Nueva fiscal de la Nación: ¿cuáles serán los principales retos y decisiones de Patricia Benavides?

El contexto en el que Patricia Benavides asumirá el cargo está marcado por la investigación que inició el actual fiscal de la Nación al presidente Pedro Castillo. Esta medida adoptada por Pablo Sánchez contrasta con la que en enero pasado tomó la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos de iniciar dos investigaciones al mandatario, pero suspenderlas hasta que este termine su mandato.

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Como ya ha informado El Comercio, la postura de Patricia Benavides es similar a la de Pablo Sánchez: sí se puede investigar al presidente mientras esté en funciones. Por lo tanto, todo apunta a que la nueva fiscal de la Nación seguirá con línea establecida por su antecesor.

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Antes de jurar como fiscal suprema titular, Patricia Benavides trabajó por más de una década como fiscal adjunto suprema adscrita a la Fiscalía de la Nación. En ese lapso, le ha tocado trabajar junto a los últimos cinco titulares del Ministerio Público: José Peláez Bardales (2011-14), Carlos Ramos Heredia (2014-15), Pablo Sánchez en dos ocasiones (2015-2018 y 2021), y Zoraida Ávalos.

En su momento, Benavides fue una de las fiscales que se opuso a la gestión de Pedro Chávarry, firmando un manifiesto en respaldo a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez cuando estos fueron removidos por él del equipo especial Lava Jato.

Además, según pudo conocer El Comercio, discrepó de la decisión de Zoraida Ávalos de suspender la investigación a Pedro Castillo y –en líneas generales- no tuvo una relación cercana con ella durante su gestión al frente de la institución. Por su parte, su vínculo con Pablo Sánchez es de cercanía y de mayor coincidencia entre posturas penales.

Fuentes del este Diario comentan que en sus años trabajando en la Fiscalía de la Nación hacen que Patricia Benavides ya esté familiarizada con cómo funciona por dentro la más alta instancia del Ministerio Público. Desde allí, la describen como una persona de carácter fuerte, aunque de perfil bajo.

Por ahora, se sabe que Benavides no tiene previsto dar entrevistas, por lo menos hasta que ya esté en funciones como fiscal de la Nación.

Sobre lo que se vendría en la investigación al presidente Pedro Castillo, ya bajo la dirección de Patricia Benavides, el exfiscal Pedro Angulo comentó a El Comercio que correspondería recoger nuevas declaraciones de testigos y coinvestigados para contrastar lo declarado la semana por el presidente ante el Ministerio Publico.

“Igualmente, debe coordinar el tema vinculado al señor Juan Silva. Todavía hay una polémica en relación a la responsabilidad sobre que este señor haya podido huir (…) Ella, en tanto encabece el Ministerio Público, tendrá que referir lo que corresponda, a través de comunicados o personalmente”, comentó.

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Para el exprocurador Antonio Maldonado, el rol de Patricia Benavides será crucial y estará dirigido a liderar el Ministerio Público en el camino de la investigación que sigue al presidente, dictando las pautas para construir un caso sólido. “La línea de intervención del Ministerio Público no puede cambiar (…) Los parámetros están sólidamente construidos”, comentó.

La penalista Cecilia Madrid dijo esperar que Benavides siga “la línea marcada por el Fiscal Pablo Sánchez y, llegado el momento, si reúne los elementos necesarios, formalice la investigación [contra Pedro Castillo]”. “La prerrogativa de la inmunidad del presidente debe ser interpretada de forma sistemática con otros valores que también se consagran en la constitución, como el deber del estado de luchar contra la corrupción”, opinó.

Con la casi certeza de que seguirá adelante con que tendrá el mismo criterio de Pablo Sánchez y seguirá adelante con la investigación al presidente Pedro Castillo, se abren otras preguntas sobre la gestión de Patricia Benavides. Principalmente en lo relacionado a los puestos de confianza en el Ministerio Público y a la posibilidad de crear un equipo especial que coordine las investigaciones que involucran al gobierno.

Esta última posibilidad -según fuentes de El Comercio- venía siendo evaluada por Pablo Sánchez por la existencia de casos como ‘Los Dinámicos del Centro’, cuyas aristas son investigadas tanto a nivel de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios como de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Lavado de Activos, y tomó fuerza cuando los casos relacionados a las más altas esferas del gobierno se agravaron, como ha sido el caso del Puente Tarata.

