Caso Cocteles: Las opciones que evalúan Ollanta Humala, Nadine Heredia y Susana Villarán para beneficiarse con el fallo del TC

En el caso del expresidente y su esposa, se apuntaría al archivo del proceso por el que ya fueron sentenciados en primera instancia hace solo meses, en marzo pasado. En tanto, la exalcaldesa buscaría que se desestime -como mínimo- el delito de lavado de activos dentro del juicio que actualmente enfrenta, donde también se le imputan otros ilícitos.

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La sentencia del Tribunal Constitucional establece, a partir del caso de Keiko Fujimori, que el hecho de “haber recibido y tener activos de procedencia presuntamente delictiva” recién es sancionable por ley a partir de noviembre del 2016. También se sostiene que “el conocimiento del origen ilícito de los fondos es esencial para que se configure el delito, situación que resultaría incierta, considerando que ni en el año 2011 ni en el año 2016 eran conocidas las actividades ilícitas de la empresa constructora Odebrecht”.

El caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia tiene mayor similitud con el de Keiko Fujimori e incluso aborda hechos más antiguos. La fiscalía logró que el Poder Judicial los condene por lavado de activos por aportes ilícitos del Gobierno de Venezuela a su campaña del 2006 y de Odebrecht en la del 2011. Se trata de la misma campaña en que la empresa constructora, según declaración de sus exejecutivos, también aportó al fujimorismo.

En septiembre del 2023, en una declaración pública dentro del juicio del Caso Metro de Lima, el exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, manifestó ante jueces peruanos lo que ya había manifestado en sus testimonio ante la fiscalía: que aportaron a distintas campañas electorales en Perú, por un valor de más de US$ 7 millones, como parte de un mecanismo con el que se les “abría las puertas” al poder político.

“Hemos aportado a la campaña del señor [Ollanta] Humala, de la señora Keiko Fujimori, a la campaña del señor [Pedro Pablo] Kuczynski, a la campaña del señor Alan García, a la campaña en contra de la revocatoria de la doctora [Susana] Villarán (...) Me acuerdo del monto del señor Humala, que era US$ 3 millones; me acuerdo del monto de la señora Fujimori, que era US$ 1 millón; de la señora Villarán, US$ 3 millones. Los otros, exactamente, no me acuerdo”.

Todos esos casos de aportes fueron investigados por el equipo especial Lava Jato de la fiscalía. Por el suyo, Ollanta Humala cumple hoy una condena de 15 años de prisión en el penal de Barbadillo, mientras que Nadine Heredia está en Sao Paulo, Brasil, como “asilada” del gobierno de Lula da Silva. Sus apelaciones están en trámite, pero aún no hay fecha para el inicio de la revisión de sus sentencias en segunda instancia.

Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente, está convencido que la sentencia del TC debe tener el mismo efecto sobre el caso contra sus defendidos: el archivo. “Son casos parecidos, ambos tienen que ver con el financiamiento de campañas. Para nosotros, los fundamentos del TC no son nuevos. Los hemos invocado desde el 2016 en la investigación, los hemos invocado durante el juicio. Por lo tanto, por supuesto que resulta homogéneo y aplicable lo resuelto en el caso del señor Humala”, dijo a El Comercio.

“En el caso de Ollanta Humala, tenemos campaña 2006 y campaña 2011 (...) Lo que el TC dice es que no se puede aplicar aportes para campañas políticas para casos de lavado antes del 2016. Por dos razones: porque en el 2016 es cuando se conocen los casos de Odebrecht y lo que Odebrecht significaba, y porque en el 2016, y eso es específico para Keiko Fujimori, se introdujo la modalidad de receptación patrimonial (en el delito de lavado)”.

En una primera reacción tras conocer lo decidido por el TC, Germán Juárez, fiscal del equipo especial Lava Jato que logró la sentencia contra el expresidente, dijo a El Comercio el último martes que aún no leía la sentencia; pero que “no creo que afecte, porque es una sentencia para un caso particular, el caso de Keiko Fujimori”. “Los hechos pueden ser similares, pero en el fondo, respecto a la actividad criminal previa, hay una gran diferencia”.

Más allá de eso, en el Ministerio Público también tienen claro que las defensas buscarán que el efecto de la sentencia se aplique para el caso de Ollanta Humala y otros procesados por hechos análogos. Para el fiscal Rafael Vela, coordinador y vocero del Equipo Especial Lava Jato, la decisión del TC tuvo un “sesgo”, cayó en falacias y errores, y tuvo un nivel de “carácter político”.

“Aquí no hay derecha ni izquierda. Todos están juntos porque tienen los mismos intereses”, comentó Rafael Vela en entrevista con Exitosa.. “En la misma argumentación están la señora Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Susana Villarán, el señor Rafael López Aliaga de Renovación Popular (antes Solidaridad Nacional), Lourdes Flores, el Partido Aprista, Pedro Pablo Kuczynski”.

“Todos están en la misma sintonía, en el mismo interés. Lo que se busca acá es darse la mano y decir ‘acá no pasó nada” (...) Nada les importa, porque aquí de lo que se trata es de establecer un pacto de impunidad que ahora ha quedado, de alguna forma, también convalidado a partir de la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional”.

Aún así, el efecto no será inmediato, sino que deberá ser promovido por las defensas de los implicados o incluso podría ser aplicado de oficio por el Poder Judicial o promovido por la fiscalía. Por ahora, la sentencia solo es para el caso particular del Keiko Fujimori. Lo que alcanzará al resto de casos son sus efectos.

