En caso sea modificada o invalidada la Ley de Extinción de Dominio vigente, que permite la persecución de los bienes y dineros de origen ilícito o delictivo, al menos cinco mil procesos relacionados a actos de corrupción, como muchos otros más, quedarían afectados.
Así lo alertó el coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, el juez supremo Manuel Luján Túpez, respecto al proyecto de Ley 3577, que pretende que un proceso judicial haya sido finalmente resuelto antes de que los bienes mal habidos sean confiscados.
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“Este proyecto de Ley, aprobado en primera votación por el Congreso (y que está a la espera de segunda votación), establece su aplicación inmediata, por eso es que están al apuro y si ello ocurre, más de 5 mil procesos, la mayoría vinculados a casos de corrupción quedarían en la total impunidad”, afirmó.
El magistrado refirió que el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio logró recuperar cerca de US$160 millones (que incluye 100 kilos de lingotes de oro) a favor del Estado en procesos por delitos de corrupción, narcotráfico, lavados de activos, minería ilegal, tala, trata de personas, etc.
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“Un sicario, extorsionador, un minero o un corrupto, para delinquir, necesita dinero y el proceso de extinción ataca donde más les duele, el bolsillo, y retira del mercado ese dinero para que no sigan haciendo esas fechorías; por eso, ese cambio a la ley le da al crimen la oportunidad de cometer delitos”, explicó.
Por tanto, Luján Túpez refirió que el Poder Judicial ha enviado una comunicación al Congreso en que expresa “la calamidad que significaría quitar esa ley”, que conllevaría al incumplimiento de compromisos internacionales ratificados en los convenios de Viena, Palermo y Mérida.
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Asimismo, sostuvo que la modificación a la vigente Ley de Extinción de Dominio nos colocaría en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que nos convertiría en un país paria.
“Si dejamos esta ley vigente de extinción de dominio o es declarada inconstitucional, el Perú será colocado en una lista negra, como un país de riesgo, los inversionistas van a retirar su dinero y, obviamente, seriamos un paria internacional como lo son Venezuela, Tanzania”, dijo.
El magistrado indicó que el proyecto de Ley 3577 denota “mala intención” porque exige antes de intervenir los bienes ilícitos que el caso quede firme o cuente con sentencia sobre la que no procede ninguna acción judicial; además que los procesos prescriban a los 5 años.
“Es decir que el proceso si todavía está en marcha y dura diez años, por el modelo que tenemos, a los cinco años ya todo proceso de extinción sería imposible y no habría manera de poder extinguir o incautar los bienes”, señaló.
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“Nos desborda la criminalidad, la corrupción, la minería ilegal y si destruimos el acicate de la Ley de Extinción de Derecho que nos queda en el Estado Constitucional de Derecho, ¿cómo vamos a protegernos del crimen?”, sentenció Luján Túpez.
Cabe señalar que mañana 20 de febrero, el Tribunal Constitucional (TC) evaluará en audiencia pública la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo, a cargo de Josué Gutiérrez, contra la Ley de Extinción de Dominio.
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La demanda la realizó mientras el Poder Judicial definía un proceso de extinción de dominio contra un vehículo de propiedad de una empresa cuya representante legal era la hermana de actual titular de la Defensoría, Sara Gutiérrez Cóndor.