Actualmente, existen al menos doce casos que involucran, de una forma u otra, al entorno del presidente Pedro Castillo [ver infografía]. Estos vienen siendo conocidos por fiscalías provinciales anticorrupción, fiscalías penales comunes, fiscalías contra el lavado de activos y por el despacho del Fiscal de la Nación.

La intención de crear un equipo especial sería para que estas tengan un mayor de nivel de coordinación, de manejo de herramientas como la colaboración eficaz y de unidad de criterios. En suma, para evitar conflictos o descoordinaciones que pudieran afectar el desarrollo de las indagaciones, como ha ocurrido en el pasado con otros casos emblemáticos.

Sin embargo, Pablo Sánchez evitó tomar una decisión de este tipo –que comprendería un trabajo a largo plazo- al tener en cuenta que su gestión era interina: comenzó a fines de marzo y terminará a fines de junio cuando Benavides jure el cargo. Una decisión de ese tipo, consideró Sánchez, le correspondería a un fiscal de la Nación no interino, sino elegido por la Junta de Fiscales Supremos.

La decisión será ahora de Patricia Benavides. Por ahora, se puede afirmar que al menos evaluará la posibilidad.

El exfiscal Pedro Angulo opinó que la creación de este equipo especial sería una decisión acertada. “Estamos ante un caso que no tiene precedentes y que debería hacerse con sumo cuidado para evitar dañar a la figura presidencial innecesariamente (…) No solo hay temas procesales y penales, sino también constitucionales”, consideró.

“A veces se ha encontrado que hay conflictos entre fiscales que ven criminalidad organizada con fiscales que ven anticorrupción, porque los mismos procesados en un nivel era colaboradores y en otros no, y se les pedía prisión preventiva, por ejemplo (…) Por lo tanto, sí sería buena que haya un nivel de coordinación para no afectar las investigaciones; sí sería bueno que exista un equipo que orientara para evitar estos roces”, manifestó.

De forma similar, el exprocurador Antonio Maldonado consideró “razonable” la propuesta. “Se enmarca en recomendaciones similares que se han hecho en anteriores casos, de crear un equipo especializado en casos de gran corrupción. De hecho, la especialización funciona para casos como Lava Jato”, señaló.

“Atendiendo la complejidad del caso, el poder político de los investigados, el hecho de que varios investigados de alto perfil están prófugos (…) Es razonable, necesario y hasta urgente que la nueva fiscal de la Nación adopte medidas de esta naturaleza, toda vez que estén dirigidas a potenciar la eficacia del Ministerio Público. Cuidando, por supuesto, el no generar situaciones que puedan ser usadas por los investigadas como argumento de ‘persecución política”, declaró.

Por su parte, la penalista Cecilia Madrid consideró que no es necesario crear un equipo especial, pero señaló que sí debe haber mayor comunicación entre fiscales que conocen casos relacionados. “La creación de subsistemas ad hoc a casos concretos no debe ser un criterio para la asignación de casos. Entiendo que la división de trabajo en el Ministerio Publico debe obedecer a criterios de especialización”.

“Además, se tiene a unas fiscalías especializadas muy capaces de enfrentar estas investigaciones. Lo que sí creo es q debe buscarse comunicación entre las fiscales que están conociendo estos casos, para que puedas coadyuvar al esclarecimiento de los hechos”, dijo.

En los relacionado a los puestos de confianza, estos podrían ser clasificados en dos tipos: los propiamente relacionados al despacho de la Fiscalía de la Nación y los vinculados a las fiscalías especializadas o subsistemas fiscales.

En el primer grupo, Patricia Benavides deberá definir tomar decisiones en puestos como el de gerente general del Ministerio Público o gerente de imagen institucional, más ligados a lo administrativo y comunicacional. Pero también deberá tomar medidas en un área directamente ligada a los casos de altos funcionarios como Pedro Castillo, exministros, excongresistas, exjueces y ex fiscales supremos.

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Hablamos del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, que está adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación. Como su nombre lo indica, se encarga del área directamente encargada de llevar adelante las investigaciones a funcionarios con antejuicio y cuyos casos derivarían en denuncias constitucionales. Entre estos está el del presidente de la República.

Su actual coordinador es el fiscal adjunto supremo Samuel Rojas, un fiscal de un alto grado de confianza para Pablo Sánchez. De hecho, su nombramiento en ese puesto fue una de las primeras acciones que tomó Sánchez cuando asumió como fiscal de la Nación. Su antecesor fue el fiscal Luzgardo Ramiro González, quien fue uno de los defensores de la postura de Zoraida Ávalos de suspender la investigación a Pedro Castillo.

