Pedro Castillo al borde de la inhabilitación: los incidentes y la votación de una sesión accidentada en el Congreso

A solo dos días de la lectura del fallo en el juicio oral por el golpe de Estado de Pedro Castillo, la Comisión Permanente del Congreso aprobó con trece votos a favor, seis en contra y cero abstenciones inhabilitar por 10 años de la función pública al vacado expresidente. Esta decisión, ahora, deberá ser ratificada o rechazada por el pleno del Parlamento.

La legisladora Lady Camones (APP), presidenta de la SAC, sustentó el informe final y recordó que a Castillo se le citó para el 20 de noviembre. Sin embargo, apuntó que el exmandatario requirió una reprogramación, por lo que se le volvió a convocar para el último martes y él acreditó a Carlos Torres Caro, exparlamentario, como su abogado.

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“Aquí se está garantizando dentro de este proceso de acusación constitucional el respeto al debido proceso y sobre todo el derecho a la defensa”, recalcó Camones.

La sesión de la Comisión Permanente no estuvo exenta de polémica, a raíz de la presentación de Torres Caro como nuevo abogado de Castillo Terrores. El letrado terminó siendo expulsado del hemiciclo por el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular), luego de afirmar que los legisladores hablan “huevadas”.

“Hay peruanos de abajo que, así como Pedro Castillo llegan arriba. Miren a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden, de Nueva York. ¿Saben ustedes cómo lo han llenado? Hablando las mismas huevadas que ustedes”, manifestó el abogado, generando el inmediato reclamo de los presentes.

López, que estaba dirigiendo la sesión, cortó la participación de Torres Caro y solicitó a la seguridad del Parlamento que lo retiren.

“Señor abogado, retírese usted, se terminó esto, se le ha dado 13 minutos y no ha hecho la defensa adecuada. Se retira, señor. No le voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento. ¡Se retira, retírenlo!”, exclamó el acciopopulista.

En ese momento, el director general parlamentario, Jaime Abensur Pinasco (Fuerza Popular), se acercó a Torres Caro y lo emplazó a salir del hemiciclo. Luego un agente de seguridad lo condujo a la puerta.

Antes del incidente, el abogado de Castillo Terrones enfocó su defensa a un discurso político más que legal y constitucional. Por ejemplo, dijo que recién asumió el patrocinio del exmandatario el viernes y criticó que el Congreso no le haya dado más tiempo para revisar la denuncia constitucional y armar una respuesta técnica.

“Solo nos dieron dos días y quiero dejar constancia, porque eso infringe la Declaración Universal de Derechos Humanos, infringe el pacto internacional de derechos civiles y políticos e infringe la Convención Americana de Derechos Humanos”, manifestó.

También refirió que Castillo Terrores es el primer presidente de la República “que viene de abajo” y que representa al “pueblo olvidado, a los invisibles y a los sin voz”, mientras que el Congreso solo representa a un 2%, en referencia a su aprobación. “Este es el peor Parlamento que existe en nuestra historia republicana”, acotó.

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Demagogia y paporreta

Una vez iniciado el debate de la denuncia constitucional, el portavoz de Renovación Popular, Alejandro Muñante, consideró que Torres Caro incurrió en “la demagogia” y en la “paporreta”. Agregó que el abogado del expresidente se dedicó a “dar insultos” y “un mensaje político” en vez de responder de manera técnica a las imputaciones a su cliente.

“No sé si los acusados realmente quieren defenderse como corresponde de las acusaciones o simplemente traen abogados que, por el contrario, los hunden más. Eso es lo que se ha visto de estas alocuciones. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos, no hay razones legales, jurídicas ni fácticas para justificar un golpe de Estado”, expresó el parlamentario celeste.

A su turno, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, deploró la actitud de Torres Caro y señaló que solo asistió al Parlamento a buscar cámaras.

Recordó que el abogado de Castillo fue congresista entre el 2006 y 2011 y que su único mérito fue fotografiar de manera furtiva a sus colegas y filtrar estas imágenes a la prensa, en referencia a un viaje que hizo a Brasil junto con el expresidente del Congreso y ex primer ministro aprista Javier Velásquez Quesquén y otros.

“Nadie más se acuerda de este señor más que por este triste antecedente. Y viene acá a gritar, a faltarle el respeto [al Congreso] y al propio expresidente Castillo. En los 13 minutos que ha utilizado no ha hecho ninguna defensa jurídica [...] Me parece bien que se ponga [esta situación] en conocimiento del Colegio de Abogados de Lima para que éticamente lo sancionen”, cuestionó.

