“El Congreso está creando puestos para políticos en las cajas municipales” advierte Ricardo Vega Llona, expresidente de Confiep

El Congreso aprobó recientemente un proyecto de ley que busca modificar la forma en la que se conforman los directorios de las cajas municipales. La propuesta ha sido observada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que ha alertado sobre los riesgos para la autonomía, la gobernanza y la salud financiera del sistema. Ricardo Vega Llona, expresidente de la Confiep, ha sido una de las voces críticas del sector empresarial. En esta entrevista, explica por qué considera que se trata de una iniciativa peligrosa y cuál debería ser el rol del Ejecutivo, los gremios y la academia ante esta amenaza.

¿Cuál es su opinión general sobre el proyecto de ley aprobado por el Congreso que modifica la conformación de los directorios de las cajas municipales?

Es una barbaridad. Las cajas municipales son entes privados de origen municipal. ¿Qué tiene que ver el poder político con su gobierno? El Parlamento no ha sido elegido para intervenir en estas entidades. Están creando puestos con honorarios para ellos mismos. Y lo más preocupante es que este tema no ha tenido la reacción pública que debería. Guardando las proporciones, esto me recuerda a lo que quiso hacer el primer gobierno de Alan García en 1987 con la estatización de la banca. Si buscamos un sistema financiero más competitivo y con mayor acceso al crédito, lo último que deberíamos hacer es politizar las cajas que han sido exitosas

El proyecto permite que excongresistas y exfuncionarios públicos integren los directorios. ¿Qué riesgos implica esta medida? ¿Podría abrir la puerta a intereses políticos en lugar de técnicos?

Totalmente. Imagínese que un partido político nombra a un director, esa persona no irá como profesional independiente, sino como vocero de una ideología. Las cajas no tienen ideología, su función es prestar a las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la economía en el Perú. Si algo ha hecho bien este mecanismo es democratizar el acceso al crédito. No hay razón para infiltrarlo políticamente.

¿Por qué considera que este proyecto puede poner en riesgo la autonomía y la salud financiera de las cajas municipales?

Por la injerencia política. La experiencia demuestra que cuando los directores son nombrados con criterios políticos, responden a consignas y no al bienestar de la institución. Las cajas deben operar con criterios técnicos. No veo qué valor puede aportar un parlamentario o exfuncionario público a ese tipo de gestión.

Uno de los cambios que más polémica ha generado es que los representantes de las mype ya no sean elegidos con supervisión de la SBS, sino designados por Conaco. ¿Cuál es el peligro de esto? ¿Qué implicancias tiene en términos de representatividad y transparencia?

Me pregunto seriamente ¿qué representatividad tiene Conaco? ¿Quién los ha elegido para representar a las mypes? Es una entidad sin peso real. Tienen un edificio en la avenida Abancay, pero eso no les da legitimidad. ¿Por qué se le va a quitar a los microempresarios el derecho de elegir a sus propios representantes con supervisión técnica? Es increíble.

La Municipalidad de Trujillo ha advertido que estas medidas politizan las cajas, que si bien son municipales, tienen gobierno privado. ¿Comparte esa preocupación?

Totalmente. Las cajas, aunque sean de origen municipal, tienen que gestionarse como empresas privadas con fines financieros, no políticos. Meter a políticos en su gobierno rompe ese equilibrio.

¿Qué implicancias tiene este proyecto en términos de buen gobierno corporativo? ¿podría una reforma como esta afectar la confianza del público y la estabilidad del sistema de cajas municipales?

Por supuesto. Si realmente se quiere fortalecer a las cajas, hay que reforzar sus estructuras técnicas, no debilitarlas con decisiones políticas. Hay principios básicos de gobierno corporativo que deben respetarse en cualquier entidad financiera. Esta reforma los ignora. El resultado será pérdida de confianza, incertidumbre y eventualmente, problemas de solvencia.

Usted ha mencionado en redes que este proyecto atenta contra la institucionalidad de las cajas. ¿Por qué considera que se está vulnerando?

Porque los directores dejarían de ser nombrados por los municipios o por los usuarios de los créditos, y pasarían a ser designados por el poder político. La institucionalidad significa respetar los procesos, las reglas, la independencia de los órganos de gestión. El poder político tiene su lugar en el Estado, no en el gobierno de entidades financieras.

¿Qué camino deberían tomar el Ejecutivo y el Congreso ahora que la SBS ha observado esta norma? ¿Es posible corregirla o debería retirarse del todo?

Debería retirarse. Un proyecto que nace mal, termina mal. Si el objetivo es potenciar el mercado financiero e incluir a más pequeños empresarios en la economía formal, entonces trabajemos con expertos en la materia, con técnicos financieros, para elaborar una propuesta seria que fortalezca a las cajas. No para debilitarlas.

Me preocupa mucho el silencio de la academia y de los líderes empresariales sobre este tema. Es como si estuviéramos dormidos. A veces comentamos estos asuntos a voz baja, pero no es suficiente. El liderazgo tiene que actuar. No se trata solo del sector privado, la academia también tiene un rol fundamental que cumplir.