Desde entonces Samuel Rojas ha sido uno de los protagonistas de la investigación preliminar al jefe de Estado. Fue quien sustentó el impedimento de salida del país contra Juan Silva, fue quien coordinó con la Policía para que esta haga la videovigilancia al exministro y luego fue quien advirtió en un informe que su fuga se dio en medio de “acciones de inteligencia ineficaces” de los agentes policiales.

Más recientemente, sustentó la postura de Pablo Sánchez en la audiencia de tutela de derechos donde la defensa del presidente pidió que anule la investigación preliminar y le hizo un centenar de presuntas a Pedro Castillo en su interrogatorio del pasado viernes 17 de junio.

Para el exfiscal Pedro Angulo, la continuidad en puestos como el que hoy ocupa Samuel Rojas es importante, ya que está “empapado de la temática, de cómo ha ido evolucionando, de los temas que siguen para investigar, de las personas que deberían ser citado. Si hubiera un cambio, se perdería eso”.

“Lo negativo sería un retiro abrupto. Lo ideal sería que o permanezca o se quede un tiempo hasta que las nuevas personas que ingresen ya conozcan suficientemente el caso como para que puedas asumir la responsabilidad”, consideró.

Pese a esto, la continuidad de Samuel Rojas no es segura, pero tampoco se descarta. Fuentes de El Comercio comentan que, por su cercanía a Pablo Sánchez, es posible que este lo requiera nuevamente en su equipo dentro de la Fiscalía Suprema en lo Penal, a la que se espera que vuelva una vez que deje de ser fiscal de la Nación.

Además, es posible que Benavides se incline por designar a un fiscal con el que ella haya trabajado previamente. En todo caso, si esto se da, la salida de Rojas no sería por defectos en su actuación, sino una consecuencia de la calidad de interino que tuvo Pablo Sánchez cuando lo designó en marzo pasado. Los primeros días posteriores a la juramentación de Patricia Benavides serán vitales para conocer si se concreta un cambio.

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El otro campo donde la nueva jefa del Ministerio Público deberá tomar decisiones en las coordinaciones de las fiscalías especializadas. Entre estos están Omar Tello en la Fiscalía Anticorrupción, Rafael Vela en la Fiscalía Contra el Lavado de Activos, Jorge Chávez Cotrina en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y Daniel Jara en la Fiscalía de Derechos Humanos y Antiterrorismo. Vela es, adicionalmente, coordinador del equipo especial Lava Jato.

Fuentes ligadas al Ministerio Público estiman que habría cambios en al menos una de estas coordinaciones, pero que se darían no de forma inmediata, sino en los próximos meses.

En esta decisión pesarían los lineamientos y políticas institucionales que establecerá Patricia Benavides. Pablo Sánchez también evaluó hacer cambios, pero –de forma similar a lo ocurrido con la creación de un equipo especial- consideró que sería más adecuado que lo decida el próximo fiscal de la Nación.

El exprocurador Antonio Maldonado destacó que, en estos casos, no solo se debe hacer un análisis de confianza, sino que se debe evaluar que cada uno de los coordinadores esté haciendo un buen trabajo y hacerse cambios si estos son requeridos. En esa línea, destacó en particular la labor de los fiscales superiores coordinadores Rafael Vela y Jorge Chávez Cotrina.

“Tengo la mejor impresión de ellos. No digo que no puedan estar exentos de errores, pero en el contexto de debilidad institucional histórica del Ministerio Público, estos fiscales reúnen las condiciones básicas de integridad, conocimiento y experiencia”, opinó. En el pasado, Benavides ya ha respaldado la labor de Rafael Vela como coordinador del equipo especial Lava Jato.

La penalista Cecilia Madrid opinó que la fiscal de la Nación debería evaluar “el desempeño que estas autoridades [los fiscales coordinadores] han tenido, evaluar si desde su rol han aportado a que el Estado sancione realmente los comportamientos típicos o si han buscado resguardar los intereses del Estado”.

En tanto, el exfiscal Pedro Angulo comentó que “generalmente, a los fiscales coordinadores se les mantiene”. “Salvo que hubiera una circunstancia que mellen su credibilidad. Mientras no exista esto, es dable mantenerlos. Ellos ya trabajan con anterioridad con los fiscales subordinados. Inclusive pueden conocer alguna información reservada, como nombres de colaboradores eficaces, nombres de policías infiltrados en la actividad delictiva”, explicó.