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Desde Fuerza Popular, la congresista Martha Moyano calificó de “tristes” las expresiones de Torres Caro.

“Ahora ya sabemos a quién no contratar para una defensa [...] Esta persona fue congresista y su único paso, un triste paso por el Congreso, fue tomar fotos e informar algo distinto de lo que ocurría realmente. ¿Y saben por qué? Porque él quería la presidencia del Congreso. Ahora está en campaña, estas personas vienen y gritan, porque no tienen argumentos jurídicos ni técnicos”, complementó.

Moyano respaldó la decisión de López de solicitar el retiro del hemiciclo de Torres Caro, porque “ningún abogado que ejerza una defensa puede usar lisuras ni insultos”.

Una postura similar tuvo el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País), quien sostuvo que, si bien el poder en democracia se obtiene ganando elecciones, “se pierde quebrantando y violentando la Constitución”.

“La democracia no puede permitir que lo que hizo Castillo vuelva a ocurrir jamás en nuestra historia. No hay, además, ninguna garantía de que si este señor mañana es elegido de nuevo presidente, o senador o lo que fuera, no vaya a buscar quebrantar la democracia por dentro. La democracia no puede ser ingenua. La inhabilitación en este caso procede”, advirtió.

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La defensa de la izquierda

Desde la Bancada Socialista, el congresista Jaime Quito dijo que la actitud del Congreso, al buscar la inhabilitación de Castillo, “demuestra miedo” y que es un Parlamento “golpista”. Tras un llamado de atención de López, retiró sus palabras.

Quito insistió en afirmar que la destitución de Castillo Terrones fue ilegal, “porque no se respetó el reglamento respecto a la votación que se requería”. “Y se ha permitido la detención de un presidente cuando aún no se había hecho ningún voto, ni mucho menos llegado a la cantidad de votos que se exigía”, añadió.

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La parlamentaria Ruth Luque (Bloque Popular Democrático) cuestionó la forma en la que fue retirado Torres Caro.

“Para nosotros, los congresistas hay un procedimiento, se llama la atención, se suspende la sesión, hay un procedimiento, pero en este caso lo que ha sucedido es que de manera directa se le ha cortado y luego se le ha pedido que se vaya. Esa es mi observación. ¿Y por qué son importantes las formas? Porque este caso está judicializado”, expresó.

Por su parte, el congresista Víctor Cutipa Ccama (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) planteó una cuestión previa, señalando que “no se ha permitido” que se concluya la defensa legal del expresidente Castillo. Sin embargo, el tercer vicepresidente del Parlamento señaló que esta no procedía y se fue al voto.

Más información

El último 20 de noviembre, la Comisión Permanente aprobó una segunda denuncia constitucional contra la ex primera ministra Betssy Chávez, que tiene como objetivo su inhabilitación por 10 años por el golpe de Estado de Castillo Terrones.

El Ministerio Público ha solicitado que el expresidente Pedro Castillo sea condenado a 34 años de cárcel por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. La lectura del fallo se realizará este jueves.

Comisión Permanente aprobó denuncia constitucional contra Delia Espinoza

La Comisión Permanente del Congreso aprobó- con los votos de Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Somos Perú, Acción Popular y Avanza País- la denuncia constitucional en contra de la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza. Esto por la aprobación de un reglamento que “contraviene algunos extremos” de la Ley N°32130, que establece que la investigación preliminar del delito es una tarea de la Policía Nacional.

Tras esta medida, Espinoza queda al borde de la inhabilitación por 10 años de la función pública, como planteó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la apepista Lady Camones.

Un sector del Parlamento también respaldó denunciar penalmente a la suspendida titular del Ministerio Público por los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, así como el levantamiento de su fuero. Todas estas decisiones deberán ser ratificadas o rechazadas en el pleno.

Sobre los otros fiscales supremos acusados- entre ellos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos- la Comisión Permanente decidió enviar al archivo sus imputaciones.

Fue durante la conducción interina de Villena que la Fiscalía de la Nación dio la reglamentación de la Ley N°32130.

En declaraciones a la prensa, Espinoza calificó como un “quiebre del estado constitucional” la decisión del Congreso en su contra. “Realmente, es una ilegalidad, una inconstitucionalidad y un atropello, más evidente no puede ser, miren cómo han votado”, agregó.

La suspendida fiscal de la Nación argumentó que ella no tuvo participación en la elaboración del reglamento de la Ley N°32130 y que existe un informe de la secretaría de la Junta de Fiscales Supremos que deja en claro que no hubo una votación para la aprobación de ese documento.

