El Ministerio Público reiteró su rechazo a la Ley N.° 32419, promulgada por la presidenta Dina Boluarte, que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la Policía Nacional (PNP) y comités de autodefensa involucrados en acciones durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
“Reiteramos nuestra posición de que dicha norma resulta jurídicamente inviable, vulnera principios constitucionales esenciales y contraviene obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos”, señaló la fiscal superior coordinadora de Fiscalías en Derechos Humanos e Interculturalidad, Rosario Quico Palomino, a través de un pronunciamiento difundido en redes sociales.
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La funcionaria advirtió que la ley “afecta esencialmente el cumplimiento de los deberes de investigar, sancionar y reparar graves violaciones de derechos humanos” y anunció que estarán “solicitando formalmente a la Fiscalía de la Nación la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley”.
En el comunicado, los fiscales del subsistema especializado reafirmaron su compromiso institucional “con la supremacía constitucional, el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas”.
La ley fue firmada por Boluarte en una ceremonia en Palacio de Gobierno y otorga amnistía a efectivos de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa que participaron en operaciones vinculadas a la lucha contra el terrorismo durante dos décadas.
En su discurso, la presidenta afirmó que, con la norma, el Gobierno y el Congreso reconocen a los miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa y les devuelven la dignidad que “nunca debió ser cuestionada”.
Aseguró que la ley se promulgó conforme al marco jurídico nacional e internacional, con la certeza de que los derechos humanos “son la brújula de sus decisiones”.
“Con esta amnistía histórica, el Perú honra a sus defensores (...) No podemos aceptar que quienes dieron su vida o su juventud por defender al Estado de Derecho sigan cargando cadenas judiciales que destruyen sus vidas y las de sus familias”, subrayó.