Pero más allá de los puestos de coordinadores de estas fiscalías especializadas, el exfiscal Pablo Angulo destaca que Benavides también debe procurar aumentar el número de fiscales que trabajan en estas y que estos sean fiscales nombrados y no provisionales. En este reto, será vital la coordinación que pueda haber con la Junta Nacional de Justicia, el ente encargado de nombrar a los fiscales titulares.

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De forma general, el exprocurador Antonio Maldonado comenta que el fortalecimiento de las fiscalías a cargos de los principales casos de gran corrupción será el principal desafío de la nueva fiscal de la Nación.

Angulo también advierte de la necesidad de descentralizar y aumentar los laboratorios donde se hacen las pericias que requieren los fiscales para sus investigaciones. “Sería bueno descentralizar y que existan estos laboratorios a nivel de Arequipa, a nivel de Trujillo, de tal manera que no se tenga que venir desde todos los lugares a Lima. A veces existe el peligro de que prescriban ciertos ilícito porque no se pudieron actuar las pericias”, comentó.

En el horizonte del Ministerio Público también se asoma un asunto que, por lo menos, ha causado polémica al interior de la institución: la intención del Ejecutivo de penalizar a fiscales y jueces por las filtraciones relacionadas a una investigación. Si bien el Gobierno lo niega, diversos penalistas y gremios periodísticos han advertido que se trataría de una intención de amedrentar a los operadores de justicia y de intentar silenciar la información de casos que afecten al presidente.

“La nueva fiscal de la Nación, frente a este tipo de amenazas, debe salir a expresar su voz de protesta y de defensa del trabajo de los fiscales”, opinó al respecto Antonio Maldonado. “No puede quedarse callada, soslayar la necesidad de una actitud de defensa y contundente rechazo ante este tipo de medias que son un despropósito jurídico en todo sentido”, agregó.

Maldonado recordó también que la Fiscalía de la Nación tiene iniciativa legislativa y que, por lo tanto, la fiscal de la Nación tiene la potestas para expresar su acuerdo o desacuerdo con propuestas de leyes como estas que “puedan afectar el correcto desempeño del sistema de justicia”. “Si el Ministerio Público hoy cede en una parte que puede ser considerada debatible, mañana (…) los derechos al debido proceso y las garantías judiciales podrían verse mayormente recortados”, dijo.

El exfiscal Pedro Angulo opinó que, ante una propuesta “inoportuna” como esta, la fiscal de la Nación debería manifestar su posición porque “puede afectar a varias instituciones”, desde los órganos de justicia hasta la prensa. “Siempre va a tener que citarse a un periodista [si se investiga una filtración] (…) Se genera una caja de pandora. Puede afectar a la larga la libertad de expresión, de información”, opinó.

Cecilia Madrid también manifestó su oposición a la propuesta del gobierno y recordó que “ya hay sanciones establecidas a nivel administrativo y también penal para sancionar aquellos hechos”. “La fiscal de la Nación debe más bien evidenciar ello y que, obviamente, no es política del Ministerio Publico la transgresión de la reserva de la investigación”, manifestó.

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De forma más general, la penalista indicó que Benavides deberá “reforzar la autonomía del Ministerio Público para cumplir con sus deberes constitucionales, ya que la persecución de los delitos debe ser siempre bajo los parámetros de la Constitución y no servir para ningún fin ajeno que no sea el cumplimiento de la ley”.

Las fuentes ligadas a la fiscalía comentan que es poco probable que Patricia Benavides apoye o respalde una propuesta de ese tipo. Sin embargo, aún no está claro el nivel o la dimensión de apariciones mediáticas que tendrá durante su gestión para defender esta u otras posturas.

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En ese aspecto, comentan las fuentes, será clave la estrategia comunicacional que establezca una vez en funciones. Si toma una ruta similar a la de Pablo Sánchez, al menos se podrían esperar pronunciamientos puntuales ante cuestiones de interés público. En las últimas semanas de su gestión, por ejemplo, el saliente fiscal de la Nación defendió la postura de su institución en lo relacionado a la fuga de Juan Silva a través de comunicados de prensa.

A nivel institucional, Maldonado destacó la importancia de que, bajo el liderazgo de Benavides, el Ministerio Público apueste por reforzar la cooperación internacional con sus pares; mientras que Angulo consideró que también será importante el papel que desempeñe en foros como el Consejo de Estado y el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, donde -paradójicamente- podría compartir mesa con Pedro Castillo, el presidente al que en unos días comenzará a investigar.