Susana Villarán: las claves del inicio del juicio por aportes de campañas y presuntos actos de corrupción

El inicio del esperado juicio de Susana Villarán está programado para este martes 23 de septiembre desde las 9:00 a.m. en el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial. Estará a cargo del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, que preside la jueza Nayko Coronado. Es el mismo tribunal que ya sentenció al expresidente Ollanta Humala por lavado de activos vinculado a aportes de campañas y que estuvo cargo del anulado juzgamiento a Keiko Fujimori por el ‘Caso Cocteles’

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Para la audiencia han sido citadas presencialmente todas las partes, entre las que está el fiscal José Domingo Pérez, encargado de sustentar la acusación; la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato y las defensas. Junto a Susana Villarán hay otras 18 personas acusadas, con pedidos de condenas que van desde 9 hasta 18 años de prisión

*Los acusados José Miguel Castro y Mario Ruas Nogueira murieron antes del juicio

Además de ellos, al juico irán nueve personas jurídicas (empresas y asociaciones) y 16 empresas a las que se busca cobrar reparaciones civiles (terceros civiles responsables).

En la primera audiencia de este martes, se comenzará con la presentación de todos los acusados y sus abogados. Si alguno no acude, se le declarará reo contumaz y se ordenará su captura para presentarse ante el tribunal. Luego, se resolverá cualquier oposición a la instalación del juicio. Si esto procede sin inconvenientes, el fiscal José Domingo Pérez podrá dar luego sus alegatos iniciales. Luego vendrían los del resto de partes.

La fiscalía acusa a Susana Villarán por doce presuntos hechos ilícitos (ver cuadro), de los que se desprenden los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsas declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica.

En suma, se le acusa de haber liderado una red criminal que lavó más de US$ 11 millones de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, y la peruana Graña y Montero, mediante sus campañas del No a la Revocatoria (2013) y de su fallida reelección (2014); y que a cambio de ello realizó pactos ilícitos con esas empresas, vinculadas a contratos o adendas.

La investigación del caso se remonta al 2017, con el estallido del Caso Lava Jato en Perú, pero se reforzó en el 2019 cuando empresarios declararon a los fiscales peruanos sobre los aportes as las campañas de Susana Villarán. En mayo de ese año, cuando enfrentaba un pedido de prisión preventiva, la exalcaldesa optó por admitir que recibió esos aportes, pero negar que ello haya sido un delito. Lo consideró un error ético y político, pero no un acto ilícito o un acto de corrupción. Esa defensa se mantiene hasta hoy.

Al mantener su inocencia dentro del proceso, la fiscalía tuvo que seguir litigando e investigando hasta acusarla en el 2022, con el objetivo de que el caso se resuelva en un juicio oral. Luego de tres años de control judicial y otras complicaciones, el juicio finalmente comenzará este martes.

Inicialmente, la acusación incluía a Susana Villarán y otras 20 personas. Sin embargo, dos de ellas ya han fallecido. El caso más sonado por las circunstancias de su muerte, aún no aclaradas por las autoridades, es el del exgerente municipal José Miguel Castro.

Era el segundo acusado más importante, quien estaba sometido a un largo proceso de colaboración eficaz que aún no recibía sentencia y fue hallado muerto en su casa fines de junio. La fiscalía ha adelantado que pedirá que sus declaraciones como investigado, en las que confirma los aportes recibidos por la exalcaldesa, sean leídas durante el juicio.

El Comercio conoció que es altamente probable que más personas sean excluidas del juicio: un caso por motivos de salud y en otro, porque habría al menos un acusado más que se sometió a una colaboración eficaz y ya habría sido sentenciado como tal. Ello llevaría que el juicio tenga menos partes y pueda progresar más rápido.

Aún así, el juicio se prevé como bastante complejo por el número de acusados, los cerca de 500 testigos que serían citados y los miles de documentos ofrecidos como pruebas. Los cálculos más optimistas apuntan a que el juicio duraría al menos doce meses; los más realistas, estiman que se podría extender por entre dos y tres años.

La velocidad dependerá principalmente de la frecuencia con la que se realicen las audiencias. Por ahora, se ha programado una para este martes y otro para el miércoles. En mayor, el presidente de la Corte Superior Nacional indicó que la sala le informó que trabajarán al ritmo de dos o tres sesiones por semana.

Teniendo en cuenta esto, un juez impuso en julio pasado 36 meses de impedimento de salida del país contra Susana Villarán, como medida para asegurar su presencia en el país mientras el juicio avanza y resulta en una sentencia.

