Desde hace ya varios años, en las encuestas se registra cierto ánimo de castigo. Los peruanos hablan de democracia con mano dura, pues quieren orden y seguridad para poder trabajar y salir adelante. En tanto, las autoridades intentan responder a esa demanda aumentando las condenas, modificando el Código Penal.
¿Es suficiente aumentar las penas para reducir la delincuencia? Hace unos días, el gobierno aprobó la norma que castiga con penas más severas el robo de celulares en el Perú, delito al que se sienten expuestos tres cuartas partes de los ciudadanos. Si bien esta medida gozaría de cierto respaldo, la mayoría no cree en su efectividad. Este escepticismo se sustenta en que la población considera que no hay una estrategia para combatir la inseguridad en las calles, es decir, se percibiría esto como una medida aislada y no como parte de un plan. Asimismo, la severidad del castigo es solo una cara de la moneda, la otra es la capacidad de detener y procesar a quienes cometan dichos delitos.
A esto se suma una abrumadora mayoría que no ve resultados con el estado de emergencia declarado en algunos distritos hace casi dos meses. Acción que debería beneficiar al 10% de los peruanos que dice estar expuesto a la agresión personal (sicariato, golpizas, etc.). Al no verse logros concretos, esto termina impactando negativamente al gobierno, que cae en aprobación mientras que la mayoría de los peruanos sí confía en las Fuerzas Armadas y la policía. Esto denotaría una crisis de liderazgo y falta de estrategia de largo plazo, pero una oportunidad si se toman las medidas adecuadas.
Aunque no hay consenso, los encuestados creen que se debe comenzar capacitando mejor a la policía, ampliando el número de comisarías y efectivos policiales, ampliando la capacidad de inteligencia e investigación, dándole de baja a los corruptos y mejorando el equipamiento (chalecos, vehículos, etc.).
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