Sale el informal, queda el inmoral, por Cecilia Valenzuela

Desde los primeros días de enero, Julio Guzmán solo ha crecido entre las preferencias de la gente; aun así, en los próximos días el Jurado Nacional de Elecciones podría tomar una decisión drástica y definitiva sobre su candidatura. Por razones, estrictamente formales, Guzmán y Todos Por el Perú podrían quedar fuera de la competencia electoral, y sus entusiastas electores se quedarían sin candidato y con los dientes destemplados.

Ayer, en un extenso y riguroso artículo, Ricardo Uceda explicó en “La República” por qué no debería sorprendernos una sanción de tal magnitud: el Registro de Organizaciones Políticas del JNE impone condiciones mínimas para que un partido político pueda modificar sus estatutos; en la asamblea para votar los cambios deben estar, por lo menos, la mitad de los integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional, y todos ellos deben estar inscritos, es decir, registrados en el JNE. 

Todos por el Perú no cumplió estas reglas, modificó estatutos con el voto de cuatro gatos y aun así ni la mitad estaba registrada ante el ente electoral. Lo que resultó de ese y otros acrobáticos saltos sobre las normas electorales fue la designación de Julio Guzmán como el candidato a la presidencia por ese partido.

Y aunque todos en su agrupación estaban y están de acuerdo en que su líder y representante no era otro que Guzmán, las reglas son claras y estrictas: no se puede elegir al candidato presidencial de un partido prácticamente en privado, entre los amigos más íntimos. El jurado ha sancionado en el pasado a por lo menos cinco agrupaciones por hacer lo mismo o algo similar, ¿por qué Todos por el Perú sería la excepción?

Hoy Julio Guzmán debe estar lamentando el haber convocado a solo cinco de los integrantes del CEN de su partido para cambiar los estatutos que al final lo designaron a él como el candidato de la “ola morada”.

La pregunta es por qué los estrictos criterios formales que asisten al JNE para considerar una sanción contra el candidato Guzmán no se aplican en el caso del candidato Acuña. La informalidad en la que incurrió Julio Guzmán no puede ser más grave que las trampas y las mentiras en las que abunda César Acuña. 

Las razones formales que pronto podrían sacar de carrera a la ola morada no pueden ser más decisivas que las razones morales por las que, hace rato, Acuña y Alianza para el Progreso debieron ser expulsados de la contienda presidencial.

La misma autoridad electoral que ha estudiado el caso Guzmán debió analizar las falsedades y los engaños que Acuña inserta en la declaración jurada que entregó al JNE a modo de hoja de vida.

¿Por qué lo formal pesa más que lo moral en nuestro país, en nuestras reglas, en los criterios de nuestros jueces electorales? ¿Por qué el JNE disocia la moral de la política? ¿Por qué le deja a la prensa y a la juventud, activa en las redes sociales, la responsabilidad de impedir que los ciudadanos se olviden de la calaña del candidato que pretende representar al verdadero pueblo del Perú? La tarea de mantener vivo el tema del robo, íntegro, de un libro, de la copia inescrupulosa de varios capítulos en su tesis doctoral, de las versiones de los catedráticos trujillanos que se rehusaron a graduarlo de ingeniero y pagaron con su destitución tal osadía.

Acuña y sus operadores, muy bien rentados, flotan en el lodazal, hacen el muertito mientras esperan que los electores se distraigan y se olviden de los plagios, mientras el JNE les espanta los mosquitos.

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