Ley de Contrataciones: ¿Qué cambios plantea el Gobierno mediante su proyecto de ley?

En la exposición de motivos la propuesta enumera una serie de objetivos que busca cumplir. Entre ellos están revertir los deficientes niveles de ejecución y/o la paralización de obras, los bajos niveles de competencia en los procedimientos de selección, la elección de proveedores inadecuados, la precaria gestión de riesgos en la contratación pública y la ausencia de mecanismos para prevenir actos que atenten contra la integridad del Estado.

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El Ejecutivo propone establecer un régimen de contratación unificado, es decir, que la central de Perú Compras estandarice requerimientos para generar las fichas técnicas que hoy se emplean para que las entidades públicas puedan contratar. Esta unificación subsumirá progresivamente los regímenes especiales, como las compras simplificadas, para que cualquier entidad los pueda aplicar.

Otro mecanismo que el proyecto contempla -de ser aprobado- es incluir la realización de contratos menores, es decir, aquellos que sean iguales o inferiores a las 8 UIT (hoy asciende a S/39.600). Las condiciones para que se pueda dar este tipo se brindarán en el reglamento de la norma.

Asimismo, la ley incluye los principios de innovación y valor por dinero, que actualmente son considerados en las contrataciones de Asociación Público Privada (APP). El primero habilita a las entidades contratantes a impulsar la generación de soluciones y crear o desarrollar bienes, servicios u obras innovadoras para ser adquiridos a través de compras públicas.

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En tanto, el valor del dinero es un principio que exige que los contratantes maximicen el valor de lo que obtienen en cada contratación en términos de eficiencia y eficacia. Es decir, no se contratará únicamente a la propuesta con menor valor, sino que se valorarán factores adicionales como la calidad, la sostenibilidad de la oferta, la evaluación de costos y plazos, entre otros.

Por otro lado, también se plantea incluir en los procesos de contratación a la gestión de riesgos, dando mayores especificaciones para hacer la valoración de los mismos e incluirlos en los procesos de selección. Esta cláusula será obligatoria e incorporará la planificación de contingencias en el proceso de tomas de decisiones para disminuir los escenarios que generen responsabilidad en los funcionarios que realizan la compra. Sin embargo, la ley no especifica cuáles serán las variables a considerar.

Reacciones

Según especialistas consultados, el proyecto presentado por el Ejecutivo ataca positivamente una serie de problemas estructurales. Por ejemplo, para Willy Pedreschi, socio del estudio Miranda & Amado, es positivo que se hagan especificaciones sobre cómo valorar los riesgos de cara al equilibrio del contrato.

“Si hay un defecto en el diseño, en el cual no hay una adecuada distribución de riesgos entre el Estado o el particular o si no se prevén los mecanismos para atender esos riesgos que pueden surgir, va a ocurrir la ruptura de equilibrio entre las prestaciones. Hoy no hay un mecanismo que prevenga esa ruptura. [...] Es positivo que se plantee que durante la propia ejecución contractual se planteen mecanismos que permitan equilibrar el contrato y llegar a una conclusión adecuada”, señaló.

La estandarización de mecanismos de contratación también sería adecuada.

“En un marco teórico, es beneficiosa la estandarización. Con un régimen unificado un funcionario que esté en la entidad “A” puede cambiar de trabajo y laborar en la entidad “B” y va a saber cómo son las formas de contratación. Va a tomar la posta”, indicó Luis Miguel Yrivarren, director del estudio Yrivarren Abogados.

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En tanto, para Karen Ángeles, consejera del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, la aplicación de los principios de innovación y valor por el dinero permitirían un mejor uso de los recursos públicos.

“La innovación es muy importante porque se quiere crear soluciones que no se encuentran en el mercado o necesitas una optimización del tema de bienes y servicios. [...] El valor por dinero significará que no va a ganar siempre el del menor precio, sino que se valorarán una serie de variables que hoy hacen que se aprueben propuestas por un monto que termina siendo inferior al valor real”, aseguró.

Los especialistas coinciden en que la fórmula legal es positiva, pero advirtieron que hay riesgo de que no funcione en la práctica, ya que dependerá de las capacidades de los funcionarios públicos para llevarla a cabo.

“Puedes poner la obligación y establecer la metodología para hacer una asignación de riesgos correcta. Pero igual lo que te va a faltar es el ser humano, el funcionario capacitado, de carrera, que te pueda aplicar la metodología. Es problemático traer una metodología tan sofisticada cuando el funcionario no está preparado y no tiene el tiempo suficiente para aprenderla. Por ejemplo se están aplicando principios de APP para contrataciones de obra pública. Si tienes 20 mil transacciones y no todas cuentan con el personal capacitado de Proinversión será difícil de aplicar”, cuestionó Yrivarren.

“El cambio tiene que ser trasversal y debe de tener capacitaciones intensivas de funcionarios. Siguen existiendo los procesos de contratación y las licitaciones, pero se debe de capacitar”, agregó Ángeles.