El presidente Pedro Castillo aceptó responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por presuntos hechos ilícitos cometidos en su gestión, pero su abogado, Benji Espinoza, puso en duda la objetividad en la investigación que realiza ese grupo de trabajo parlamentario.
Palacio de Gobierno envió el lunes pasado un oficio al titular de la comisión, Héctor Ventura, de Fuerza Popular, para informarle que Castillo responderá en cualquier fecha a partir del 27 de junio, “en aras de la colaboración recíproca que debe existir entre los poderes del Estado y el principio de transparencia”.
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Inmediatamente, la comisión programó la toma de la declaración para el mismo 27 de junio. Ese día, el jefe del Estado responderá en condición de investigado.
Sin embargo, horas antes, el abogado del presidente dijo a El Comercio que tiene reparos sobre la investigación que realiza la comisión, “sobre todo por su actuación” hasta el momento.
La semana pasada, ese grupo de trabajo decidió que el presidente pase de testigo a investigado. Además, ha descartado la opción de que responda por escrito al interrogatorio. Según Espinoza, “una comisión que actúa así, no actúa con objetividad”.
“La pregunta es si la comisión garantiza el debido proceso. [...] Ayer escuchaba al presidente de esta comisión decir que ya estaba listo para presentar su informe final. Entonces no lo van a escuchar, es una apariencia del debido proceso”, añadió el abogado.
Sin embargo, Ventura recordó, en diálogo con Exitosa, que su grupo de trabajo le ha solicitado al presidente que responda hasta en tres oportunidades.
El legislador añadió que hay suficientes elementos para creer que el presidente está involucrado en hechos ilícitos vinculados a presuntas injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas, las visitas que recibió en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, la licitación del Puente Tarata III y otros casos.
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Ventura añadió que cuentan con declaraciones de testigos e investigados que apuntan al presidente. Entre otros, mencionó que la comisión recibió los testimonios de Karelim López y Zamir Villaverde.
Aunque Castillo aceptó declarar, el oficio de Palacio afirma que la Comisión de Fiscalización no tiene competencia para investigar al presidente por presuntos delitos comunes o de función que se hayan cometido durante el ejercicio de su mandato.
El documento menciona el artículo 117 de la Constitución para argumentar que Castillo cuenta con inmunidad ante todo tipo de investigaciones y procesos, ya sea en el ámbito del Congreso como en la fiscalía.
El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes, experto en derecho constitucional y parlamentario, recordó que hay opiniones opuestas sobre la legalidad o no de investigar a un presidente en funciones.
“Para mí, el impedimento que se tiene es respecto de la acusación. El presidente no puede ser acusado. [...] Pero en el caso de las comisiones investigadoras no hay ninguna acusación. Lo que están haciendo es un proceso de indagación. Quieren escudriñar conductas en las que pudiera existir alguna falta”, dijo en diálogo con El Comercio.
Delgado Guembes aseguró que el equivalente más próximo que tendría el trabajo que realiza una comisión investigadora del Congreso es el del Ministerio Público en la fase de investigación preliminar.
Fiscalización citó a Castillo por primera vez en marzo pasado
La Comisión de Fiscalización del Congreso citó por primera vez al presidente Pedro Castillo por el Caso Sarratea el pasado 7 de marzo, pero este pidió que le enviaran las preguntas para responderlas por escrito. En ese momento tenía la condición de testigo.
El presidente dijo que estaba dispuesto a asistir al Congreso
La comisión exhortó al mandatario a responder de manera presencial, mediante oficios enviados el 7 de marzo y el 25 de abril. El 28 de mayo Castillo dijo que las puertas de Palacio estaban abiertas para los parlamentarios y que, de ser necesario, él asistiría al Congreso.
El jefe del Estado pasó de la condición de testigo a investigado
La comisión varió la condición de Castillo de testigo a investigado luego de pedirle tres veces que responda de manera presencial. Quienes sí acudieron a declarar fueron su sobrino Fray Vásquez, ahora prófugo; el primer ministro Aníbal Torres y otros.
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