarios de los altos funcionarios públicos “no solo es un mandato legal, sino una condición necesaria para el buen gobierno y la lucha contra la corrupción”.

El incremento salarial también se produce mientras la presidenta Boluarte enfrenta un cúmulo de investigaciones fiscales y denuncias constitucionales en su contra. La Fiscalía de la Nación le imputa presuntos delitos como cohecho pasivo impropio en el denominado Caso Rolexgate, encubrimiento personal en el Caso Cofre, abandono del cargo por las cirugías estéticas a las que se sometió y colusión agravada en el Caso Qali Warma, entre otros procesos.

Cuestionamientos

El exministro de Economía Alfredo Thorne cuestionó la forma en que el gobierno aprobó el aumento salarial de la presidenta señalando que, más allá de si es justificable o no, la medida debió seguir un procedimiento responsable.

“Más allá de que sea justificable o no, el gobierno tiene que proceder de la siguiente forma: uno, debe realizarse un estudio que defina el sueldo de la presidenta. Porque ese monto no solo impacta su remuneración, sino que afecta toda la escala salarial del sector público”, explicó en diálogo con El Comercio.

Thorne advirtió que no se habría evaluado con claridad el impacto fiscal que puede generar la decisión. Y, además, señaló que se ha cometido un error elemental en la ejecución del aumento.

“El Gabinete comete un error, porque la presidenta se ha aumentado el sueldo, pero su pliego, es decir, la oficina de la Presidencia de la República, no tiene los recursos para financiarlo. Entonces, o recorta otros gastos o tendrá que pedir una ampliación presupuestal al Ministerio de Economía”, indicó.

En caso el MEF no tenga disponibilidad para autorizar dicho incremento, añadió Thorne, tendría que solicitar esos recursos al Congreso. “Lo lógico hubiese sido conformar una comisión que evalúe los sueldos de la presidenta y demás funcionarios públicos, y que el resultado de ese análisis se incorpore en el proyecto de presupuesto general del año siguiente”, sostuvo.

Para el exministro, de haberse hecho correctamente, la nueva escala salarial debió entrar en vigencia a partir del 2026.

En tanto el exministro de Economía Luis Miguel Castilla cuestionó la forma en la que se aprobó el aumento salarial.

“Esto, con toda seguridad, no nace del Ministerio de Economía y Finanzas. Alguien ha tomado esa decisión. Probablemente la misma presidenta o el primer ministro, porque no puedo concebir que la línea técnica, de motu proprio, haya decidido que es hora de que la presidenta gane más”, afirmó en diálogo con Canal N.

El extitular del MEF consideró que “el consenso de los técnicos que hemos comentado sobre el tema hubiese sido corregir esta distorsión, pero que no aplique al gobierno de turno”.

En tanto, la asociación civil Transparencia consideró que el incremento salarial de la mandataria es un “acto de frivolidad”.

“Que una autoridad política completamente deslegitimada y prácticamente de salida decida subirse el sueldo es evidencia de una profunda desconexión con la ciudadanía, que sufre, por el contrario, los estragos de una deficiente gestión pública”, agregó mediante un pronunciamiento.

Exigen explicaciones

El congresista Alfredo Pariona (Bancada Socialista) envió un oficio al presidente del Consejo de Ministros, en el que solicita información detallada sobre los fundamentos que respaldan el aumento salarial.

En el documento, Pariona pide la remisión urgente de “todos los antecedentes administrativos e informes técnicos” que sustentaron el aumento del sueldo presidencial a S/ 35.568. El congresista advierte que este incremento constituye “una afrenta directa a la situación de pobreza, desempleo e informalidad que viven millones de peruanos”.

Pariona también critica duramente el momento en que se toma esta medida: “Resulta inaceptable e insensible que, en medio de una crisis económica prolongada, donde el Estado ha mostrado limitaciones para atender necesidades básicas de salud, educación y alimentación, se adopten decisiones que alejan aún más al gobierno de la realidad que atraviesa el pueblo peruano”.

Por su parte, el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular) consideró que “en un país donde no solo se vive con inseguridad ciudadana, sino también con inseguridad alimentaria que afecta a más del 50 % de la población, aumentar el sueldo presidencial es un acto de absoluta indolencia”.

En tanto, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) calificó la decisión como un acto de “descaro” y aseguró que la presidenta vive desconectada de la realidad.

“Exigimos que esta medida sea revertida de inmediato. Los recursos deben ir a lo que realmente importa: salud, educación y bienestar de los ciudadanos”, agregó.

APP respalda el aumento

El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, expresó que si bien comprende que el contexto social y económico es complejo, no se puede simplificar el debate solo por el rechazo popular hacia la presidenta.

“Más allá del contexto —sé que es difícil para todos los peruanos—, tampoco podemos actuar de manera facilista al cuestionar una remuneración en el cargo más alto que tiene un país”, declaró a El Comercio.

Valdez argumentó que el monto fijado para el nuevo salario presidencial le parece razonable en función del nivel de responsabilidad que implica el cargo, sin importar quién lo ejerza.

“Sea Dina Boluarte, Vizcarra o quien fuera, un presidente debe tener una remuneración que le permita trabajar con responsabilidad y a tiempo completo a favor de los intereses del Perú”, afirmó.

Señaló que no se trata de cuestionar a la persona que ocupa el cargo, sino de evaluar la naturaleza y el peso institucional de la función. No obstante, destacó que decisiones como esta deben tomarse con transparencia.

Antecedentes

En 2006, el entonces presidente Alan García, al iniciar su segundo gobierno, decidió rebajar su remuneración de S/ 42.000 a S/ 16.000. La medida incluyó también recortes en los sueldos de ministros y congresistas. En su momento, García afirmó que se trataba de un gesto necesario en un país con graves desigualdades económicas.

Posteriormente, en 2014, el gobierno de Ollanta Humala elevó el sueldo de los ministros de Estado de S/ 15.600 a S/ 30.000. Sin embargo, el sueldo presidencial se mantuvo sin cambios.

Con la reciente decisión del gobierno de Boluarte, se rompe esa continuidad de casi dos décadas.