¿Cuál sería el camino que recorrerán Ollanta Humala y Nadine Heredia para buscar que el efecto de la sentencia se haga efectivo en sus procesos? Wilfredo Pedraza indicó que era “una posibilidad” promover un habeas corpus, similar al que planteó la defensa de Keiko Fujimori, para llegar hasta el TC y este se pronuncie directamente sobre el caso de Ollanta Humala. “Los habeas corpus tampoco son muy céleres, pero probablemente sea el camino más corto”, apuntó.

El otro camino, añadió, es “hacer valer el tema en el propio juicio”, es decir, cuando se revise el caso en segunda instancia, si bien aún no hay fecha para ello. “En realidad hay varios mecanismos. Lo que está claro es que los efectos de un habeas corpus no se aplican automáticamente. Entonces, vamos a buscar el mecanismo más idóneo, más célere también, porque en este caso hay una ilegal condena por algo que el Tribunal Constitucional ha dicho no constituye delito”, acotó.

Edinson Huamán, otro de los abogados de la pareja, dijo luego a El Comercio que ya había presentado un habeas corpus con ese propósito. “Vamos a interponer habeas corpus ante el juez constitucional de turno (...) Hoy [este martes] se presentó.

“Posteriormente, vamos a realizar nuestro pedido ante la Sala Superior que ve nuestra apelación de sentencia”, añadió. El letrado insistió en que los efectos de lo decidido en el Caso Cocteles aplica para sus defendidos, ya que “el origen de ambos casos es uno solo, supuestamente, recibir dinero de fuente ilícita. El Ministerio Público lo imputó. Igual sucede con los demás casos de supuestos aportes: Apra, Lourdes Flores, etc.”.

De los casos ligados a aportes de campañas, el más avanzado luego de los de Ollanta Humala y Keiko Fujimori es el de la exalcaldesa limeña Susana Villarán. A ella se le acusa de haber recibido más de US$ 11 millones en aportes de Odebrecht y OAS en su campaña contra la revocatoria (2013) y de reelección (2014), que habrían sido una contraprestación a cambio de favorecimientos en los proyectos Rutas de Lima y Línea Amarilla.

La diferencia principal es esa: los aportes fueron para campañas de una autoridad en funciones y el delito fuente del lavado de activos habría sido el acuerdo ilícito (colusión) entre la gestión de la alcaldesa y las empresas brasileñas. Ambos aspectos son rechazados por la defensa de la acusada. La similitud con los casos de Ollanta Humala y Keiko Fujimori, sin embargo, es que se acusa por lavado por aportes a campañas anteriores al 2016.

La investigación a la exalcaldesa se remonta al 2017, el mismo año que se inició el proceso del Caso Cocteles, y actualmente está en juicio. En la audiencia del último lunes, el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de las acusaciones de Keiko Fujimori y de Susana Villarán, indicó que debía analizar la sentencia del TC para determinar sus “alcances en el presente proceso”.

“Es un hecho de conocimiento público que el día de hoy (el lunes), el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2109-2024, ha beneficiado a la persona de Keiko Fujimori en la que declara que no es delito de lavado de activos los aportes de dinero de la empresa Odebrecht en las campañas políticas“, dijo.

También recordó que, en sus alegatos de apertura, la defensa de Susana Villarán planteó la misma defensa que la de Keiko Fujimori, por lo que se debían evaluar “todos los escenarios posibles, incluyendo un posible retiro de la acusación contra la exalcaldesa y los demás procesados por lavado de activos”. De ser así, el proceso seguiría respecto al resto de delitos: colusión, asociación ilícita, falsa declaración y falsedad genérica.

El fiscal pidió suspender el juicio hasta este lunes 27 para hacer esa evaluación, pero el tribunal dispuso seguir con los alegatos iniciales de la defensa hasta ese día. Según anunció el tribunal en la audiencia de este martes, recién en esa fecha se “atenderán las incidencias que se han anunciado”.

En una entrevista brindada al portal ‘LP-Pasión por el Derecho’ este mismo martes, el fiscal indicó que continúa evaluando los posibles efectos de lo resuelto por el TC. No obstante, sostuvo que de la lectura de sus fundamentos, se concluye que “esta sentencia es política, no es de derecho”.

Merly Edquén, abogada de Susana Villarán, dijo a El Comercio que también seguía evaluando la sentencia para ver cómo puede “tener algún efecto o irradiar el caso de la señora Villarán”. “Lo cierto es que el TC se ha pronunciado sobre el fondo, sobre materia penal (...) Queda claro que sí afecta, en general a los casos del equipo especial, sobre todo en los casos de lavado”, indicó.

En cuanto a cómo se vería este efecto dentro del proceso, dijo que están evaluando si presentan una medida, pero que también podría haber un pronunciamiento de oficio del juzgado a cargo del juicio o de la propia fiscalía en la próxima audiencia. En otras palabras, el efecto se vería o se discutiría dentro del mismo juicio.

“Queda claro que no solamente va a afectar al caso de Susana Villarán (...) Estamos evaluando cuál sería el escenario ideal para presentar alguna medida, de ser necesario, o si el colegiado emitirá una decisión de oficio. Según se discutió este martes, cualquier incidente se va a resolver después de la presentación de alegatos de apertura. Me parece una decisión bastante serena dar un espacio para la reflexión, tanto para el Ministerio Público como para las partes procesales

En esa línea, remarcó que “el colegiado puede tomar la decisión más adecuada, incluso puede decidir de oficio muchas cosas. Lo que esta defensa va a plantear será en función al escenario que se presente. Lo que se vaya a plantear o lo que se vaya a hacer va a responder mucho del desarrollo del juicio oral. Ya hay un pedido que tiene que atenderse por parte del colegiado y es el de la suspensión del juicio”, añadió.