La situación es particularmente grave en el área rural. En promedio, la probabilidad de acabar la secundaria es 13% mayor para un hombre que para una mujer a nivel nacional y hasta cerca de 50% más alta en las zonas rurales. De manera similar, en el ámbito rural, es 55% más probable que un hombre culmine su educación superior en comparación con una mujer.
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Esta desigualdad en la formación de las mujeres, sumada a la carga desproporcional de las labores domésticas no remuneradas, las pone en una severa desventaja en el mercado laboral; no sólo en términos de acceso, sino también de sus ingresos.
Los hombres tienen 24% más probabilidad que las mujeres de insertarse en el mercado laboral y esta brecha es incluso más grande (38%) en hogares con niños menores de tres años. Asimismo, aquellas que sí acceden al mercado laboral requieren de mayor flexibilidad para hacerse cargo de las labores del hogar, por lo que tienen mayor probabilidad de encontrar empleo en el sector informal y tienden a trabajar menos horas. Como consecuencia, las mujeres dedican casi seis horas a la semana menos que los hombres en ocupaciones remuneradas, pero el triple de horas en trabajo doméstico no remunerado.
Como resultado de esta desigualdad de condiciones, las mujeres tienen 20% menor probabilidad de generar ingresos propios y, cuando lo hacen, ganan significativamente menos que los hombres. especialmente en el sector informal –alrededor de 30% y 40% menos, respectivamente–.
Aunque las condiciones desiguales en las que compiten en el mercado laboral contribuyen a esta diferencia salarial, incluso bajo condiciones similares y en los mismos puestos de trabajo, las mujeres siguen ganando menos que los hombres (17% menos).
El rol de la política pública se vuelve más complejo en este contexto, pues es probable que hoy las barreras más relevantes a las que se enfrentan las mujeres surgen en ámbitos en los que las leyes pueden influenciar poco: en las decisiones dentro del hogar o en el mercado laboral informal. Sin embargo, sí hay espacio para que el Estado busque equilibrar la balanza de acceso y de desempeño en favor de las mujeres.
La redistribución
Esto implica políticas que promuevan una asignación de tareas más justa entre los miembros del hogar, incluyendo no solo medidas informativas, sino también reforzarlo con políticas de licencias parentales, por ejemplo. Se podría evaluar incrementar la licencia por paternidad a por lo menos 21 días –la mitad de los países con licencias de paternidad tienen tres o más semanas de licencia– y que el subsidio sea asumido también por EsSalud, para que no represente una carga adicional a la formalidad.
La reducción
Existe una urgencia por contar con un sistema público e integral de cuidado de los niños y las niñas, para poder reducir el tiempo y dinero que esto implica para una familia, sobre todo de menores recursos. La ampliación de la cobertura del programa Cuna Más, que brinda servicios de cuidado diurno, contribuiría al rendimiento satisfactorio de las niñas y adolescentes en su etapa educativa y a la autonomía económica de las mujeres, a pesar de que estos no sean objetivos explícitos del programa.