Gracias a una iniciativa presentada por el excongresista Nano Guerra García, el Congreso ha aprobado una ley que busca controlar los excesos cometidos por algunas municipalidades al ordenar el cierre temporal de establecimientos cuando constatan algún tipo de incumplimiento menor.
No hace mucho le pasó a la Granja Azul; se encontraron “utensilios oxidados y antihigiénicos” (¿). Antes le había tocado a la planta de Laive (por operar fuera de horario autorizado) y al aeropuerto Jorge Chávez. A este último le ordenaron cerrar temporalmente algunos accesos sólo por no exhibir un cartel con el texto ‘En este local está prohibido toda clase de discriminación’.
Las historias de cierres temporales desproporcionados no son inusuales. Algunas vienen acompañadas de alegaciones de chantaje o corrupción. La mayoría no aparecen en los diarios. Afectan sin distinción a todo tipo de negocios. Desde simples bodegas o restaurantes hasta plantas de generación de electricidad.
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Con la iniciativa aprobada en el Congreso las municipalidades sólo podrán ordenar el cierre temporal cuando exista un riesgo inminente para la vida, salud, seguridad o propiedad que no pueda ser subsanado durante la misma inspección; cuando la actividad genere ruidos u olores que afecten al vecindario y superen los niveles permitidos; o cuando se trate de actividades no autorizadas. No podrán hacerlo frente a meros incumplimientos administrativos que no generen dichos riesgos, o los incumplimientos sean subsanados durante la misma inspección. Incluso se ha aprobado el levantamiento automático de la medida si, dentro de las 48 horas siguientes, la municipalidad no realiza ninguna observación al escrito de subsanación presentado por el afectado con la medida.
Hace bien el Congreso en poner el ojo en la eliminación de este tipo de arbitrariedades que afectan a la gente y negocios. Pero debemos recordar que los problemas que hoy se están resolviendo se hubieran podido evitar si el Congreso hubiera hecho bien su chamba. Básicamente, están corrigiendo el error que cometieron en el pasado al otorgar facultades a las municipalidades sin ponerles límites y garantizar un debido proceso a los afectados. Nos hubieran ahorrado muchos problemas si ex ante hubieran evaluado el impacto futuro de la regulación, estableciendo “candados” para evitar la aplicación de medidas desproporcionadas.
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En un reciente reporte de la OECD (Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2023) se hace notar el déficit en materia de análisis de costo beneficio de la regulación a nivel del Congreso. Se sugiere evaluar la creación de un servicio de análisis económico y social en su interior, al que podrían recurrir los congresistas para solicitar asesoramiento. La iniciativa no es nueva. Actualmente existe un proyecto de ley (PL 2066/2021) que propone su creación. Podría ayudarles a pensar mejor las cosas antes de aprobarlas. Gracias Nano; ya no cerrarán temporalmente negocios por falta de un cartelito … ¡tendrán que inventarse otra excusa!
