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¿Por qué se dictó prisión preventiva contra Keiko Fujimori por 36 meses?

La fiscalía acusa a la lideresa de Fuerza Popular de lavar US$ 1 millón entregados por Odebrecht para la campaña del 2011.

Keiko Fujimori

Keiko Fujimori ingresó al establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos el pasado 1 de noviembre. (Foto: AFP)

Keiko Fujimori ingresó al establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos el pasado 1 de noviembre. (Foto: AFP)

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afronta 36 meses de prisión preventiva por orden del juez Richard Concepción Carhuancho, quien aprobó el pedido efectuado en ese sentido por el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez.

En la audiencia del pasado 31 de octubre, el magistrado aceptó la tesis fiscal que le imputa a Keiko Fujimori ser la cabeza de una presunta organización criminal instalada al interior de su partido y que lavó US$ 1 millón entregados por la empresa constructora Odebrecht en 2011.

- Lavado de activos -

"Con relación a Keiko Fujimori, este despacho considera que sí existe sospecha grave que esta persona sería líder de una organización criminal creada de facto al interior de Fuerza Popular para lavar activos provenientes de la empresa Odebrecht", indicó el juez Richard Concepción Carhuancho en su fallo.

El magistrado explicó que no cabía aplicarle arresto domiciliario ni comparecencia restringida a la ex candidata presidencial por su "comportamiento procesal en la interferencia del sistema de justicia, de obstaculización y de haber pretendido captar un supremo para que los favorezca con favores judiciales".

Concepción Carhuancho refirió en su fallo que Keiko Fujimori "dispuso" que los representantes de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya solicitaran y recibieran conjuntamente US$1 millón de dólares de la empresa Odebrecht.

"Este despacho considera que la empresa Odebrecht habría hecho la entrega de US$1 millón a Fuerza 2011, liderado por Keiko Fujimori, con cargo a cuenta de la Caja 2 de la empresa Odebrecht", resumió el juez.

- Peligro de fuga -

El magistrado consideró que existe un alto grado de peligro de fuga de parte de Keiko Fujimori por estar sujeta a una pena muy alta de ser condenada en el futuro a una pena entre 10 años, como mínimo, y 13 años de prisión, como máximo.

Indicó que la lideresa de Fuerza Popular sí cuenta con "arraigo familiar, domiciliario y ocupacional". Sin embargo, evaluó que esto no garantiza que exista un peligro procesal de evadir la acción de la justicia.

"Hay comportamiento de la investigada de interferir con el sistema de justicia y sobre el Congreso, por qué no decirlo. Una cosa es impartir directivas de carácter político y otra sustraerlo de la investigación y se argumenta con el fraseo 'blindar a (César) Hinostroza'. El peligro procesal es de carácter sistémico para llegar a la Corte Suprema", dijo Carhuancho.

El juez recordó la casación presentada por Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella, ante la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que presidía César Hinostroza, por el caso Cocteles de Fuerza Popular.

- Chats de La Botica -

Concepción Carhuancho también se refirió al chat La Botica. El juez dijo que estas conversaciones demuestran "la tendencia de blindaje a un funcionario (el fiscal de la Nación, Pedro Chavarry) y de ataque y desprestigio al fiscal que investiga el caso (José Domingo Pérez)".

Para tal fin, destacó la declaración del testigo protegido "2017-55-3". Sobre este testimonio, concluyó que "Fuerza Popular quería tener presionado al fiscal de la Nación, Pedro Chavarry y blindar a César Hinostroza".

"De acuerdo a lo dicho por el testigo, la cúpula liderada por Keiko Fujimori tenía por objetivo capturar el sistema judicial, estamos ante una cúpula que da las directivas a los congresistas", señaló el juez Concepción Carhuancho.

Richard Concepción Carhuancho también citó las declaraciones de aportantes que han negado la entrega de dinero o de los testigos protegidos que han reconocido haber prestado sus nombres para la "colocación" del dinero presuntamente ilícito.

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