La trascendencia del caso también pasar porque servirá para determinar a nivel judicial si hubo corrupción detrás de las firmas de contratos o adendas, lo que ayudaría al Estado peruano en los arbitrajes que se realicen en relación a estos a nivel internacional.

Distintos especialistas coinciden en que el caso contra la exalcaldesa es sólido. Sin embargo, el juicio llega en un contexto institucional complejo para el Ministerio Público, la parte acusadora. En el caso de Procaraduría del Caso Lava Jato, además, la procuradora Silvana Carrión fue destituida, denunciado a su salida presiones políticas detrás de la decisión.

“El juzgamiento contra la exalcaldesa Susana Villarán nos encuentra en una situación de alerta por el actual escenario institucional del Ministerio Público”, declaró el fiscal José Domingo Pérez a El Comercio. Según dijo, la suspensión de Delia Espinoza genera “incertidumbre respecto a la continuidad del Equipo Especial del caso Lava Jato”.

“A pesar de que existen condenas firmes y logros objetivos alcanzados en nuestra labor, el embate político por afectar el trabajo del equipo se ha intensificado desde el Congreso, a través de la Comisión Multipartidaria Odebrecht presidida por el señor (Alejandro) Muñante, que ha incluido como investigados por diversos delitos a fiscales, procuradores y a la jueza del acuerdo de colaboración. A ello se suma la apertura de más procesos disciplinarios y penales en nuestra contra, promovidos por quejas y denuncias de investigados del caso Lava Jato, lo que hace aún más compleja la tarea”, consideró.

“En buena cuenta, distintos actores parecen confluir en un mismo objetivo: buscar nuestra salida, especialmente en un contexto en el que la suspensión de la fiscal de la Nación podría impactar en la continuidad de los procesos penales, entre ellos el juicio de Susana Villarán”.

Sin embargo, remarcó que “la fortaleza probatoria del caso nos da confianza”. “De permitirse que el Equipo Especial continúe su labor, estamos seguros de que se alcanzará una nueva condena que refuerce la confianza de la sociedad en que venimos cumpliendo con nuestro deber”, aseguró.

La defensa de Susana Villarán no contestó a preguntas hechas por este Diario respecto al inicio del juzgamiento contra sus defendido. Sin embargo, en anteriores declaraciones, su abogada Merly Edquén ratificó que la exalcaldesa niega haber cometido delito alguno en relación con los aportes.

Pérez también consideró que la esperada sentencia del Tribunal Constitucional, que podría anular todo el Caso Cocteles, tendría un impacto sobre el caso de la exalcaldesa.

“Una sentencia del TC a favor de Keiko Fujimori, declarando que no constituye delito de lavado de activos el ingreso de aportes de campaña de procedencia ilícita, impactará directamente en el juzgamiento de la exalcaldesa”, dijo. “Con un fallo de esa naturaleza, no solo se abriría la posibilidad de anular el proceso penal en curso o, en su defecto, recurrir a una acción constitucional para llevar el caso hasta el propio TC”.

El abogado penalista Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, comentó que “sí hay una teoría de la fiscalía que puede defenderse en juicio”, pero que para anticiparse a si habrá una sentencia condenatoria aún debe analizarse lo que se actuará en el juicio. “Tendremos más claridad con los alegatos de apertura de la fiscalía y de la defensa de Villarán. Ese el punto central de los juicios: la hipótesis que intenta probar cada una de las partes”.

“Este juicio va a tener unos 500 testigos, más de 1000 pruebas. Esto va a durar muchísimo por la cantidad de elementos probatorios que se van a presentar y que van a permitir tener una idea clara de cómo va avanzando. Más o menos cuando terminen (de declarar) los testigos podremos saber cuál es el punto más fuerte de la fiscalía”, agregó en diálogo con El Comercio.

En relación con la incertidumbre sobre la continuidad de los fiscales del equipo Lava Jato, advirtió que “sería un grave un grave error, una gran desventaja para el Ministerio Público, si hacen un cambio de cabezas y sobre todo de del fiscal a cargo del caso”. “Traer a un fiscal nuevo para que conozca todo el caso en poco tiempo sería la peor alternativa. Esperemos que sea quien sea el fiscal de la nación no tome una decisión así (…) En un caso cuyo juicio está iniciando y está en su etapa final, no debería haber un cambio”, aseguró.