Voz de alarma

Defensoría del Pueblo alerta sobre 26 conflictos por actividad minera

A mediados de abril se produjo la mayor cantidad de conflictos en lo que va del año. Las jornadas de violencia y bloqueos de vías a cargo de trabajadores mineros, agricultores, cocaleros y hasta de gobiernos regionales surgieron durante ese tiempo. Hasta el 15 de abril la Defensoría del Pueblo había alertado en su reporte 37 sobre 69 conflictos sociales, entre permanentes y vigentes, en todo el país. Al 30 de abril, según el reporte 38 de la defensoría, los conflictos suman 76.

A la nueva lista se suman la protesta de los cocaleros del valle del Monzón que paralizó la región Huánuco, el caso del mercado de Santa Anita y el paro de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, en demanda de mejoras laborales. Salvo el caso del mercado de Santa Anita, que es visto por el Concejo de Lima, dichos conflictos han sido aplacados por el Gobierno Central; sin embargo, de acuerdo con la defensoría, el verdadero caldo de cultivo de futuras protestas se encuentra en la actividad minera.

De los 76 casos detectados por la Unidad de Conflictos Sociales de la defensoría, 26 se originan por actividades extractivas. Catorce casos se deben a la oposición de las poblaciones al desarrollo de operaciones mineras, por temor a la contaminación de su medio ambiente o a la percepción de que las ganancias por la explotación de sus riquezas no retornarán a ellos.

Entre los conflictos mineros se encuentra el caso de los distritos de Chaupimarca (Pasco) y El Carmen de la frontera (Piura), donde los pobladores se oponen a los trabajos de explotación de las mineras Volcan S.A. y Majaz, respectivamente.

La minería informal también incidió en el aumento de los conflictos sociales en el país. Cuatro casos están activos a la fecha. En los distritos de Cachachi (Cajamarca) y Huamachuco (La Libertad) se han emprendido procesos de diálogo para evaluar la situación de la explotación minera informal.

Según Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales, esta problemática podría originar posibles enfrentamiento en Tambogrande y Las Lomas (Piura), Cuenca del río Ramis (Puno) y Cerro El Toro (La Libertad). Unas 28 mil personas se dedican a la actividad minera informal, carecen de autorizaciones y provocan el rápido deterioro del medio ambiente de las zonas donde operan.

Aunque la voz de alerta es dada mensualmente por la defensoría, la capacidad de respuesta del Gobierno Central sigue siendo reactiva, refiere José de Echave, economista y especialista en temas mineros. Las mesas de diálogo patrocinadas por el Gobierno continuarán surgiendo cada vez que se origine un nuevo conflicto. Sin embargo, es necesario que se establezcan mecanismos que permitan prevenir conflictos, refiere. El especialista enumera: la creación de una autoridad ambiental autónoma para fiscalizar la actividad minera, información oportuna a la ciudadanía y gobiernos locales respecto a las operaciones extractivas y un plan de reordenamiento territorial que permita zonificar las zonas donde la minería pueda operar.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha dado algunas sugerencias en su informe "Los conflictos socioambientales por actividades extractivas en el Perú", recientemente presentado ante el Congreso.