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Juan José Santiváñez realizó 15 designaciones de altos funcionarios en un mes al frente del Ministerio de Justicia
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En solo un mes desde su cuestionado retorno al Ejecutivo y de asumir la conducción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez ha realizado, al menos, 15 designaciones de altos funcionarios en esta oficina, según pudo documentar El Comercio, tras la revisión de una serie de resoluciones ministeriales [ver recuadro].
Uno de los cambios fue reubicar a Edwar Rebaza Iparraguirre y ascenderlo como secretario general del referido sector.
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Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.
El abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo había sido jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica durante la administración del hoy primer ministro, Eduardo Arana, en el MINJUSDH.
Rebaza Iparraguirre- según informó el programa “Panorama”- habría recibido una llamada de Arana para que viabilizara la solicitud de Santiváñez a favor de Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”.
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Como se recuerda, en una grabación, revelada por el mismo dominical, se escucharía al censurado exministro del Interior interceder antes el actual jefe de Gabinete Ministerial por el policía sentenciado por sus nexos con la red criminal Los Injertos de K y K, a fin de que este sea traslado a un pabellón con régimen abierto en el penal El Milagro, de Trujillo.
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El secretario general del MINJUSDH rechazó que haya tenido injerencia en la situación penitenciaria de “El Diablo”.
“No he tenido participación alguna al respecto, siempre me he regido en el marco de la legalidad y de lo que corresponde”, indicó, a través de un mensaje al referido programa.
También negó que su ascenso, ya con Santiváñez al frente del Ministerio de Justicia, haya tenido relación con este hecho. Agregó que tiene más de 15 años en el Estado en altos cargos en diferentes gobiernos y sectores.
Fuentes cercanas al MINJUSDH indicaron que Rebaza Iparraguirre habría actuado como una suerte de “nexo” o “enlace” de Arana con el INPE, cada vez que había que abordar un tema relacionado a esta institución, entre ellos solicitudes como la del exministro del Interior.
Por medio de una carta notarial dirigida a El Comercio, el secretario general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos negó que él haya sido el nexo o en enlace entre Arana y las autoridades del INPE. Agregó que su designación en el cargo, ya en la administración de Santiváñez, no obedece a motivaciones irregulares.
Rebaza Iparraguirre, además, subrayó que cuenta con 15 años de experiencia en la administración pública, de los cuales 13 de estos han sido en cargos ligados a la dirección y gerencia en distintos gobiernos y sectores.
También remarcó que, a la fecha, “no cuento con ningún tipo de denuncia o investigación en mi contra”.
“No mantengo vínculos que comprometan mi independencia profesional ni he recibido instrucción alguna para vulnerar principios éticos o legales [...] Mi designación se realizó conforme a ley y siguiendo los procedimientos vigentes”, indicó.
Tres nuevos asesores
Entre el 2 y 21 de setiembre, Santiváñez ha nombrado a tres asesores para su oficina. Se trata de Natalia Royle Sansoni, Tiberio Martínez Rivera y Gerson Villar Sandy. Todos con pasado en la administración pública.
Royle Sansoni ha trabajado como experta legal en el Ministerio de Salud, en Servir y en el Indecopi. Pero también fue asesora en el Ministerio del Interior, entre abril y mayo de 2024, cuando Santiváñez era viceministro de Orden Interno y en sus primeros días como titular de Interior, tras la salida de Walter Ortiz Acosta.
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Durante la administración de Arana en el sector de Justicia, Martínez Rivera fue consejero, jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de manera interina y titular de la Dirección de Política Criminológica. En este último cargo, a inicios de enero último, se pronunció ante el Congreso a favor de la restitución de la detención preliminar, pero solo para delitos graves, como organización criminal, sicariato, feminicidio, entre otros.
“No debe ser una regla abierta para cualquier ilícito”, manifestó entonces Martínez Rivera, quien fue juez supernumerario en el Callao.
Villar Sandy- quien fue designado como asesor de Santiváñez el último domingo- renunció en mayo del 2020 a la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a solo dos meses en el cargo. ¿La razón? Se registraron motines en los penales de Picsi (Lambayeque) y Miguel Castro Castro (Lima), que dejaron un total de 12 muertos. Los internos exigieron mejor atención de salud ante el inicio de la pandemia de COVID-19 en el país.
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En las cuatro semanas que lleva al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Santiváñez también realizó cambios en cuatro direcciones: Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos (Eduardo Gonzalo Muga Melgarejo); Política Criminológica (Jhoner Quispe Romani); Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica (Ingrid Aguilar Villar); y Programa Nacional de Centros Juveniles (Francisco Naquira Cornejo).
Y, además, en cuatro oficinas: Gestión de Inversiones (Kelly Mejía Torres); Infraestructura y Soporte Tecnológico (Hugo Bustamante Mondragón); y Asesoría Jurídica (Carlos Huacho Llerena).
