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La demanda competencial que el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, interpuso contra el Ejecutivo por la disolución del Congreso, así como el pedido que realizó el abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos para ser incorporado como magistrado de la institución, comenzarán a ser analizados a partir del jueves 17 de octubre.
Así lo anunció el magistrado Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional (TC), durante una conferencia de prensa que brindó ayer. Blume, quien viene recuperándose de una intervención médica, explicó que decidió someter al pleno el caso de Ortiz de Zevallos Olaechea, pese a que este ha sostenido que la decisión solo le corresponde al titular de dicho órgano constitucional.
Sobre este tema, Blume dijo que no solo está el pedido del abogado, sino también el de dos congresistas que han indicado que el proceso de selección de Ortiz de Zevallos Olaechea no concluyó.
A esto se suma el pedido de un magistrado del propio TC para que la solicitud de incorporación del abogado sea tratada en el pleno dada su “peculiaridad”.
“Es mi deber como presidente del Tribunal Constitucional llevar el asunto al pleno, pues es el máximo órgano de gobierno de esta institución”, dijo.
Fuentes del TC indicaron que existe una alta probabilidad de que el caso tenga una respuesta el mismo jueves.
—Sobre la disolución del Congreso—
Sobre la demanda competencial, Blume explicó que primero se nombrará a un ponente para el caso y luego se iniciará el debate sobre la admisibilidad o no del recurso.
De ser admitido, se correrá traslado al emplazado (Ejecutivo) que tendrá un plazo para contestar.
“Con contestación o sin ella, en esa eventualidad, se podrá citar a una audiencia, escuchar a los abogados y resolver”, explicó Blume.
También, advirtió, se analizará la medida cautelar presentada por Pedro Olaechea sobre la disolución del Parlamento.
Blume fue enfático al señalar que el TC es el defensor de la Constitución, norma suprema de la República, a la que “todos, sin excepción, están sometidos”.
El magistrado ratificó la independencia y autonomía de su institución, indicando que no es un ente político.
“El tribunal no es un organismo político […] no vota cuestiones políticas, ni se orienta por inclinaciones políticas”, recalcó.
Finalmente, hizo un llamado al diálogo y al cese del conflicto entre poderes.
El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña reiteró que el abogado Ortiz de Zevallos no debe ser incorporado como magistrado del TC. Ello, debido a que su proceso de selección no concluyó.
Sobre la demanda competencial y medida cautelar de la disolución del Congreso, indicó que se determinará “en un tiempo corto” si se admite o no.
Espinoza-Saldaña indicó que el reciente informe de la Comisión de Venecia no debería ser analizado por el TC, pues esto corresponde a un pedido para evaluar el escenario de una cuestión de confianza sobre el proyecto de adelanto de elecciones planteado por el Ejecutivo. Pero esto nunca sucedió.
Lo que se analizará, dijo, será la cuestión de confianza en el contexto del mecanismo de elección de los nuevos magistrados del TC.
PLENO CON SEIS
Ramos viajará
El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña anunció que su homólogo Carlos Ramos no estará presente en el pleno del jueves. Ramos partiría de viaje esta noche debido a compromisos académicos pactados con antelación.
Dejaría su voto
Espinosa-Saldaña indicó que Ramos Núñez dejaría su voto sobre los casos que se tratarán en la sesión convocada a pleno. “Espero que su voto sea recogido por el pleno y respetado”, indicó.
CASO KEIKO FUJIMORI
Blume entregará ponencia
Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional (TC) anunció que en los próximos días entregará la ponencia del proyecto de resolución sobre el recurso de hábeas corpus con el que se busca liberar a la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.
“Me ha tomado tiempo el análisis de este caso, tiene más de 900 páginas”, remarcó. El caso será debatido en el pleno del TC en una o dos semanas. Agregó que será entregado “encriptado” para evitar filtraciones.
Giulliana Loza, abogada de Fujimori, pidió que los derechos de su patrocinada “sean respetados y que, en su caso, la prisión sea la excepción, no la regla”.