“Estos señores del Congreso están consumando una venganza política contra mi persona por haber hecho mi trabajo con objetividad y en arreglo a la ley. No me perdonan por haber presentado denuncias contra varios de ellos de manera sustentada. Ellos son juez y parte, ellos reciben las denuncias, las archivan, me persiguen e inventan casos”, acotó.

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Un símil con la destitución de 1997

En su presentación ante el hemiciclo, el constitucionalista Samuel Abad- abogado de Villena, Sánchez, Ávalos y Espinoza- dijo que el Parlamento no debe abusar de la figura del control político para concretar “un ataque institucional” en contra del Ministerio Público. También criticó que Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), presidente encargado del Congreso, haya dirigido la sesión, en su inicio, a pesar de ser uno de los denunciantes.

Abad indicó que el Congreso no es el Tribunal Constitucional ni el Poder Judicial, sino “un órgano político”.

También remarcó que el artículo 159 de la Constitución establece que es el Ministerio Público el organismo que conduce la investigación penal. “Que no les parezca una interpretación [de la Fiscalía de la Nación] es su opinión. Otra cosa es que por no compartir ese criterio pretendan inhabilitar por 10 años a los fiscales supremos”, complementó.

Consideró “falso” que sus patrocinados hayan cometido delitos y explicó que si bien el artículo 166 de la Constitución indica que la PNP investiga y combate el delito, el artículo 159 es claro al decir que es la Fiscalía el órgano que “conduce” la pesquisa.

“Se dice que se ha violado el artículo 38 [de la Constitución]. Pero se ha respetado. La Policía Nacional investiga y combate a la delincuencia, está en el artículo 166 de la Constitución. Pero ese artículo debe ser leído en consonancia con el 159, que es claro al decir que es el Ministerio Público el que conduce la investigación”, manifestó.

Abad cuestionó que los congresistas denunciantes-Rospigliosi, José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurin (Somos Perú)-no hayan acudido al Poder Judicial, si consideraban que el reglamento de la Ley N°32130 (que dio facultades de investigación a la PNP) excedía y contravenía la referida norma.

Añadió que el Tribunal Constitucional, cuando resolvió una demanda del Ministerio Público en contra de la ley, no dijo en ningún momento que el reglamento dado por la Fiscalía de la Nación era inconstitucional.

El abogado constitucionalista opinó que el informe de la SAC “es lesivo para la Constitución”. Remarcó que ni siquiera han nombrado qué parte del reglamento viola la norma.

Y subrayó que esta situación le recuerda a la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional en 1997 durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori.

“Estamos en defensa de la institución y de la democracia, esta denuncia no tiene ningún sustento. La norma es clara, el MP conduce desde el inicio la investigación”, mencionó.

Abad, en el último tramo de su intervención, sostuvo que el Congreso no es un órgano imparcial para decidir si inhabilita o no a sus patrocinados. Detalló que, en la actualidad, hay 54 congresistas con indagación previa, 63 con diligencia preliminares y 10 con denuncias constitucionales.

El abogado solicitó, en ese sentido, que se archive esta denuncia, porque “no existe ninguna infracción constitucional ni delito de función” de sus clientes.

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El punto de vista

El abogado constitucionalista Heber Joel Campos afirmó que el Congreso no ha tomado en cuenta que la Ley N°32130 fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y que este órgano si bien sostuvo que la Policía Nacional puede investigar, “el responsable de la dirección” de la pesquisa, como está en la Constitución, “es la fiscalía”.

En su cuenta de X (antes Twitter), Campos explicó que el Ministerio Público puede emitir reglamento “siempre que estos sean compatibles” con normas que recaen e involucren operativamente a la institución.

“En otras palabras, la acusación versa sobre algo que la fiscalía puede hacer”, alertó.

También indicó que, en estricto, el reglamento dado por la Fiscalía de la Nación, durante la conducción de Villena, “no se aleja de la interpretación adoptada por el TC en su sentencia”. “Este punto es importante porque quiere decir que, según el TC, al margen de la intención del Congreso, la dirección de la investigación penal siempre está a cargo, jurídicamente, de la fiscalía”, remarcó.

Campos advirtió que “es grave” que el Parlamento “instrumentalice los mecanismos de control político para atacar a sus críticos”.

“La acusación constitucional es una figura muy importante de nuestro esquema de pesos y contrapesos, pero cuando se emplea irresponsablemente genera desequilibrio y mina (aún más) la institución democrática”, acotó.