Funcionarios del gobierno de Pedro Castillo siguen en puestos claves

Unidad de Investigación

Una de las primeras medidas dispuestas por el gobierno de Dina Boluarte fue remover de sus cargos a prefectos y subprefectos en el ámbito nacional que habían sido designados durante la gestión del presidente Pedro Castillo, pues se consideró que un grupo de ellos participaba o promovía las violentas protestas en el país, que a la fecha han dejado 28 fallecidos y más de 650 heridos.

Luego, el miércoles último, el primer ministro Alberto Otárola resaltó que “[en el Estado] tenemos un problema de gestión pública”, en alusión a los cuestionados nombramientos en la administración gubernamental de Castillo, que en determinados casos obedecieron a presuntos actos de corrupción.

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Sin embargo, cerca de veinte días después de que Boluarte asumiera la presidencia de la República, altos funcionarios colocados por el gobierno de Castillo siguen en puestos claves. Varios de ellos manejan millonarios presupuestos públicos, e incluso algunos se mantienen en sectores donde la fiscalía investiga a redes de corrupción que el exmandatario habría dirigido.

—En la sede de Gobierno—

Entre los casos más notorios está el del general EP José Mariscal Quiroz, designado jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno el 14 de abril pasado, mediante una resolución suprema firmada por el entonces presidente Castillo y Aníbal Torres, en su calidad de jefe del Gabinete Ministerial. El presupuesto anual de ese órgano bordea los S/2 millones.

A fines de octubre del 2021, Mariscal había sido ascendido a general de brigada, con el aval de Pedro Castillo y Walter Ayala, quien era ministro de Defensa. Ambos son investigados por la Fiscalía de la Nación por supuestas irregularidades en los ascensos del personal militar y policial.

El general Mariscal fue señalado como el principal responsable de haber obstaculizado la detención preliminar de Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, en agosto último, en Palacio de Gobierno. El oficial había recibido la orden presidencial de que ninguna persona ingresara a la residencia. Paredes no pudo ser intervenida en ese momento y, tras permanecer como no habida por un día, se puso a disposición de la fiscalía, que la investiga por el Caso Anguía.

En setiembre, Mariscal se negó a entregar las imágenes de las cámaras de seguridad de Palacio a congresistas que las habían solicitado.

—En el Minem—

Otro funcionario cuestionado de la gestión de Castillo que permanece en su cargo es el viceministro de Electricidad, Martín Dávila Pérez, designado en octubre del 2021 por el entonces ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro. Este último estuvo vinculado al partido del exgobernador regional Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción.

Dávila fue mencionado por el empresario Hugo Espino, implicado en el Caso Anguía y relacionado a la presunta red criminal en el Ministerio de Vivienda, donde operaba el grupo denominado Los Chiclayanos, cercano al exmandatario. “[El alcalde Nenil Medina] me indicó que tiene de contacto a los ministros y gente de confianza de Pedro Castillo como Geiner Alvarado, Salatiel Marrufo, Juan Silva, Martín Dávila [...]”, dijo Espino ante la fiscalía.

En el Viceministerio de Electricidad está la Dirección General de Electrificación Rural, cuyo presupuesto para el 2022 ascendió a los S/387,8 millones.

El viceministro Dávila, natural de Chota (Cajamarca) como el expresidente, fue identificado como uno de los visitantes de la casa ubicada en el jirón Sarratea, en Breña, donde Castillo realizaba reuniones informales, según las pesquisas.

—Sector Vivienda—

En Sedapal, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, están Augusto Eguiguren Praeli, como presidente del directorio, y Víctor Alarcón Ramírez, encargado de la gerencia general.

Eguiguren fue nombrado en aquel puesto el 23 de abril del 2022, a propuesta del ministerio que estaba a cargo de Geiner Alvarado, investigado por supuestos actos de corrupción en el sector, junto a Salatiel Marrufo, su exjefe de gabinete de asesores.

Según registros del Ministerio de Vivienda, Eguiguren se reunió dos veces con Marrufo, el 6 de mayo y el 1 de junio de este año. Y con Alvarado, el 23 y 31 de mayo. En la actualidad, Marrufo está recluido de forma preventiva.

En tanto, la designación de Víctor Alarcón en la gerencia general fue aprobada el 8 de junio del 2022, con el aval de Marrufo, quien además era miembro del directorio de Sedapal.

El 31 de mayo del 2022, Alarcón se reunió con Geiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda. En la cita participaron Augusto Eguiguren, otros representantes de Sedapal y también de la Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos).

En un audio que la fiscalía tiene como parte de sus indagaciones, el investigado empresario Zamir Villaverde se refiere a una millonaria obra con la participación de la Unops.

El 23 de junio del 2022, Sedapal adjudicó la licitación de una obra de S/102 millones al consorcio integrado por el Grupo Constructor Parasol, como postor único, que también había obtenido la buena pro de la “carretera del presidente” en Anguía, Cajamarca, proyecto impulsado por el alcalde Nenil Medina. Posteriormente, la entidad anuló la adjudicación.

—Otras entidades—

En la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Robert López es el director ejecutivo desde el 18 de mayo pasado.

La entidad maneja un presupuesto anual de más de S/8 mil millones.

A la ARCC ingresaron a laborar varios funcionarios que estuvieron en el Ministerio de Vivienda durante la gestión de Geiner Alvarado.

En noviembre, El Comercio reveló que la esposa de López, Margory Goicochea, obtuvo contrataciones con entes del Ejecutivo por S/70 mil durante el 2022.

En el caso de Indecopi, Julián Palacín es el titular desde el 14 de setiembre del 2021 Su designación fue cuestionada debido a que obedeció a criterios políticos y no técnicos. Palacín fue candidato al Congreso por Perú Libre.

El presupuesto de esa entidad supera los S/175,8 millones al año.

Además, el excongresista Virgilio Acuña, quien difundió su “renuncia irrevocable” en redes sociales luego del fallido golpe de Estado de Castillo, continúa como viceministro de Transportes.

Nombrado el 24 de noviembre, Acuña es aliado político de Antauro Humala, quien en agosto salió en libertad tras 17 años de cárcel por el ‘andahuaylazo’, que dejó cuatro policías muertos. El presupuesto que manejaría es de más de S/8.500 millones para obras.

Dato

Virgilio Acuña confirmó que sigue como viceministro en el MTC, pese a la renuncia que presentó el 7 de diciembre. “[Mi cargo] depende de la ministra [Paola Lazarte] y de la presidenta [Dina Boluarte]”, declaró a este Diario.