Representantes del Estado peruano defienden ante la Corte IDH ley de amnistía para miembros de FF.AA y PNP

Los representantes del Estado peruano defendieron la postura del Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional (PNP) y Comités de Autodefensa que lucharon contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

César Pastor Briceño, uno de los representantes, cuestionó el “escrutinio eterno” a los militares y policías, y que sigan siendo procesados durante varias décadas sin respetar el plazo razonable.

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“No podemos admitir la narrativa y el pensamiento único que se pretende imponer, y que supone el escrutinio eterno de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de los comités de autodefensa. Muchos de estos ciudadanos, militares y policías, han muerto en los últimos años privados de su libertad sin siquiera recibir una sentencia condenatoria o absolutoria”, expresó.

“Eso consideramos que viola el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. No puede someterse a ningún ciudadano peruano a un juicio que dure 20, 30 años en el que las prisiones preventivas se prolonguen indefinidamente, y asimismo nos genera siquiera molestia que se use el término negacionista para denominar al Estado peruano”, agregó.

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Pastor Briceño también afirmó que el término negacionista se asocia a la resistencia del Estado peruano a llamar conflicto interno a la lucha contra el terrorismo y se mostró a favor de que los jueces realicen el control de convencionalidad correspondiente a la norma aprobada por el Congreso.

Critica a fiscal de la Nación

Por su parte, Ángel Delgado Silva, jefe de la Oficina Legal del Congreso y que fue presentado en la audiencia como representante del Estado peruano, manifestó que un importante sector del país “quiere dejar atrás esta página horrorosa en la vida nacional y garantizar que se haga justicia a plenitud”.

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El abogado también se sumó a la postura de Pastor señalando que se viene “persiguiendo” a determinadas personas y se pretende “demonizar” a los congresistas que aprobaron la ley de amnistía.

“¿Eso no violenta el plazo razonable que esta corte ha establecido como un derecho fundamental. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el año 3000, como dice una canción festiva de mi país?”, acotó.

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“No puede ser que en esta corte se pretenda demonizar cuando alguna persona que está libre o cualquier funcionario parlamentario haga la propuesta que le dé la gana, eso es parte del debate democrático. No confundamos el debate democrático, donde se dice de todo, con las decisiones que finalmente se adoptan”, añadió.

Además, Delgado Silva acusó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y a la presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello, de ser “voceras” de quienes buscan derogar la ley de amnistía.

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“Tienen además, ni más ni menos, (como) vocera de esa posición en la figura de la fiscal de la Nación y en la actual presidenta de la Corte Suprema, frente a los cuales evidentemente se discrepa, hay un debate democrático en el país por cierto, porque no estamos por admitir el gobierno de los jueces tampoco, que no es parte de ningún estilo democrático”, manifestó.

“Nosotros consideramos que por ninguna razón se puede establecer, bajo ninguna circunstancia, que se penalice, se prohíba y se traiga aquí como un argumento para ser condenado que algún parlamentario o grupo parlamentario, dentro de sus atributos y competencias, plantee algo que no le guste a los señores. Si así fuere, sería una lista interminable y un debate que no tiene sentido ni fin”, agregó.

“Régimen negacionista”

Por su parte, Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y representante de los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, aseguró que prófugos y sentenciados en primera instancia podrían ser beneficiados.

Mencionó entre ellos a Federico Augusto Navarro Pérez, Haydée Terrazas Arroyo, Aldo Velásquez Asencio, Santiago Martin Rivas y hasta el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

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“En Perú observamos la consolidación de un régimen negacionista que busca dejar en la impunidad las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la época de la violencia. Esto se manifiesta, entre otros, mediante iniciativas legislativas a favor de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”, acotó.

“(También) la adopción de medidas que vulneran el principio de independencia judicial a través del amedrentamiento de jueces y fiscales, que en el ejercicio de un control de convencionalidad, podrían inaplicar estas normas contrarias a la Convención Americana”, añadió.

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