“Grave y nefasto”
El ex jefe de Gabinete Ministerial y exministro de Justicia y DD.HH. Juan Jiménez Mayor dijo que le llama la atención que Santiváñez esté, en la práctica, “desarmando” la estructura que dejó Arana en el MINJUSDH.
“Es sintomático y demuestra el poder que tiene Santiváñez sobre el primer ministro”, manifestó.
En comunicación con El Comercio, Jiménez Mayor consideró que más allá de los audios sobre “El Diablo” y el anuncio para reabrir el penal de El Frontón, lo más polémico, hasta el momento, ha sido la “amenaza” a los jueces que no apliquen la ley de amnistía para militares y policías.
En el podcast “Eso Háblalo”, Santiváñez dijo que su despacho estaba “obligado” a respetar y a acatar la referida norma y dejó abierta la posibilidad de instruir a los procuradores a denunciar a los magistrados que no la apliquen.
“Es una ley, y desde el Minjus estamos obligados a respetarla, a acatarla, a cumplirla y a defenderla. En los próximos días, tengo una reunión con los procuradores para también iniciar acciones legales contra los jueces que no resuelvan de acuerdo con nuestro marco jurídico”, manifestó el ministro de Justicia, entonces.
“Esto es grave y nefasto, él ha lanzado, como ministro de Justicia, una amenaza a los jueces, prácticamente ha dicho que dará instrucciones a los procuradores para que denuncien a los jueces que inapliquen la ley de amnistía. Solo en dictaduras hay amenazas de este tipo. Su tarea como ministro es velar por la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público”, expresó Jiménez Mayor.
El ex primer ministro también criticó que ciertas bancadas del Congreso, entre ellas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y otras, no hayan definido a siete días desde la difusión de los audios entre Arana y Santiváñez una postura sobre la continuidad de estos. “El presidente del Congreso dijo que esta denuncia era un tema de segundo nivel y parece que, para algunas bancadas, entre ellos la fujimorista también”, complementó.
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El ex viceministro de Justicia Gilmar Andía refirió que el nuevo secretario general del MINJUSDH es una persona vinculada al INPE, porque fue gerente general y jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de esa institución.
“Estos cambios obedecen a que [Santiváñez] está buscando personas que no cuestionen sus nuevas políticas. El secretario general es la máxima cabeza administrativa de un ministro, porque por él pasan los gastos, las contrataciones y el presupuesto del sector. ¿Rebaza tiene experiencia como secretario general de un ministerio? Hay que revisar. Las razones de su nombramiento pueden ser otras”, manifestó.
En declaraciones a este Diario, Andía recordó que el ministro de Justicia, al asumir el cargo, dejó entender que en el sector había “mucho caviar” y, a razón de esa lógica, está haciendo cambios.
“Retirando a directores que venían de gestiones anteriores, que supuestamente eran una continuidad, va a buscar hacer cambios abruptos en las políticas y en las opiniones técnicas que emita el Minjus. Eso es peligroso y hay que tener un ojo con lo que venga más adelante, referido a las propuestas normativas”, remarcó.
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Andía también criticó que, en un mes en el cargo, Santiváñez no haya dado propuestas, más allá del anuncio populista de reabrir El Frontón y de la reforma del sistema de justicia.
“Ha dicho que va a impulsar una reforma de la justicia, pero fue un anuncio genérico. En la política penitenciaria tampoco sabemos qué pasará con los penales en construcción de Ica y Arequipa. En 30 días, no veo ningún anuncio o propuesta que signifique un avance. Solo hemos visto a un ministro vinculados a presuntos actos de corrupción”, finalizó.
Más información
La congresista Susel Paredes (Bloque Popular Democrático) presentó el último martes la moción de censura en contra de Santiváñez, tras la difusión de un conjunto de audios donde evoca influencias en el Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia e INPE para favorecer a “El Diablo”, su excliente.
“Un protector de delincuentes no puede ser ministro de ninguna cartera, ¡Santivañez, otra vez, te vamos a censurar!”, escribió Paredes la semana pasada.
El texto de la moción cuenta con la firma de 35 legisladores. El reglamento exige un mínimo de 33 para su presentación y otros 66 para su aprobación. Además del Bloque Democrático Popular, que impulsa la moción, también la respaldan representantes de otras bancadas de izquierda, como Juntos por el Perú-VP-BM, Bancada Socialista y Perú Libre.
A ellos también se han sumado congresistas de Podemos Perú, Renovación Popular, Honor y Democracia y Somos Perú, respectivamente, además de tres congresistas no agrupados (Flor Pablo, Margot Palacios y Edward Málaga).
CORRECCIONESEste informe fue publicado el 25 de setiembre y actualizado el 30 del mismo mes, con la carta notarial del secretario general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que negó que él haya sido el nexo o en enlace entre Arana y las autoridades del INPE. Y señaló que su designación en el cargo, ya en la administración de Santiváñez, no obedece a motivaciones irregulares.
