Arbitrajes en infraestructura se multiplicaron por cuatro en la última década

Una infraestructura que permita que los servicios de calidad lleguen al ciudadano es clave para incrementar la competitividad y el crecimiento económico de cualquier país. Según el subíndice de infraestructura del Índice de Competitividad del International Institute for Management Development 2024, el Perú luce rezagado y ocupa el puesto 63 de 67 países. Por ello, la colaboración público-privada es clave para cerrar las brechas de infraestructura y servicios. Recientes cambios normativos permitirían repotenciar estas modalidades; sin embargo, persisten retos institucionales.

Adjudicaciones históricas

Las Asociaciones Público-Privadas (APP) registraron adjudicaciones récord por más de US$8 mil millones en 2024, cifra que se busca repetir en 2025 y 2026, principalmente en proyectos viales, de salud y saneamiento. Por su parte, la adjudicación de Obras por Impuestos (OxI) alcanzó un máximo histórico de 118 proyectos en 2024, por casi S/4 mil millones.

En el caso de OxI ha ocurrido algo positivo además en 2025: entre enero y agosto se adjudicaron ya casi tantos proyectos como en todo 2024 (116). Estos se han reducido en tamaño, al pasar de una inversión mediana de S/11 millones en 2024 a S/7 millones por proyecto en 2025. Esto viene impulsado por las adjudicaciones en Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición, intervenciones puntuales destinadas a mejorar la infraestructura existente, que representan el 44% de las adjudicaciones este año. Sin embargo, a pesar del dinamismo en las adjudicaciones de estos últimos años, la ejecución de los proyectos OxI no ha seguido el mismo ritmo: la brecha entre la adjudicación y ejecución se amplió y, hacia fines de 2023, superó los S/1.000 millones, equivalentes al 14% de la inversión comprometida.

Potencial para el cierre de brechas

Urge replicar experiencias, por ejemplo, en el cierre de brechas de saneamiento. Mientras que las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Taboada y La Chira, ejecutadas bajo la modalidad APP, lograron una cobertura de 95,2% del volumen de agua tratada en 2024, en regiones como Loreto, Huancavelica y Pasco, los proyectos de PTAR se encuentran paralizados. Otros casos de éxito son los hospitales Barton (Callao) y Kaelin (Villa María del Triunfo) adjudicados hace más de una década.

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Por otro lado, el Perú se juega la posibilidad de avanzar en el cierre de brechas de conectividad en un contexto de alta insatisfacción por las carreteras: aunque la extensión de la red vial nacional aumentó en 25% desde el 2012, el porcentaje de peruanos satisfechos se redujo a la mitad, de 49% a solo 26%. Cambiar esta situación enfrenta desafíos debido a la inseguridad jurídica generada principalmente por la gestión municipal de Lima sobre las vías concesionadas.

Retos y perspectiva

Los recientes cambios en las leyes de inversión de OxI y APP abren una oportunidad para acelerar inversiones y cerrar brechas de infraestructura. En OxI, la simplificación de procesos de contratación y la habilitación de fondos especiales para la seguridad ciudadana, permitirían mejorar la deteriorada infraestructura policial. Solo el 19% de las comisarías estaban en buen estado en 2024, frente al 38% en 2020. Las brechas son amplias: en Arequipa el 48% presentan condiciones adecuadas, pero en Madre de Dios no supera el 5%.

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En APP, la nueva ley fortalece a ProInversión, reduciría los cuellos de botella institucionales y mejoraría la viabilidad de proyectos en transporte, agua y salud. Sin embargo, persisten riesgos. Por un lado, no es suficiente adjudicar, se deben firmar los contratos, ejecutar oportunamente la inversión y el Estado, cumplir con sus compromisos. De otro modo, crecerán las contingencias: existen 20 arbitrajes en el CIADI contra el Perú vinculados a concesiones de infraestructura, cuatro veces la cifra de 2015. De estos, 9 están aún por concluir y, de tener un resultado desfavorable para el Estado, afectarán además las finanzas públicas. Por otra parte, la crisis política y la alta rotación de autoridades perturba el desarrollo de los proyectos. Así, MTC y Minem –carteras responsables de más del 90% del monto de APP adjudicadas– además del MEF, tuvieron más de 50 ministros desde 2016.

El gobierno de transición debe concentrarse en generar las condiciones necesarias para el avance oportuno de los proyectos ya adjudicados, más de una treintena desde enero de 2023. Ese es el legado más importante que puede dejarle al siguiente gobierno.